Cataluña cambia la ley para prohibir el ‘fracking’

El fracking está prohibido en Cataluña. La oposición de la Generalitat a permitir esa polémica práctica extractiva de hidrocarburos es ley desde el pasado jueves, cuando se publicó la Ley de Acompañamiento de Presupuestos. Esta recoge una modificación de la normativa sobre urbanismo que señala que no está “permitido utilizar la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas”.

En la práctica, lo que ese cambio implica es que la Administración catalana no podrá otorgar los permisos urbanísticos para construir y poner en marcha en territorio catalán instalaciones con el objeto de utilizar esa técnica basada en la destrucción de la roca madre del suelo mediante la inyección a presión de agua y productos químicos.

Hasta ahora, la Generalitat ya había ido denegando una a una todas las peticiones de licencias para utilizar el fracking en subsuelo catalán, en algunos casos porque había expirado el calendario para presentar la documentación, pero quedaban algunos flecos pendientes. Sobre todo en cuatro zonas a caballo de Cataluña y Aragón donde el Ministerio de Industria había autorizado la exploración para conocer si se podía extraer gas o petróleo del subsuelo. Aunque los resultados fueran positivos, sería imposible llevarlas a cabo, a no ser que las instalaciones se sitúen completamente en territorio aragonés. “En Cataluña está totalmente prohibida”, confirmó ayer el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Pere Torres.

La decisión de la Administración, no obstante, no descansa sobre argumentos medioambientales. Reside en un estudio del Gobierno catalán que concluye que la fractura hidráulica apenas permitiría aflorar el equivalente a 0,7 años del consumo de gas de la comunidad. Ante esas expectativas, el documento apostaba por dar carpetazo para evitar los “costes sociales” causados por los movimientos opositores

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Rigau cree que el modelo catalán puede estar tocado de muerte

Los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suponen un punto de inflexión en la batalla lingüística iniciada hace ocho años porque es la primera vez que impone una medida concreta —la del 25% mínimo de horas en castellano—, totalmente opuesta al sistema de inmersión. La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, tachó las resoluciones de “sorprendentes” e “incomprensibles” y confesó “un sentimiento personal de indignación”. “No quiero pensar que cinco familias puedan cambiar todo el sistema”, lamentó Rigau. Preguntada sobre si la inmersión había quedado tocada de muerte, la consejera no lo negó e insinuó que el modelo de escuela catalana podría estar en peligro.

Rigau destacó la importancia de los autos por el hecho de que, por primera vez, se fija un porcentaje de horas en castellano y recordó que hasta ahora las sentencias del Tribunal Supremo habían dejado en manos de la Generalitat el poder de fijar el equilibrio entre ambas lenguas. “Ahora resulta que el TSJC se apropia del poder de poner un porcentaje. ¿Pero en qué se basa para poner esta cifra?”, cuestionó. Esta pregunta se hizo ayer también Francisco Caja, portavoz de las familias demandantes, que admitió que el porcentaje es “arbitrario”. “El tribunal no explica las razones de por qué un 25% y no el 20% o el 30%”, apuntó Caja. Para él, lo ideal sería el 50%.

La consejera denunció que “se pretenda imponer en Cataluña, por vía judicial desde el Supremo, el modelo que desde el Partido Popular se está imponiendo en territorios como las Islas Baleares o el País Valenciano”, acusó al tribunal de “extralimitarse” —“tiene como función hacer cumplir las leyes, no cambiarlas”, dijo— y se mostró sorprendida porque se apele directamente a los directores para hacer cumplir las resoluciones. “Nosotros somos los responsables de sistema. Cuesta entender que se quiera obligar a los centros a desobedecer la Ley de Educación de Cataluña”, aseguró. Ninguno de los cinco responsables de las escuelas afectadas quiso ayer hacer valoraciones a este periódico. “Me he enterado por los medios. No nos ha llegado ninguna resolución”, admitía un director, quien se limitó a apuntar que esperarían “las directrices del Departamento”, con cuyos representantes se reunirán el lunes.

En todo caso, Rigau ya avanzó que de momento no cambiará nada en las aulas. “Recurriremos y cuando tengamos respuesta, ya decidiremos”, zanjó la consejera, dudando de que en solo un mes se pueda cambiar la metodología del aula. “Es inviable cambiar el lenguaje, los materiales…”.

El colegio Mare de Déu del Roser de Barcelona es uno de los centros afectados. Muchos de los padres que ayer esperaban a las cinco de la tarde para recoger a sus hijos ya conocían la resolución judicial. Las opiniones eran dispares. “Me parece fatal, yo no quiero que mis hijos aprendan en castellano, tengo el mismo derecho que los que denuncian”, opinaba Dina, una madre. De forma diferente se expresaba otro padre, Andreu. “No me parece mal que den un 25% en castellano. