Santiago aprueba una norma que restringe los actos en la calle

Los actos que se celebren en las calles de la capital gallega, sin distinción, no solo tendrán que solicitar el habitual permiso, sino que deberán pagar una tasa y abonar una fianza. Aunque cumplan con los requisitos que les pida el Ayuntamiento de Santiago, el Gobierno local podrá retirar la autorización en cualquier momento alegando “circunstancias de tráfico, de riesgo u otras de análoga naturaleza que así lo aconsejen”. El alcalde, sin embargo, dice que no se pretende cobrar a las entidades sin ánimo de lucro. La nueva ordenanza reguladora de actividades y ocupación de la vía de la ciudad pasó ayer su primer trámite, la aprobación inicial en el pleno, donde cosechó los votos positivos del Gobierno del PP, los negativos del BNG y la abstención del PSdeG. Mientras en la sala de plenos se debatía la norma, por las ventanas se colaba la ruidosa protesta de un par de centenares de personas y representantes de colectivos sociales, partidos, asociaciones y sindicatos que ven en el texto una manera de “privatizar la calle” y “restringir derechos” como el de libertad de expresión o reunión. Ahora se abre el periodo de alegaciones a la ordenanza.

Una de sus principales novedades es la introducción de tasas por el uso de los espacios públicos para pruebas deportivas, actos culturales y fiestas populares, a las que hasta ahora les bastaba con solicitar una autorización y cumplir las condiciones que pedía el Ayuntamiento. El artículo 109 de la norma obliga ahora a todos a abonar una tasa fiscal sin tener en cuenta el tipo de actividad que se realice o cual sea su fin. Además, los organizadores tendrán que pagar también el enganche a servicios como la luz y el agua y el consumo. El Ayuntamiento se reserva también la posibilidad de requerir un depósito que “garantizará todo tipo de responsabilidades que se originen” por lo que aumentan considerablemente las exigencias que asociaciones u otras entidades tendrán que cumplir para celebrar cualquier acto. A pesar de que la redacción de la norma es clara en cuanto a que no caben excepciones, el concejal de Mobilidade, Albino Vázquez Aldrey, explicó ayer en el pleno que la redacción es general porque la exención de tasas ya se lleva a cabo en la ordenanza fiscal, que solo establece pagos para las actividades en terrenos de uso público que tengan una finalidad lucrativa. Cuando iba a entrar a explicar por qué las autorizaciones se dan “en precario” en base, dijo, a un informe jurídico, se le acabó a Aldrey el tiempo de intervención. El “espíritu de la norma” no es cobrar a estas entidades sino ordenar otros aspectos que no recogía la norma anterior, de 1998, indicó también el alcalde, Ángel Currás.

El concejal no explicó, sin embargo, por qué hace unos días, antes ni siquiera de que la norma entrase en el pleno, se le pidió al Cineclube de Santiago y a la Rede Feminista 400 euros por organizar el visionado de una película al aire libre en una plaza de la ciudad. “Podíamos pagar un 50% menos porque la actividad no tenía ánimo de lucro”, explicó Maria Fidalgo, de Rede Feminista, que participó en la protesta que reunió al partido Candidatura do Povo, la asociación cultural O Galo, el Foro de Inmigración, el 15M o el Cineclube, entre otros. “Es un mecanismo de control”, consideró Fidalgo. En ese sentido se quisieron pronunciar también varios vecinos de la ciudad que pidieron la palabra al comenzar el debate sobre la ordenanza. El alcalde le negó la palabra y suspendió el pleno un par de minutos. Tampoco consiguieron hablar en la reanudación y abandonaron el pleno tras reiteradas peticiones de Currás. El alcalde apuntó después que “no se utilizaron los cauces previstos” para participar en el pleno y que podrían haber hablado si lo hubieran hecho “en plazo y forma”. Por la mañana habían presentado en el registro escritos en contra de la norma.

La redacción del texto supone para el BNG “introducir por la puerta de atrás elementos que restringen la libertad de expresión y de reunión”. El edil Rafael Villar afirmó que el “montón de requisitos económicos” y “arbitrariedades” que introduce el texto “no tienen en cuenta” la actividad de las organizaciones que no tienen ánimo de lucro. Además, el carácter “precario” —como se denomina en el texto— de la autorización “faculta que haya discriminaciones por afinidad de este grupo de Gobierno u otros en el futuro”. La norma de 1998 reservaba también la posibilidad de cancelar un acto que no cumpliese con los requisitos o hubieses una “causa justa”. “Puede limitar a voluntad política la actividad de determinados colectivos”, insistió Villar. El actual Gobierno canceló nada más llegar al poder la autorización a los grupos independentistas Briga y Causa Galiza para dos fiestas el pasado 25 julio alegando motivos de ruido y seguridad y se negó a apoyar económicamente y ceder un palco a la organización de la actividad educativa Correlingua. Queremos Galego tuvo que recurrir a la vía judicial para tener palco y conexión a un punto de luz el Día das Letras. El portavoz del PSdeG, Xosé Sánchez Bugallo, indicó que el anterior Gobierno tomaba como criterio cobrar a las actividades que cobrasen entrada y pidió también que se cambiase la redacción del artículo.

 

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Rubalcaba y Durán, sin Rajoy

“Yo estoy dispuesto a hablar con el señor Rubalcaba y con cualquier otro portavoz que me lo pida”.

Esta disponibilidad genérica ha mostrado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en efecto, tras recibir la llamada la semana pasada del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le recibió en Moncloa el pasado viernes; después de casi tres meses de incomunicación. No fue mal la reunión, pero no pasó por alto que le recibió a las siete de la tarde, el día en el que se celebraba el partido de fútbol de la Copa del Rey. Dos horas antes, el jefe del Ejecutivo, se había reunido con el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. También, a petición del político catalán. En efecto, si al presidente le llaman, responde, pero no tiene mucho interés en convocar a la oposición; ni al del primer partido, ni a ninguno en particular.

A esta conclusión llegaron ayer Rubalcaba y Duran Lleida tras una entrevista de más de hora y media en el despacho que el líder del primer partido de la oposición, el PSOE, tiene en el Congreso de los Diputados. Rubalcaba se entrevistó con Durán, al que había propuesto una entrevista para intercambiar puntos de vista. Éste quiere tener encuentros con la mayoría de los portavoces parlamentarios. Ahora está pendiente cuadrar una fecha con el coordinador general de IU, Cayo Lara, con quien ayer habló por teléfono para acordar una cita, al que el político del grupo Izquierda Plural accedió sin el menor resquemor.

Hablar, posar juntos, intercambiar puntos de vista es lo que van a hacer los portavoces de la oposición, a iniciativa de Rubalcaba, pero éste y su primer interlocutor, Duran Lleida, comparten la certeza de que “para dar confianza al país”, debería ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien les convocara. Uno y otro no dan por seguro que pudieran alcanzarse acuerdos, pero, al menos, el presidente debería intentarlo. No le hace falta votos porque su holgada mayoría absoluta le basta y le sobra pero en una situación de crisis profunda y de incertidumbre, la imagen de la unidad sería beneficiosa, según la percepción de fuentes del PP y de CiU. “Nosotros podemos pedir reuniones o incluso pactos pero quien tiene la facultad de dar un paso al frente, quien puede tener la iniciativa es el Gobierno, no la oposición”, recuerda Duran. Por responsabilidad no será, aseguran en el PSOE. En el Gobierno y en el Grupo Popular, sin embargo, recalcan que las llamadas de Rubalcaba al acuerdo no se corresponden con los hechos porque su grupo se ha opuesto a medidas muy relevantes para el Ejecutivo. “Acordar no es imponer”, señalan en el Grupo Socialista.

Unos y otros tienen su parte de razón, aunque ayer hubo cal y arena. El PSOE pasó del no a la abstención en la votación sobre la segunda reforma del sistema financiero, después de una intensa negociación – aquí sí la hubo – en la que el PP accedió a algunas peticiones de procedimiento del PSOE. No hubo pacto sobre contenidos, pero el Grupo Popular accedió a tramitar el decreto – ley como proyecto de ley lo que abre la posibilidad a que haya alguna modificación durante su tramitación. La misma situación se vivió con CiU que también optó por la abstención.

El encontronazo fue total sobre Bankia y en torno al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. Los socialistas tenían redactada la petición de una comisión de investigación sobre Bankia si es que el Grupo Popular se oponía a las comparecencias de los principales actores de la gestión de la entidad bancaria. Después de pensarlo y meditarlo, el grupo popular ha decidido dilatar al máximo esas comparecencias si es que alguna vez las llega a autorizar.

