Croacia entra en una UE sumida en el desencanto

Zagreb, la capital de Croacia, permanece en la retina de los europeos como un escenario más en la cruenta guerra de los Balcanes. Veinte años después de que el mundo asistiera casi en directo a esa contienda, la más reciente que ha vivido Europa, Zagreb se incorpora hoy con plenos derechos al proyecto comunitario. Bruselas celebra esta adhesión como la prueba más palpable de que la Unión Europea encierra, ante todo, un ideario de paz y estabilidad. Pero la actual debilidad económica, unida a una cierta indigestión provocada por las últimas ampliaciones, ensombrece las celebraciones.

Vista con perspectiva histórica, la bienvenida a Croacia como miembro número 28 del club comunitario resulta un éxito. Mucho más si se suman las expectativas de que en unos años comparta mesa de negociación con su antigua enemiga Serbia, desde el pasado viernes candidata firme a anexionarse a la UE. Pero hasta los dirigentes comunitarios son conscientes de que el euroentusiamo de otras ocasiones se ha desvanecido. Tras reconocer el valor de la reconciliación, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, reconocía ayer en un comunicado: “La recesión golpea duro a Croacia y a muchos otros países europeos. La pertenencia a la UE no supondrá una solución mágica a la crisis, pero ayudará a sacar a mucha gente de la pobreza y a modernizar la economía”.

“Hay que destacar el poder transformador de este proceso de adhesión. Ya desde que Croacia pidió ingresar en la UE, en 2003, el país ha cambiado por completo”, destaca un portavoz de la Comisión Europea. Pese a todo, el propio Ejecutivo comunitario reconoce que este territorio de 4,4 millones de habitantes tiene mucho por hacer en la lucha contra la corrupción y la mejora del Estado de derecho.

En el debate sobre la ampliación europea, la llegada de Croacia ha servido para romper un tabú en las instituciones comunitarias: el de que algunos de los últimos procesos se hicieron demasiado rápido y sin todas las garantías. “Croacia está más preparada que ningún país antes porque después de ampliaciones anteriores —sobre todo la de Rumanía y Bulgaria— se dijo que nunca más se volvería a hacer así. Esos países no estaban listos para entrar en 2007”, admite en conversación telefónica desde Croacia Doris Pack, eurodiputada alemana del Partido Popular.

Sin micrófonos delante, la Comisión Europea también concede que hay lecciones que aprender de esa última ampliación. También del proceso masivo que integró en 2004 a países hoy foco de preocupación para Bruselas como Hungría y Chipre. El Ejecutivo comunitario sigue defendiendo que la mejor opción era acogerlos en el seno de la UE, pero la deriva autoritaria que se ha producido en Budapest, sin que Bruselas pueda hacer mucho por evitarlo, y el reciente desenmascaramiento de Chipre como paraíso fiscal revelan errores de base.

Tanja Fajon, parlamentaria eslovena del grupo de los socialdemócratas, lo explica con franqueza. “Bulgaria [un caso que ha estudiado especialmente] es un buen ejemplo. Ya hemos visto las dificultades de ampliaciones que se adoptaron por motivos políticos; Rumanía y Bulgaria no estaban bien preparadas. Ahora somos mucho más cuidadosos”, asegura. Las negociaciones para el ingreso de esos dos países fueron inusualmente rápidas —se abrieron en 2000 para integrarse en 2007— tratándose de territorios con unos estándares muy alejados de lo que era entonces la media comunitaria.

Sobre Croacia, en cambio, Tajon se muestra entusiasta, un signo más de la reconciliación europea, pues Eslovenia y Croacia mantuvieron hasta hace unos meses un conflicto de fronteras.

Además de explorar su propio camino, Croacia anticipa la previsiblemente integración futura del país más asociado con la crueldad de la guerra balcánica: Serbia. Porque además de hablar de crecimiento y empleo, los líderes europeos acordaron el pasado viernes iniciar en enero de 2014 las conversaciones formales para la entrada serbia en la UE. Nadie cree que pueda acceder antes de 2020, pero el mero horizonte suscita un debate inquietante para algunos socios comunitarios.

A la cabeza de esas preocupaciones figura Alemania. Sus dirigentes “han intentado maniobras dilatorias para el inicio de las conversaciones con Serbia”, explican fuentes diplomáticas. Al final, los recelos se han resuelto con una salvaguarda que permite a los Veintisiete definir el marco político de la negociación con Serbia de aquí a final de año y poder votar en contra si no satisface a los Estados miembros. “Algunos piensan que el ritmo es precipitado”, confirman esas fuentes.

