Venezuela expulsa a tres diplomáticos de Estados Unidos

Maduro dice que asume “toda la responsabilidad” de esta medida, así como de las que vengan “para proteger al país”

via Noticias sobre Latinoamérica http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/30/actualidad/1380577219_424368.html

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La madre de Asunta fue a comisaría en julio para denunciar un asalto

Entre finales de junio y el mes de julio pasado, la vida se complicó mucho en el piso de Santiago que compartían la niña Asunta y su madre, Rosario Porto, ahora en prisión provisional imputada por homicidio. El extraño episodio que trascendió la semana pasada en el que Porto describía a un hombre bajo pero corpulento, vestido de negro y con guantes de látex, que se había colado en su casa supuestamente para robar, fue realmente denunciado por ella ante la policía hace dos meses y medio. Tal y como confirman fuentes policiales y adelantó  El Periódico de Catalunya, la principal sospechosa de la muerte de Asunta acudió a comisaría con un golpe en la cabeza e intentó formalizar una denuncia, pero el policía que la atendió le exigió un parte médico de lesiones y ella ya nunca volvió para completar el trámite.

En la noche del sábado 21 de septiembre, según el atestado relativo a la desaparición de la cría, Porto volvió a relatar ese capítulo: dijo que por descuido se había dejado las llaves de casa puestas, que cada una dormía en su habitación, y que sobre las 2.30 horas oyó a Asunta dar gritos. Entonces se levantó de la cama, vio al intruso “huyendo por el pasillo”, y “lo intentó agarrar con resultado infructuoso”. También dijo, esta vez, que el hombre no llegó a llevarse nada y que “no presentó denuncia” porque “no quería causarle ningún tipo de trauma a su hija”.

Juan Guillán, el primer abogado que tuvo Rosario Porto tras su detención como presunta parricida y que renunció el viernes pasado después del interrogatorio del juez, explica que en el piso de la calle Doutor Teixeiro que compartían ella y su pequeña “hay una caja de seguridad que está, precisamente, en la habitación de Asunta”. Según le constaba a él, su exclienta se puso en contacto con la policía pero luego todo quedó en nada. “Tanto ella como la hija eran muy, muy despistadas: se dejaban las llaves puestas muchas veces”. Por aquellas fechas, el 16 de julio, según denunciaron sus profesoras privadas de música tras la incineración de la cría, Asunta llegó a clase con síntomas muy extraños. Estaba muy mareada, bajo los efectos de unas pastillas, no pudo asistir a la lección de lenguaje musical con los otros chicos, y contó a las docentes: “Mi madre me quiere matar”. Las profesoras se lo comunicaron al padre, Alfonso Basterra, que era quien iba siempre a recogerla.

Según el exletrado de Porto, que por la tarde fue a visitarla a la cárcel de Teixeiro (A Coruña) y entró acompañado de la nueva abogada de Basterra, Belén Hospido, la salud de la imputada cayó en picado poco antes. Guillán sitúa “a finales de junio” la hospitalización de Charo Porto. “Entró por el lupus, pero el diagnóstico se complicó mucho. Los médicos llegaron a creer que tenía un ictus. Luego pasó ocho días en el hospital”. De ahí salió con una fuerte medicación, y tras el capítulo del supuesto intento de robo y el episodio de la academia de música, la madre de Asunta marchó a la playa, a recuperarse con unos amigos mientras la niña quedaba a cargo de su padre. “Rosario quería que la cría siguiese relacionándose con su padre. Si seguían comiendo juntos y compartiendo momentos era solo por Asunta. Se sacrificaba por ella, para que no sufriese por la separación”, defiende Guillán.

El abogado fue a la cárcel con el objetivo de pasarle toda la documentación reunida hasta el momento al que será el nuevo representante legal de Porto. Varios letrados, algunos de ellos penalistas conocidos, venidos de fuera de Galicia, se interesaron por el caso y tramitaron pases de visita para ofrecer sus servicios a la imputada, ante la repercusión mediática que ha despertado este crimen en Compostela. Guillán aceptó la defensa, cuando recibió la llamada de Rosario Porto, porque era amigo de su padre y desde que este murió “le llevaba los papeles de la herencia”. De ahí que tenga absoluta constancia de que ella era la “heredera universal”: “No solo porque era hija única, sino porque sus padres estaban totalmente entregados, siempre atentos a sus deseos”. El amigo de la familia confirma que ahora Porto intentaba vender la casa de campo de Teo, porque “no iba por allí y costaba mantenerla”. Él mismo estableció contacto con algunas personas, por si estaban interesadas en comprar. Pero, con los tiempos que corren, dice, nadie quería el chalé.

 

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Valverde: “Hicimos un partido flojísimo”

Decepcionado con la derrota de su equipo, Valverde reconoció que su equipo hizo un “partido flojísimo” y perdió “con justicia absoluta” ante el Granada en Los Cármenes. Leer



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Francisco reúne al ‘G-8’ para decidir el nuevo gobierno de la Iglesia

El objetivo no es solo reformar la curia romana, contagiada en los últimos tiempos por la mala influencia del diablo, que —según advirtió el papa Francisco el pasado sábado ante la Gendarmería— “trata de crear una guerra civil en el Vaticano”. Los ocho cardenales de los cinco continentes elegidos por el papa Francisco tendrán también la difícil misión de ayudarle en el gobierno de la Iglesia. Desde hoy hasta el jueves, en la intimidad de la biblioteca privada del apartamento pontificio, el Papa escuchará la opinión del “consejo cardenalicio” o “G8 de los cardenales” sobre las finanzas vaticanas —por primera vez en su historia, el Instituto para las Obras de Religión (IOR) presenta hoy públicamente sus cuentas—, pero también sobre la búsqueda de un papel más relevante de la mujer en la Iglesia. La última palabra, no obstante, será la de Francisco.

Los cardenales, nombrados por Francisco el pasado mes de abril, están ya en Roma, alojados en la residencia de Santa Marta, el mismo lugar en que pernoctaron durante el proceso de elección del nuevo pontífice y donde Jorge Mario Bergoglio, al que espanta la soledad del apartamento pontificio, vive y celebra misa cada mañana. Durante la de ayer, dijo que las reuniones del consejo de cardenales y los documentos que sean capaces de elaborar son “necesarios para planificar y hacer bien las cosas”, pero no constituyen “la vitalidad de la Iglesia”. El Papa, que ya ha dejado claro que desea una Iglesia “pobre y para los pobres”, con la brújula puesta en las periferias del mundo y de la fe, tiene la intención de limitarse estos días a escuchar y a conocer los más de 80 documentos de trabajo que ya han sido elaborados.

La elección de los ocho cardenales —el italiano Giuseppe Bertello, el chileno Francisco Javier Errázuriz, el indio Oswald Gracias, el alemán Reinhard Marx, el congolés Laurent Monsengwo Pasinya, el estadounidense Sean Patrick O’Malley, el australiano George Pell y el hondureño Óscar Andrés Rodríguez Madariaga— se produjo el pasado mes de abril, pero fue ayer cuando el papa Francisco constituyó oficialmente la comisión mediante un quirógrafo. Ya en la entrevista con Antonio Spadaro, el director de La civiltà católica, la revista de los jesuitas, Bergoglio hacía hincapié en el valor de la consulta: “Oigo a algunas personas que me dicen: no consulte demasiado y decida. Pero yo creo que consultar es muy importante. Los consistorios y los sínodos, por ejemplo, son lugares importantes para lograr que esta consulta llegue a ser verdadera y activa. Lo que hace falta es darles una forma menos rígida. Deseo consultas reales, no formales”. También resaltaba que, en cualquier caso, el llamado G8 no es una invención suya: “La consulta a los ocho cardenales, ese grupo consultivo externo, no es decisión solamente mía, sino que es fruto de la voluntad de los cardenales, tal como se expresó en las congregaciones generales antes del cónclave”.