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Edwards, inocente de desviar dinero para ocultar a una amante

Después de nueve días de deliberaciones del jurado, el excandidato a la nominación presidencial del Partido Demócrata John Edwards ha sido declarado inocente del cargo de destinar las donaciones económicas de la millonaria Rachel Mellon, una simpatizante de su campaña, a ocultar la existencia de su amante embarazada. Respecto al resto de las cinco acusaciones que pendían sobre el exsenador y candidato a la vicepresidencia junto a Al Gore en 2000, el jurado ha declarado el juicio nulo.

“Me comporté mal pero nunca hice nada ilegal. He hecho muchas cosas mal, pero de lo único que soy responsable es de mis pecados. De esos, yo y solo yo soy responsable”, ha declarado un Edwards emocionado a la salida de los juzgados de Grennsboro (Carolina del Norte) tras conocer el veredicto. El político de 58 años estaba rodeado por sus padres, de 80 y 78 años, y su hija mayor, Cate, de 30, que lo han acompañado en el tribunal todos los días que ha durado el juicio. El excandidato ha agradecido su apoyo y ha dedicado unas tiernas palabras a sus tres hijos pequeños –Emma y Jack, fruto de su matrimonio con Elisabeth, y Quinn, la niña de cuatro años que tuvo con su amante, Rielle Hunter-.

Edwards se enfrentaba a 30 años de cárcel por conspiración, falso testimonio y contribuciones ilegales a su campaña. El único cargo sobre el que el jurado ha llegado a un veredicto es el que se refería a unos cheques por valor de 725.000 dólares que la anciana –tiene 101 años- señora Mellon le entregó durante su campaña a las primarias del Partido Demócrata en 2008.

La fiscalía siempre sostuvo que la millonaria filántropa donó esas generosas sumas de dinero para que ayudar al político a ocultar su relación extramatrimonial con Hunter, una cámara de televisión que estaba embarazada del político. La defensa del excandidato, por su parte, defendió que éste desconocía el destino de los fondos y que, en todo caso, Mellon hizo sus aportaciones a título particular y nunca en concepto de donación electoral, por lo que Edwards podría haber destinado su importe a lo que hubiera querido.

A primera hora de la mañana el jurado comunicó a la juez Catherine Eagles que habían llegado a una conclusión unánime sobre uno de los seis cargos contra Edwards. La magistrada les insistió para que trataran de ponerse de acuerdo en el resto de las acusaciones, algo que la acusación apoyó. Finalmente, sus 12 miembros no variaron su resolución inicial. “No pretendo forzar a ninguno de ustedes a cambiar sus puntos de vista”, les indicó Eagles tras conocer su última decisión.

Aunque el jurado debía discernir si Edwards había cometido un delito federal, la mayoría de los argumentos que han escuchado a lo largo del mes largo que ha durado el juicio han versado sobre su relación extramatrimonial: los engaños a su mujer enferma de cáncer –falleció en 2010-; sus mentiras y desmentidos, negando su aventura primero, para reconocerla después pero sin admitir que era el padre de la hija de Hunter… Los expertos advirtieron desde el principio de lo complicado que iba a ser determinar la culpabilidad del político dada la complejidad de las leyes que regulan el sistema de financiación electoral estadounidense. Algo que ha resultado ser tan intrincado que, en el resto de los cargos que pendían sobre el candidato, los jurados se han visto obligados a declarar el juicio nulo.

“Agradezco al jurado su trabajo y agradezco a dios tener un país con un sistema judicial como este”, ha dicho Edwards. Hoy se ha escrito el último capítulo de un drama político y personal que sepultó sus aspiraciones profesionales. Aunque para el excandidato parece ser solo un punto y seguido. “Creo que dios quiere que todavía haga algo bueno en la vida. Quiero dedicar mi tiempo a cuidar de mis hijos y a ayudar al resto de los niños pobres y desamparados del mundo”, ha declarado antes de meterse en el coche con su familia rumbo a su residencia de Capitol Hill.

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El juez busca en Turismo pruebas del trato de favor a Orange Market

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, instructor de la causa de financiación ilegal del PP, envió este jueves a la policía y a personal judicial a registrar el ordenador de una funcionaria de la Consejería de Turismo. El objetivo era buscar evidencias del millonario amaño que, según la investigación, realizó el departamento de la Generalitat en connivencia con la trama Gürtel para asegurarse de que la empresa de la red corrupta Orange Market ganaba el concurso para organizar el pabellón valenciano en la feria Fitur.