Alemania es quizás el país que mejor encarna esos recelos europeos a la expansión exterior. Hace apenas dos semanas puso el freno al diálogo con Turquía —negocia con Bruselas desde 2005, aunque a ritmo muy lento— y finalmente ha logrado retrasar el calendario al menos cuatro meses, hasta después de las elecciones en Berlín.

Contra esas reticencias se expresa Shada Islam, de Friends of Europe, un instituto de análisis bruselense. “¿Se va a convertir la Unión Europea en un club de países pequeños?”, se pregunta esta experta, que, frente a las últimas ampliaciones comunitarias, aboga por abrazar a países grandes que den valor estratégico a la UE. Como Turquía, una potencia con casi 80 millones de habitantes, a la altura de Alemania.

Por encima de todas las cautelas, los expertos consultados resaltan la importancia de cerrar las heridas e integrar a los Balcanes, un territorio en medio del continente con capacidad para desestabilizarlo, como demuestra la historia. “Tenemos que cumplir nuestras promesas. Los problemas de Europa no vienen de la ampliación”, asegura la diputada Doris Pack. “Olvidamos el éxito esencial de la UE: un proceso de paz y de reconciliación entre enemigos”, cierra Shada Islam.

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Serbia enjaula el nacionalismo

Hizo falta un halcón republicano como Nixon para que Estados Unidos anudara relaciones con la China maoísta, y un socialdemócrata como Schröder para reformar a fondo el Estado de bienestar alemán. Ahora, en Serbia, un grupo de dirigentes con un claro pasado radical está alejando con contundencia el país de los peores instintos nacionalistas. En conversaciones mantenidas en Belgrado con dirigentes gubernamentales de máximo nivel, la conversión europeísta de los exnacionalistas aparece como una actitud pragmática más que por ideales, pero muy sólida. “Solo Europa puede echarnos de la senda de la integración, hacernos desistir de esa voluntad”, sostienen. Incluso las habituales referencias a posibles alternativas geopolíticas —la relación especial con Rusia— ya suenan como una coletilla pronunciada sin convicción y meramente para asentar una mejor posición de negociación.

Serbia es el pilar ineludible para la estabilidad de los turbulentos Balcanes occidentales. Cuando Tomislav Nikolic ganó las presidenciales contra el europeísta moderado Boris Tadic y su partido —procedente de un pasado nacionalista todavía muy reciente— se hizo con el poder en 2012 en esa exrepública yugoslava, un escalofrío de preocupación recorrió varias cancillerías europeas directamente implicadas en la región. El temor a un parón —cuando no retroceso— en la evolución del país era elevado. Pero, para sorpresa de muchos, se está revelando infundado. La sinceridad de las declaraciones de los líderes serbios puede discutirse, pero es un hecho que su Gobierno avanza firme en la senda europea y de normalización de las relaciones con sus vecinos.

“¡El Parlamento serbio es más europeísta que el de Estrasburgo!”, exclamaba, con sorna, Sonja Licht, presidenta del Belgrade Fund for Political Excellence, en una reciente conversación mantenida en la capital serbia con un grupo de periodistas invitados por la fundación alemana Robert Bosch. Tras la conversión de Nikolic al proeuropeísmo, las posiciones de rechazo a la integración europea son prácticamente irrelevantes en la política serbia. Todavía en 2008 representaban la mitad del espectro político.

Los sucesivos Gobiernos de Belgrado han satisfecho todas las peticiones europeas. Primero, la entrega de todos los acusados de crímenes de guerra. Luego, la puesta en marcha de un proceso de normalización de las relaciones con Kosovo. Nikolic acaba de recibir en Belgrado la histórica primera visita del miembro bosniomusulmán de la presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina. Como reconocimiento a esos gestos, Serbia obtuvo sucesivamente un régimen de visas libres para el área Schengen, el estatus de candidato a la adhesión a la UE y ahora una fecha para el arranque de las negociaciones: enero de 2014 a más tardar. Esto consolida la propensión europeísta del actual Gobierno serbio y le otorga fortaleza interna ante las críticas de quienes reprochan demasiadas concesiones.

“El actual Gobierno ha hecho más de lo que se esperaba. Incluso ha ejercido una clara presión sobre la Iglesia ortodoxa para que no frenara el deshielo con Kosovo”, dice Sasha Mirkovic, uno de los fundadores de radio B92, uno de los principales medios serbios, que ahora dispone también de una cadena de televisión. Una reunión mantenida en Kosovo con prominentes figuras de la Iglesia ortodoxa serbia confirma el asentamiento de una nueva actitud más moderada en una institución que antaño promovió posiciones duras.