En cualquier caso, el portavoz del Vaticano se esforzó ayer en rebajar la atención mediática que —como en todo lo que concierne al papa Francisco— rodea el encuentro de los ocho cardenales en Roma. No se informará puntualmente, dijo Federico Lombardi, del contenido de las reuniones ni habrá tampoco un comunicado final. Se les ha pedido discreción a los cardenales y se ha advertido de que, pese al huracán de titulares que protagoniza Francisco, las cosas de palacio —y sobre todo las de los palacios pontificios— seguirán caminando a paso de cardenal. No hay que olvidar que todos los asuntos sujetos a revisión, ya se trate de la reorganización interna de la Iglesia como de la discusión del papel de la mujer o del trato a las nuevas familias, son de un calado y de una complejidad considerables.

Coincidiendo con la primera reunión del consejo de cardenales, el padre Lombardi anunció que el Instituto para las Obras de la Religión (IOR), la famosa, por sus escándalos, banca del Vaticano, publicará a las ocho de la mañana del martes, y a través de su página web, (www.ior.va), el informe anual del año 2012. El texto contará con alrededor de 100 páginas y se trata de “un documento técnico” que irá acompañado por una introducción. El presidente del IOR, Ernst von Freyberg, ya anunció en octubre que se publicaría el informe, en un intento de arrojar luz sobre uno de los organismos que más quebraderos de cabeza ha dado a la Iglesia en los últimos tiempos y que el papa Francisco mostró desde el principio voluntad de reformar.

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Competencia cuestiona la privatización sanitaria

Falla la competencia entre empresas a la hora de optar a los concursos, el control de la calidad de la asistencia, hay incentivos perversos para fijarse en los pacientes más rentables y desatender al resto… La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) acaba de hacer público un informe en el que analiza los procesos de privatización —la llamada externalización— de la gestión sanitaria llevados a cabo hasta el momento en las comunidades autónomas. Y, a pesar de que su intención no era “valorar la necesidad o conveniencia de un sistema de gestión directa o gestión indirecta”, lo cierto es que la radiografía que hace de estos procesos muestra importantes deficiencias que, según señala la CNC, habría que corregir en el futuro.

El informe no califica ni juzga; se limita a recoger la información disponible sobre cómo se han llevado a cabo las externalizaciones y a comparar con los principios expuestos en la Guía sobre contratación pública y competencia de la propia CNC. En las conclusiones, el organismo recuerda por qué es importante respetar la competencia en los procesos de contratación pública. Si se hace inadecuadamente “puede tener consecuencias muy negativas, dado que puede encarecer innecesariamente el coste de la prestación del servicio” y “conducir a una calidad inadecuada de los servicios recibidos por los usuarios”.

» Control de calidad. La CNC recuerda que, con independencia de quién preste los servicios sanitarios, el nivel de calidad debe estar asegurado. Si es una empresa, el papel de la Administración es controlar que cumple. Y ahí es donde fallan los pliegos de los concursos analizados, especialmente en el caso de Madrid y su plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos. “Desarrollan de un modo muy sucinto los controles de calidad y la penalización efectiva”, es decir, las multas que aplica la Administración si el contratista falla, señala el informe. Las penalizaciones, añade, “pueden incrementar los incentivos a prestar una atención de mayor calidad”, pero en el caso de Madrid “los pliegos contienen un detalle muy escueto de las penalizaciones y de su forma de determinación, lo cual reduce su credibilidad”. Tampoco es bueno, añade, que el máximo que se le pueda restar del canon sea el 20%, porque si la empresa incumpliera todos los estándares “aún recibiría el 80% de la cápita”. “Parecería más oportuno que se establecieran unos valores mínimos para los indicadores de calidad, y no para los ingresos de la sociedad gestora”, concluye.