El grupo de Francisco Correa obtuvo con esa actividad cerca de cinco millones de euros entre 2005 y 2009. La Intervención General del Estado y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal consideran acreditado que en realidad las bases del primero de esos concursos, que dio un gran peso a elementos subjetivos (como la creatividad) frente a los objetivos (oferta económica) fue redactado originalmente por la red.

Los agentes se centraron en el ordenador de una funcionaria para analizar dos archivos informáticos y las direcciones de correo electrónico a las que la empleada podría haberlos remitido. El motivo es que uno de esos documentos, que la funcionaria ya había aportado al tribunal a requerimiento del juez y que contiene un borrador de las bases del concurso de Fitur en su edición de 2005, es idéntico a otro que la policía se incautó en la sede de Easy Concept, sociedad de la trama radicada en Madrid. Dicho documento en poder de la red tenía como expresivo título “Pliego Fitur COM. Valenciana”. Ambos, el intervenido a la red y el hallado ahora en la Consejería de Turismo, además de ser iguales están fechados en el verano de 2004.

Esto es, meses antes de que las bases del concurso público se publicaran en el diario oficial, la trama y la consejería habrían estado intercambiado borradores, lo que refuerza la idea de que la convocatoria fue amañada.

El otro documento analizado este jueves por especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) contenía otro borrador de las bases del concurso. En este caso, el documento acumulaba más de una decena de modificaciones. Su creador, como en el caso del primer documento, fue Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Consejería de Turismo e imputado en la causa. El juez ordenó a los agentes que trataran de rescatar qué cambios se habían producido en cada una de dichas modificaciones del documento.

La orden de registrar el ordenador de la funcionaria —y los que fueran necesarios si los agentes comprobaban que había enviado los dos documentos a otras personas de la Agencia Valenciana de Turismo— fue adoptada por el juez después de tomar declaración a la empleada como testigo. En el interrogatorio, la funcionaria habría respondido con mucha precisión a las preguntas sobre el proceso de elaboración de las bases del concurso. Preguntada, la funcionaria admitió que había estado consultando dos documentos que aún conservaba en su ordenador de aquella época antes de ir a declarar. El magistrado se los requirió. Al remitirlos por correo, en las pestañas de propiedades del documento de Word se descubrió, de un lado, que uno de ellos era exactamente el mismo que tenía la trama y del otro, que el segundo presentaba más de 10 modificaciones.

A raíz del descubrimiento una parte, la acusación popular que representa a los socialistas valencianos, solicitó al magistrado que procediese a examinar el ordenador, propuesta que fue acogida por el juez Ceres.

El documento que se halló en poder de la trama, y que es idéntico al ahora hallado en Turismo, fue incautado en 2009. Durante un registro se hallaron dos correos electrónicos con sendos documentos adjuntos que contenían la mencionada versión de las bases del concurso del montaje del pabellón valenciano en Fitur, así como sobre su adaptación a otras tres ferias. Enviados en ambos casos desde la dirección de una empresa de la red, iban destinados a dos empleadas de la trama. Los mensajes fueron enviados el 4 y el 5 de noviembre de 2004. Las bases no fueron publicadas en el boletín oficial de la Generalitat, sin embargo, hasta el día 29 de ese mismo mes.

En el fondo de la decisión adoptada por el juez Ceres está el intento de averiguar quién en la consejería decidió cambiar radicalmente las bases del concurso que solía convocar Turismo para la participación de la Generalitat en la madrileña feria de Fitur en el año 2004 (para la edición de 2005), coincidiendo con el desembarco en Valencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, que dirigía la empresa Orange Market.

Pérez, que según las grabaciones intervenidas por la policía y sus propias declaraciones, alcanzó una relación de amistad muy estrecha con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y otros destacados políticos valencianos, se dedicó desde entonces a ganar el lucrativo concurso de Fitur un año tras otro hasta que la trama fue desarticulada por la policía hace tres años.

Los informes de la UDEF revelan el interés de El Bigotes por averiguar la mejor forma de que una adjudicación de ese tipo estuviese predeterminada. En otro correo incautado por la policía, un conocido de Pérez le responde que la clave está en que se valoren mucho los elementos subjetivos de las propuestas presentadas y muy poco los objetivos, como la oferta económica.