Serbia es un país con una demografía en declive, con más pensionistas que trabajadores (1,8 millones frente a 1,7) y una tasa oficial de desempleo del 27%. Con ese panorama, la integración europea es el único camino creíble de redención económica. Los lazos con Rusia, por la que la población serbia siente una generalizada simpatía, no constituyen una perspectiva realista de crecimiento. Belgrado se encuentra así en disposición de dar satisfacción a las peticiones europeas para fomentar la estabilización de la región. Entrevistas con los líderes regionales apuntan, además de los avances en Kosovo, a un claro distanciamiento de Belgrado de las posiciones intransigentes de las autoridades de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia. Su aislamiento podría ablandar las posturas más radicales.

El proceso se encuentra en un círculo virtuoso. Queda por ver hasta dónde la UE está dispuesta a llevarlo.

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“Podemos ayudar, pero no acabar con todos los problemas del crédito”

Román Escolano (Zaragoza, 1956) es presidente del Instituto Crédito Oficial (ICO) desde enero de 2012. No ha vivido tiempos tranquilos porque le llegan críticas desde todos los foros, incluido el Banco de España, por la falta de financiación a las pymes. Quizá por eso, en ocasiones, responde con ambigüedad. Escolano, exdirectivo del BBVA y antes miembro del Gobierno de Aznar, recuerda que la cuota de mercado del ICO es del 11,5% sobre el crédito total, aunque hasta junio solo ha prestado 4.500 millones, un 46% menos que en el mismo periodo de 2012.

Pregunta. ¿El ICO tiene capacidad real para paliar la falta de crédito?

Respuesta. Hemos crecido en los últimos años y ahora tenemos una cuota de mercado del 11,5% dentro del sistema crediticio español. El balance del ICO representa el 3,5% de los activos totales del sistema, es decir, pese a nuestro tamaño tenemos una capacidad relevante en la economía, pero no solucionamos todos los problemas. El 60% de las pymes han accedido en algún momento a un producto del ICO.

P. Entonces, ¿por qué cayó el crédito del ICO hasta marzo un 70%?

R. Ese problema arranca con las turbulencias de mayo de 2012, los problemas del euro, la intervención del BCE… que contrajo el crédito en el segundo semestre de 2012 y siguió así hasta comienzos de 2013. Ahí se inició una recuperación crediticia y cerraremos junio con un volumen de préstamos de unos 4.500 millones, un 66% más que el segundo semestre de 2012. Ahora percibimos una demanda de crédito más robusta, tanto nosotros como los bancos que distribuyen nuestros productos a través de 30.000 oficinas.

P. Sin embargo, en junio de 2012 se habían prestado 8.322 millones y ahora llevan concedidos unos 4.500 millones, es decir, todavía presentan una caída del 46%. Quizá por eso, hace unos días, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, dijo en el Congreso que el ICO funcionaría mejor en el futuro. ¿Han tenido discrepancias?

R. Tenemos una excelente relación. La bajada del crédito se debe a los problemas europeos, pero ahora las líneas del ICO han tomado tracción.

P. Linde también admitió que existen pymes al corriente de pagos que no reciben ni para circulante. ¿Fue una recriminación al ICO?

R. Hasta la crisis, el ICO no financiaba circulante. Ahora sí lo hacemos y es la mitad de nuestra demanda.

P. Pese a haber prestado solo el 20% de lo previsto, ¿colocará los 22.000 millones este año, como dicen los anuncios del FROB?

R. Digamos que es un gran objetivo y sería un gran éxito. Por cierto, ese dinero no llega del Estado sino de los mercados, excepto una pequeña parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

P. Quizá el problema es que sus cifras son una gota en el océano…

R. Somos el 11,5% del total de créditos. En 2010 éramos el 9%. No somos la única solución, pero aportamos una cantidad nada despreciable. Por activos, con 115.000 millones, el ICO es el sexto o séptimo banco español.

P. ¿Por qué la percepción pública, de los empresarios y del Banco de España, es que el grifo del anuncio sigue cerrado?

R. Prefiero hablar de datos en lugar de percepciones. Hay un pulso creciente en la disposición de crédito. Hemos abaratado los préstamos gracias, en parte, a la financiación barata del BCE que se traslada a las empresas.

P. ¿Qué cambios ha hecho el ICO para mejorar esta situación?

R. Hemos simplificado las líneas y los productos. Solo hay dos líneas: para empresas y emprendedores, tanto para financiar la inversión como para liquidez, y la de financiación internacional. Queremos tener productos sencillos para facilitar la comprensión de los empleados bancarios.