» Facturación intercentros. La falta de transparencia y de estadísticas fiables lastra los concursos y puede generar incentivos perversos: ir en busca de los pacientes más rentables y dejar en segundo plano a los demás. Los ingresos de las concesionarias parten de una cantidad fija anual por paciente de su área geográfica. Si atraen los de otras áreas, se les compensa. Si sus pacientes se van a otros hospitales, se les penaliza. Esos intercambios son la llamada facturación intercentros. Para determinarla se usan precios públicos que, si no están bien calculados y no reflejan bien los costes, “pueden distorsionar gravemente la oferta sanitaria de los centros de gestión externalizada”, dado que “tendrán incentivos a enfocar sus recursos hacia la captación de pacientes de otras áreas de las especialidades comparativamente mejor remuneradas, desatendiendo la atención de las especialidades peor remuneradas”.

El informe asegura: “La facturación intercentros se dirige a estimular la competencia en la calidad percibida de los pacientes, que no tiene por qué coincidir con una mayor calidad de la asistencia sanitaria”. Es decir, al paciente le puede atraer la habitación individual, pero eso no quiere decir que la atención sanitaria que reciba sea mejor. Tanto en Madrid como en Valencia el informe detecta el “problema” de que la Administración no ha hecho públicas estadísticas “que permitan hacer estimaciones fiables sobre cuánto supondrá la facturación” ni una “metodología de cálculo establecida de los precios”. De ello puede resultar un “elevado riesgo regulatorio”.

» Concurrencia. El informe asegura que los procesos de externalización han tenido “una participación alarmantemente reducida de empresas”. De hecho, en la mayoría solo se presentó un candidato. Los beneficios de la competencia se diluyen si hay pocos licitadores, recuerda el texto. Que haya un número “extraordinariamente reducido” puede presentar “indicios de colusión entre licitadores”. Hay ejemplos. A cinco de las seis licitaciones en la Comunidad Valenciana concurrió solo una agrupación de empresas y las seis fueron finalmente adjudicadas a empresas participadas por Ribera Salud. El informe también recoge el caso de Madrid y la “escasa participación” en el último concurso. “Solo se presentaron tres empresas para los cinco lotes, no existiendo concurrencia de ofertas para ningún lote”.

Resultado: no rebajaron el precio. “No hubo reducciones significativas de la variable precio (la cápita) propuesta […] por el licitador”, afirma. En una nota a pie de página, los autores hacen un cálculo de probabilidades: “Si existieran 6 posibles licitadores, la probabilidad de que solo se presentaran tres candidatos a los cinco lotes, que ningún lote quede sin oferta y que sus ofertas no coincidieran para ningún lote es del 0,0002%”.

» Plazos reducidos. Si la Administración da poco tiempo a las empresas para presentar sus ofertas, el “efecto indeseado” puede ser “constreñir el número de concurrentes a las licitaciones, e incluso otorgar ventaja a algunas empresas que cuenten inicialmente con información”. El ejemplo es, una vez más, el proceso de Madrid, paralizado cautelarmente por la justicia desde el pasado día 11 de septiembre. Solo daba un mes para presentar las ofertas. Plazo que “puede resultar escaso para la preparación de las proposiciones” dada su complejidad. El nivel de detalle requerido “limita gravemente el número de empresas que pueden realizarlo”.

» Duración de los contratos. “Conviene que los contratos no perduren largos períodos de tiempo sin ser sometidos a competencia”, dice el regulador. Una vez más, le llama la atención el caso del plan privatizador de Madrid, que concede 10 años de contrato. Este plazo “podría ser elevado”, señala, “teniendo en cuenta que los adjudicatarios no deben efectuar grandes inversiones: al tratarse de hospitales prácticamente nuevos [2008], las infraestructuras, equipamiento y mobiliario no requerirán, en principio, más que inversiones de mantenimiento”. Al regulador le “llaman la atención las diferencias” entre comunidades. En la Comunidad Valenciana los contratos, que incluían la construcción, se hicieron por 15 años. En Madrid, los tres primeros hospitales de gestión privada (Valdemoro, Torrejón y Móstoles), con características similares, se adjudicaron por 30 años.

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