“El pliego de condiciones para la campaña de turismo es correcto pero falta la parte más importante para controlar la adjudicación”, se lee en el correo que recibió El Bigotes en relación con otro concurso al que pensaba presentarse la trama tiempo después de Fitur. “Normalmente suelen primar más el plan de medios que la creatividad. Es un error. Imagínate que una campaña que diga: ‘Ven de Turismo a la corrupta Valencia’ tiene el mejor plan de medios y la oferta económica. Si es eso lo que más puntúa puede ganar. Por eso, siempre recomiendo, y lo hice en el Ministerio de Agricultura con Loyola de Palacio, plantear los siguientes criterios de valoración”, sigue.

A continuación, el remitente del correo le indicaba a Pérez una escala en la que la creatividad tenía 55 puntos y la oferta económica, 15. Y agregaba: “Con esta forma de puntuar se puede justificar políticamente la adjudicación a la empresa que interese”. Justo lo que, según cada vez más evidencias, sucedió con los concursos de Fitur.

La consejera de Turismo, Lola Johnson, se limitó a decir este jueves en los pasillos de las Cortes que la policía había ido a su departamento a “contrastar información que ya había sido remitida”. El portavoz parlamentario socialista, Antonio Torres, afirmó: “La situación es insostenible. La Generalitat no puede aparecer un día y otro no vinculada a casos de corrupción que dañan gravemente nuestra imagen”.

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¿Son suficientes las explicaciones de Dívar?

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, compareció ayer ante la prensa para dar su versión sobre el escándalo de sus 20 viajes de larguísimos fines de semana a un lujoso hotel de Puerto Banús, parte de los cuales fueron pagados con dinero público. La rueda de prensa constó de una intervención del presidente de los jueces y de seis preguntas por parte de los informadores. Dívar rechazó pedir disculpas por sus viajes, aseguró que en todo momento distinguió los gastos privados de los oficiales y lamentó el daño que el asunto ha causado a las dos instituciones que preside. “No me he planteado el problema de la dimisión”, dijo. “No he cometido ninguna irregularidad moral, jurídica o política”.

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Un poema de Antonio Machado en el ‘caso Urdangarin’

La firma de Naroa Marcos, una trabajadora sin apenas responsabilidades en el instituto Nóos, apareció en uno de los convenios presuntamente irregulares que la entidad presidida por Iñaki Urdangarin suscribió con el Gobierno del popular Jaume Matas. Marcos aseguró ante el juez que investiga al duque de Palma y a su exsocio, Diego Torres, que la firma fue falsificada. Marcos, que se dedicaba a evaluar el impacto de los eventos para los patrocinadores, ratificó el pasado mes de abril esa versión en su declaración como testigo en Barcelona.

La rúbrica aparece en un presupuesto para un trabajo de “evaluación de la repercusión en los medios de comunicación del equipo ciclista Islas Baleares-Banesto, un traspaso que Urdangarin vendió al Gobierno de Matas por 18 millones. Marcos sostiene que la firma “se parece” a la suya, pero no lo es. Alguien la estampó en su lugar, aunque no sabe quién. Para comprobar que lo que explica es cierto, el juez José Castro necesita saber cómo era la caligrafía de la empleada en la fecha de la firma (2004) y cómo es ahora.

Castro pregunta a Marcos si ha aportado algún documento de aquella época porque “la letra puede haber cambiado”. La testigo contesta que no, a lo que el juez replica que haga el favor de rebuscar algún manuscrito, aunque sea difícil. El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, solicita entonces que Marcos firme y elabore un cuerpo de escritura para la pericial caligráfica. A la secretaria judicial le parece buena idea que escriba el poema A un olmo seco, de Antonio Machado. Lo que sigue es la transcripción literal de esa parte de la declaración, que ocupa 11 folios del sumario.

Juez. Además de firmar, haga también algún cuerpo de escritura en el que bueno pues haya “as”, “es” y “enes”, ¿eh? Díctale algo, cualquier cosa (en alusión al fiscal).

Fiscal. Le podemos dictar cualquier cosa.

Secretaria judicial. Escriba lo que yo le diga y así no piensa. “Antes de que te derribe olmo de…”

Juez. “La película que vi el próximo día no había quien se la tragara”, por ejemplo.

Marcos: Antes de que te derribe…

Secretaria judicial. Olmo del Duero.

Juez. Qué pasa que ha dicho que no me entero.

Fiscal. Antes de que te derribe Olmo del Duero.

Juez. Ah sí hombre, de Machado.

Secretaria judicial. Con su hacha el leñador.

Juez. Y el carpintero.

Secretaria judicial. Y el carpintero.