P. La banca está cerrando oficinas. Con esta dificultad, ¿dedican tiempo a dar créditos del ICO?

R. 2012 fue el año de la reestructuración, que se hizo con retraso, pero ahora la banca está más capitalizada, tienen liquidez y más acceso a los mercados.

P. Pero este ambiente de cierres no parece el más propicio…

R. Es cierto que el cierre de oficinas afecta a las pymes porque es un negocio basado en el conocimiento directo.

P. ¿Por qué el ICO no comparte el riesgo del crédito para que la banca conceda más préstamos?

R. Para que ese esquema sea efectivo debe tener una base paneuropea. Es lo que se está discutiendo ahora en el Consejo Europeo a propuesta del BEI y la UE. Hasta ahora, la banca asume el riesgo del crédito inferior a 10 millones. Cuando supera este nivel, es responsabilidad del ICO.

P. El año pasado pidieron 20.000 millones al BCE. ¿Lo hicieron ante la imposibilidad de acudir a los mercados?

R. Fue una oportunidad clara para obtener financiación barata a tres años y el propio BCE nos invitó a hacer uso de esta línea de crédito, pero no es lo habitual.

P. ¿Pedirán más dinero al Banco Central Europeo?

R. Eso depende de que haya medidas excepcionales… no lo sabemos.

P. El ICO quiere tener un balance sano (con una morosidad menor al 4%) para financiarse bien. ¿Eso les retrae a la hora de prestar a las pymes?

R. No nos afecta a la hora de prestar. Mantener nuestra solvencia no nos ha impedido crecer su balance un 22%.

P. Se ha acusado al ICO de prestar más a la Administración Pública que a las pymes para evitar riesgos y para hacer un servicio al Gobierno.

R. Eso no es así. Dos tercios de los créditos van a las pymes. En el pasado se financió más a las autonomías que ahora.

P. ¿Tienen alguna relación especial con Bankia y el resto de las entidades nacionalizadas por compartir al Estado como dueño?

R. No. Colaboran en las mismas condiciones que el resto.

P. El año pasado ganaron 60 millones. ¿Lograr resultados es un objetivo para el ICO? ¿No debería ceder sus márgenes a las empresas?

R. Los beneficios no son un objetivo explícito del ICO, pero sí lo es tener disciplina bancaria para financiarnos a buenos precios.

P. Europa ha establecido ahora líneas para pymes, tras cinco años de crisis. ¿Ha reaccionado tarde y mal?

R. Creo que se debía haber prestado más atención a las pymes en toda Europa. Históricamente se puso el foco en la financiación de infraestructuras.

P. En los años de bonanza, el ICO fue casi despreciado por los Gobiernos. Ahora todos le reclaman un gran papel…

R. Es un asunto de debate estos días en Europa. La banca pública ha demostrado que es útil y relevante para las economías.

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Los dos PP exhiben unidad tras el ingreso de Bárcenas en prisión

El estallido del caso Bárcenas, a mediados de enero, además de sumir a la dirección del PP en un laberinto, demostró mejor que nunca que el partido mayoritario es una organización dual. Existen dos PP, aunque la disciplina de la inmensa mayoría de los dirigentes en los momentos de crisis siempre acaba trasladando la imagen de una formación fuerte y unida, preparada para cerrar filas con Mariano Rajoy cuando él o el Gobierno lo necesiten.

Existen dos PP, según reconocen, con matices, muchos cargos, y queda claro en la forma de afrontar el escándalo del extesorero Luis Bárcenas. Ahora, cuatro días después de que el que fuera responsable de finanzas durante casi dos décadas ingresara en la cárcel, hay una parte del partido, sobre todo en algunos sectores autonómicos, que cree llegado el momento para una “catarsis”. “Los militantes están asqueados”, manifestó sin medias tintas la líder de los populares vascos, Arantza Quiroga, la semana pasada. “Estamos profundamente abochornados por este tipo de noticias”, aseguró el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Mucho más prudente, la dirección nacional trata, en cambio, de pasar página de forma discreta.

Hay dos PP, que reflejan dos maneras de gestionar el partido. Un PP que gobierna y otro que ya no gobierna pero intenta marcar el rumbo de las decisiones del Ejecutivo. Dos generaciones. Y barones o presidentes regionales que defienden los intereses de sus autonomías a veces en abierto desafío con la cúpula o el Ejecutivo central, como el valenciano Alberto Fabra o el extremeño José Antonio Monago.

Estos dos PP, cuyas fronteras son a menudo difuminadas, se cruzan hoy en un día clave para la formación. Un día de balance antes del verano. El día de Rajoy, de José María Aznar y de la número dos de los populares, María Dolores de Cospedal, que ayer reclamó “honradez y honestidad” al hacer balance desde Toledo de dos años de su gestión al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El expresidente del Gobierno recibe esta mañana a la secretaria general en Guadarrama (Madrid) para inaugurar el campus de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). El hecho en sí no es nuevo. También ocurrió el año pasado. Pero en esta ocasión, todos en el PP están pendientes de la foto de Cospedal y Aznar, que hace un mes, atacó abiertamente el proyecto político del Gobierno. Una imagen especialmente simbólica, pues el exjefe del Ejecutivo y la mano derecha de Rajoy al frente de la formación representan las caras de los dos partidos: el pasado y el presente.

Bárcenas ascendió y empezó a amasar su fortuna, que llegó a los 48 millones de euros, precisamente durante la etapa de Aznar. Cuando Rajoy nombró secretaria general a Cospedal, según la versión más extendida, esta se encargó de forzar su salida y de renovar el partido. No obstante, ahora Cospedal, igual que los otros miembros de la cúpula nacional, ha evitado salirse del guion. El primer día la dirección emitió un comunicado de dos líneas, que se limitaba, sin ni siquiera mencionar al extesorero, a manifestar “respeto” por las decisiones judiciales. El viernes, fue el propio Mariano Rajoy quien trató de dar por zanjado el asunto desde Bruselas. “Tengo que decir que no, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido”, aseguró al ser preguntado por si se siente preocupado o amenazado por una posible venganza de Bárcenas desde la cárcel. Rajoy y Cospedal, los dos máximos dirigentes de la formación, intentan trasladar mensajes de distensión. El sábado, la secretaria general mostró su tranquilidad en una conversación con periodistas y comentó: “No conozco a ningún partido que haya hecho un esfuerzo de estriptis como el PP”.

Los dos PP son también los dos sectores que, ante la noticia del ingreso de Bárcenas en Soto del Real, reaccionaron de forma distinta. Los que aplaudieron aliviados y los que no ocultaban su inquietud, porque entienden que ahora se puede abrir una nueva etapa. Mientras, desde La Moncloa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recurrió a una estrategia muy propia de Rajoy: dejar pasar tiempo y esperar a que escampe.

Hoy el presidente del Gobierno verá a todo el mundo. Después de la intervención de Cospedal en FAES, el jefe del Ejecutivo reúne en Génova, 13, la sede central del partido, al Comité Ejecutivo Nacional. Este cónclave, convocado antes de que el juez Pablo Ruz decretara cárcel para Bárcenas, ya tenía un orden del día repleto de asuntos que han generado y siguen generando diferencias dentro del PP. Los líderes territoriales escenificarán su pulso a cuenta de la financiación autonómica, una cuestión que hace un mes dio pie a un durísimo enfrentamiento a puerta cerrada entre el valenciano Alberto Fabra, el murciano Ramón Luis Valcárcel y el extremeño José Antonio Monago. Sobre la mesa estarán también el acuerdo alcanzado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera de elevar hasta el 1,3% el objetivo de déficit, la recién presentada reforma de la Administración, que depende en buena medida de que las comunidades cumplan las recomendaciones del Gobierno, y la última cumbre europea.

Pero, sobre todo, Rajoy asistirá a la primera radiografía del partido desde el ingreso de Bárcenas en la cárcel. Y, en este contexto, el cruce de los dos PP en Guadarrama y en Madrid se quedará con toda probabilidad en una imagen de cohesión y los principales dirigentes se emplearán en transmitir, al menos públicamente, que, pese a las diferencias, solo existe un Partido Popular.

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El Gobierno del PSOE pagó a Correa 544.000 euros por viajes de Aznar

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que pagar más de 544.000 euros a Pasadena Viajes, una empresa de la trama Gürtel, por los viajes de José María Aznar como expresidente del Ejecutivo. El Ministerio de la Presidencia, según confirman exasesores de Zapatero y exgestores del grupo Correa, se limitó a abonar a la empresa de confianza del expresidente los gastos por los desplazamientos al extranjero de Aznar con su escolta (hasta una decena de agentes) en 2004 y 2005. En esos dos años, la firma patrimonial de Aznar, Famaztella, ingresó por sus actividades privadas 992.000 euros.

Exportavoces oficiales del anterior Gobierno rehúsan detallar qué viajes se abonaron a Aznar y si coincidían con sus actividades privadas remuneradas por conferencias o asesorías. “No hablamos de los viajes de los expresidentes”. El hecho es que ninguno de los miembros del Ejecutivo socialista viajó con Pasadena. “El Gobierno utilizó primero los aviones estatales del Grupo 45 de la fuerza aérea. No se usó ninguna agencia privada en los tres primeros meses de Gobierno socialista, y después se hizo un concurso que ganó el Corte Inglés para dicho cometido”.