Juez. Le convierta en melena de campana…

Secretaria judicial. Su señoría continúa… Que convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana

Juez. Yo creo que ya.

Fiscal. Tiene que ser un poco largo y extenso, cinco o seis hojas.

Secretaria judicial. Ya no me acuerdo, ardas de una mísera casita, de alguna mísera casita.

Marcos. Creo que en realidad da igual lo que escriba

Secretaria judicial. Es lo mismo, no se preocupe, es para que usted no piense qué es.

Marcos. Ya me ayuda, no se ría, ¿eh? Me ayuda mucho.

Secretaria judicial. Olmo quiero anotar en mi cartera, y ya estamos acabando, la gracia de tu rama verdecida. Yo creo que con eso ya tenemos.

Juez. Suficiente.

Fiscal. Suficiente.

Urdangarin y su socio Torres quedan aludidos en este episodio por otro protagonista, su exejecutivo Juan Pablo Molinero. La firma del duque está en otra de las propuestas del concurso manipulado, a través de su empresa Aizoon, compartida con su esposa la infanta Cristina. Pero ante el juez el yerno del Rey dijo: “Ignoro por qué Aizoon y Virtual Strategies enviaron esos presupuestos”. La Fiscalía Anticorrupción insistió y el duque dijo: “Mi firma en un presupuesto de Aizoon para el Illesport fue falsificada”, aseguró. Y añadió: “Ni tan siquiera sabía que existía ese presupuesto”.

Además el exempleado de Nóos Juan Pablo Molinero negó haber realizado él los presupuestos incluidos en cada una de las ofertas así como haber falsificado las firmas que figuraban en las mismas.

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Madonna abre una gira en Israel pidiendo paz en Oriente Próximo

Madonna puso en marcha este jueves la gira mundial más larga de su carrera, el MDNA Tour, con una potente mezcla de beatitud y provocación.

“Ok, Tel Aviv ¿estáis preparados?”, lanzó al abarrotado estadio de Ramat Gan para advertir de que tenían por delante dos horas de ritmo ininterrumpido, decorados cambiantes y efectos especiales. El espectáculo, en el que hizo una larga intervención en favor de la paz en Oriente Medio, comenzó con un gran incensario balanceado por bailarines vestidos de monjes mientras sonaban rezos en hebreo ante una gran cruz.

“Girl gone wild”, “Revolver”, “Gang Bang”… Madonna fue desgranando sus temas más marchosos, sin olvidar clásicos como Express yourself o Papa don’t preach. A sus 54 años, Madonna protagonizó ante más de 30.000 personas un derroche de energía en el que dos ideas, lo profano y lo divino, y dos religiones, judaísmo y cristianismo, se entrelazaban constantemente en una mezcla de cine, música y coreografía.

La diva salió con 45 minutos de retraso pero con muchas ganas de agradar, como si la reina del pop llevase una segunda corona, la de la monarca judía Esther, nombre con el que se rebautizó al acercarse al judaísmo hace una década.

Tras una primera media hora de infarto, en la que sólo usó la guitarra para entonar Turn up the radio, llegó el momento del euskera. Madonna presentó al trio vascofrancés Kalakan, de quien había quedado prendada en una visita al norte de los Pirineos, que cubrió de ritmo Open your heart y la enlazó con su tema en euskera Sagarra Jo, interpretado como una especie de mantra en uno de los momentos más aplaudidos del recital.

Fue entonces cuando Madonna paró por primera vez, para hablar sobre la paz: “Elegí empezar mi gira mundial en Israel por una razón muy especial y específica. Todos los conflictos que ha habido desde hace miles de años en Oriente Medio tienen que acabar (…). Todos somos seres humanos, seamos judíos, cristianos, musulmanes, budistas, ateos, homosexuales, heterosexuales… Todos queremos amar y ser amados”.

“Es fácil decir ‘quiero la paz en el mundo’, pero otra cosa es hacerlo. Si logramos pasar por encima de nuestros países y nuestras religiones y tratar a todos los seres humanos a nuestro alrededor con dignidad y respeto, estaremos en el camino de la paz. Empezad hoy, todos y cada uno de vosotros, vosotros sois el futuro. Y si hay paz en Oriente Medio puede haberla en todo el mundo. Por favor, recordadlo’, sentenció antes de volver a iluminar la noche con su show.

Madonna, que en su concierto de 2009 declaró su amor a Israel envuelta en una bandera del país, invitó esta vez a 600 pacifistas israelíes y palestinos.

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