Exgestores del grupo Correa lo explican: “Eramos la empresa de confianza del expresidente Aznar, y Moncloa, bajo el mandato socialista, se limitó a pagarnos sus viajes. Si la facturación es alta es porque a Aznar le gustaba viajar con muchos escoltas, hasta tres turnos de tres personas”. No solo se pagaban vuelos transoceánicos a Aznar y su comitiva, sino que tampoco utilizaba la red de embajadas para hospedarse y ahorrar costes, explican fuentes del anterior Ejecutivo. Por tanto, había que pagar hoteles de alto nivel a Aznar y su equipo. “Había malestar en Moncloa por las facturas tan altas que se presentaban de tales viajes como expresidente de Aznar, pero se optó por no mostrar reparo alguno y pagarlas sin rechistar”, explican exasesores del presidente socialista.

Esto explica que La Moncloa en 2005 pagara casi medio millón de euros a Pasadena Viajes. La mayor suma facturada nunca a tal organismo en su historia, ya que los gastos fueron incluso superiores a los facturados cuando Aznar estaba en La Moncloa: 4.000 euros en 2000; unos 3.000 al año siguiente; 11.663 en 2002, y 43.000 euros en 2003. Bajo mandato socialista, Pasadena declara que facturó 311.476 euros al Ministerio de la Presidencia, que registra una cifra sensiblemente más baja (unos 12.000 euros). Todos los pagos corresponden a facturas heredadas del mandato de Aznar o entregadas por este tras sus viajes. “Las facturas eran fiscalizadas por el interventor de Presidencia”, aseguran exgestores del grupo Correa. En 2005, todos los gastos giran en torno a los viajes del expresidente Aznar. Y este año coincide casi al milímetro lo que declara Pasadena (542.000 euros) y lo que declara el Ministerio de la Presidencia socialista (532.000 euros).

También la fundación FAES es cliente del grupo Correa. La fundación declara a Hacienda haber comprado servicios de Pasadena por valor de 91.000 euros en 2005 frente a los 17.410 euros del año anterior. El cruce de datos con la empresa de Correa ofrece algunas contradicciones. Special Events, firma de la red Gürtel, no reconoce en 2004 ninguna relación comercial con FAES, pero la fundación asegura a Hacienda haberle pagado 89.000 euros.

La sociedad patrimonial Famaztella también declara ante Hacienda haber comprado servicios por 14.525 euros a Pasadena. Esta, sin embargo, no registra haberle vendido nada ni ese año ni el siguiente. Exgestores de la agencia niegan que se trate de un regalo y lo achacan a un error.

La sociedad de Ana Aznar, hija del expresidente, Comercial Mitford, también figura como cliente de Pasadena en 2006. Esta firma dice haberle vendido servicios por valor de 23.000 euros, pero la firma de Ana Aznar Botella declara cero en sus compras a dicha agencia en su formulario 347 de Hacienda, por el que se debe registrar toda compraventa superior a 3.000 euros. Nuevamente, exgestores del grupo Correa niegan tajantemente que se deba a un regalo tal contradicción.

El informe de Hacienda que cruza todas las operaciones del grupo Correa, incorporado al sumario Gürtel desde 2009, nunca ha dado lugar a diligencia alguna. Pero ofrece un dibujo del auge y decadencia de la relación del PP con el grupo Correa. Special Events facturó 2,6 millones en 2000 al PP; en 2001 bajó a 835.000 euros; subió a dos millones en 2002; se elevó a 3,7 millones en 2003; escaló a 4,3 millones en 2004, y bajó a 161.000 euros en 2005. No hay más pagos. Pasadena, por su parte, cobró 576.000 euros del PP en 2000 y 402.000 euros en 2002. En 2003, suma 490.000 euros; baja a 485.000 euros en 2004 y cae a 195.000 euros en 2005, y apenas cosecha 23.000 euros en 2006. En 2007, desaparece como cliente del PP.

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Las fresas ensangrentadas de Grecia

En los campos de Nea Manolada el aire huele a fresas. En primavera, brotan como rubíes y al recogerlas tiñen los dedos de un color púrpura que cuando se seca, mezclado a la tierra, parece sangre. Es el oro rojo de esta zona de Grecia que exporta la mayor parte de la producción al norte de Europa. Un modelo productivo que, en 2011, cuando la crisis ya azotaba al país, el entonces primer ministro Yorgos Papandreu celebró como un éxito merecedor de ser imitado. Muchos recordaron aquel discurso cuando el 17 de abril saltó la noticia de que, en una de las explotaciones, tres capataces habían disparado contra 150 jornaleros, en su mayoría bangladesíes, que protestaban porque llevaban meses sin cobrar. El suceso dejó 35 heridos y es el más grave de una serie de abusos que se esconden detrás de este milagro económico.

La ola de indignación que se desató tras el tiroteo se convirtió en un boicoteo que durante unas semanas hizo temer por la campaña de recogida. Dos meses después, casi todos de los 150 inmigrantes han vuelto a trabajar en los campos. Los invernaderos van a toda marcha, salvo los del empresario para el que trabajaban los tres autores del ataque, detenido junto a ellos.

Nur Islam tiene 26 años. Durante horas se queda agachado para recoger los frutos, seleccionarlos según el tamaño y colocarlos en contenedores alineados en las típicas cajas de madera. Cinco kilos por caja, 20 cajas cada día. “Aquí no tenemos trabajo. Esto da muy poco dinero y no puedo mandar nada en Bangladesh”, dice Nur. 22 euros por entre siete y ocho horas de trabajo es lo que le han prometido a estos inmigrantes. A tres euros la hora. Para la mayoría, sin contrato y sin permiso de residencia, la única garantía de cobrar es la palabra dada.

Más que el dinero, lo que ahora preocupa a estos trabajadores es tener un documento que les permita sustraerse a los muchos chantajes que su condición de ilegales conlleva. Sin documentación, la única ley es la del miedo. “Es una jungla donde se viola cualquier tipo de norma. Nosotros estamos intentando proteger a las personas más vulnerables”, comenta Vassilis Kerasiotis, abogado del Consejo griego para los Refugiados (CGR), la ONG que se está encargando de su asistencia legal. El Gobierno ha concedido a los 35 heridos un permiso de estancia hasta que acabe el juicio. El CGR quiere que lo obtengan los 150 presentes en el tiroteo y que se reconozca la matriz racista del delito, como parte de la violencia contra los inmigrantes que se ha recrudecido en estos años.

Los jornaleros que intentaron rebelarse siguen en el campamento en las tierras del empresario detenido. Viven amontonados en unas chabolas hechas de cartones, viejas mantas y lonas de plástico donde duermen hasta 25 personas. En el interior, han dispuestos sus lechos, pegados los unos a los otros. La única separación la marca el color de las sábanas. Apenas sale el sol, empieza a hacer un calor pegajoso en el que las moscas revolotean a sus anchas. Uno de los heridos en el tiroteo enseña la pierna derecha llena de pequeños bultos. Son los puntos por donde entraron los perdigones. La mayoría se los han sacado, pero no todos. Los cartuchos que los capataces usaron eran del tipo que se utiliza en la caza de aves pequeñas.

“El problema es que este sujeto no ha pagado a la gente”, dice el dueño del único quiosco de este pueblo de 2.000 vecinos registrados y miles de inmigrantes (según Amnistía Internacional, al menos 5.000 trabajan en la zona). Al quiosquero le parece una vergüenza que el Gobierno no dé papeles a estos trabajadores. “Él [el empresario detenido] llegó hace cuatro años y quería encontrar la forma de no pagar. Antes el sistema en Manolada funcionaba”, cuenta. No menciona el escándalo que se montó en 2008 cuando algunos periodistas, luego objeto de amenazas, empezaron a describir las condiciones de trabajo en la región. Ni el caso, denunciado el año pasado, de un ciudadano egipcio que tras recibir una paliza fue arrastrado un kilómetro por un coche.

Tras el tiroteo, el ministro de Orden Público, Nikos Dendias, admitió que el Estado no siempre había estado presente en la región y prometió mano dura y reformas. Mientras tanto, Nea Manolada ha vuelto a la normalidad. En el establecimiento de apuestas algunos inmigrantes juegan al Kino, un boleto parecido a la Primitiva. “A veces algunos han ganado 50 euros”, explica uno de ellos. A los demás, sumidos en la miseria de sus pobres refugios, no les ha tocado ninguna lotería.

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La Haya se cubre de sombras

La recta final del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que cerrará en 2016, se ha llenado de sombras. Tras 20 años de labor en los que ha conseguido la detención de los 161 principales sospechosos de los crímenes de la guerra de los Balcanes (1991-2001), las dudas sobre la actuación de su presidente, Theodor Meron, abarcan ahora todos los rincones. Polaco de nacimiento, de nacionalidad estadounidense y exasesor de la diplomacia israelí, Meron, de 83 años, habría presionado a sus colegas para que absolvieran a los altos cargos militares acusados por la fiscalía, ya fueran serbios o croatas. La denuncia es terrible, porque merma la credibilidad de un tribunal dedicado por Naciones Unidas a una región azotada por la limpieza étnica. Pero sobre todo porque proviene de uno de sus propios jueces, el danés Frederik Harhoff, en activo desde 2007.

En una carta remitida por correo electrónico a 56 personas, y divulgada por el rotativo danés BT, el jurista llega a preguntarse “si Estados Unidos o bien Israel han influido al presidente del tribunal para que cambiara de rumbo”. “No lo sabremos, pero la tenaz presión ejercida [por Meron] en los casos de Gotovina [exgeneral croata] y Perisic [exgeneral serbio] hace pensar que estaba resuelto a conseguir sendas absoluciones”, señala Harhoff. Ambos oficiales fueron condenados en primera instancia a largas penas de cárcel. Ante Gotovina, a 24 años, en 2011, por perseguir y aniquilar a civiles serbios. Momcilo Perisic, a 27 años, también en 2011, por prestar ayuda financiera y logística a los serbios que mataron a bosnios y croatas.

“Hasta el otoño de 2012, los jefes militares eran considerados responsables de los delitos de sus subordinados en la guerra de la antigua Yugoslavia. Ello alcanzaba a políticos y policías que hubieran apoyado el objetivo general de erradicar a otras etnias de ciertos territorios. Es lo que se llama formar una empresa criminal conjunta”, sigue el juez danés. En su opinión, las cosas empezaron a cambiar con Gotovina. La sala de apelación señaló en 2012 que el exgeneral “no había ordenado o aprobado los crímenes perpetrados por sus hombres”. Lo liberó, y el listón de la responsabilidad subió de grado. En febrero de este año, ocurrió lo mismo con Perisic. Cuando otros dos oficiales serbios, Jovica Stanisic, antiguo jefe de seguridad del Estado serbio, y Franko Simatovic, responsable de las operaciones especiales, fueron exonerados en mayo pasado de haber contribuido a la limpieza étnica en Bosnia y Croacia, el jurista ya no pudo más. La fiscalía, por su parte, apeló este último fallo el viernes pasado.

“La sentencia de Stanisic y Simatovic dice que los acusados ignoraban que su ayuda serviría para cometer crímenes. ¡Pero si les pagan para eso! Para asegurarse de que nadie a sus órdenes delinquirá. Uno puede pensar que los oficiales en países como Estados Unidos o Israel sentían que el TPIY se acercaba demasiado”, afirma Harhoff. “Hemos pasado de tener que probar la contribución de un acusado en un crimen a exigir su intención específica y directa. Un retroceso que me turba. ¿Cómo explicarlo a millares de víctimas? Borrar al otro de una zona considerada propia contradice el orden esencial de la vida. Estas últimas sentencias platean un dilema moral y profesional desconocido para mí. Y lo peor es la sospecha de presión política por parte de algunos colegas. Algo que cambia las premisas de mi servicio a la ley”, concluye la misiva.

Si bien el diario danés BT no explica cómo obtuvo la carta, y nadie quiere hablar abiertamente en el TPIY, el malestar de su fiscal jefe, Serge Brammertz, es conocido. “En general, una absolución demuestra que la justicia funciona, aunque no estamos satisfechos. Mi mayor frustración es que los crímenes se cometieron, nadie lo duda, pero las víctimas quedan sin justicia”, dijo en mayo. Ante la tormenta desatada por Harhoff, el fiscal ha sido cauto y firme. “Nuestro objetivo es terminar el trabajo y que el TPIY demuestre su legitimidad”, afirma en un comunicado oficial. Y añade: “Mi oficina comparte el descontento de las víctimas. Por eso presentaré el viernes [de la semana pasada] una petición de apelación contra la puesta en libertad de Stanisic y Simatovic. La de Perisic merma el respeto por las leyes humanitarias internacionales. En cuanto a Gotovina, estudiamos la posibilidad de pedir una revisión de la apelación”.

La denuncia del juez danés no puede llegar en peor momento. El TPIY cerrará en 2016 y los procesos contra los serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, acusados del genocidio de Srebrenica, están en marcha y precisan claridad jurídica. Lo mismo ocurre con el serbocroata Goran Hadzic. Pero la mayor duda radica en la repercusión de las absoluciones sobre la protección de los civiles allí donde las fuerzas enfrentadas sean más poderosas que en la antigua Yugoslavia.

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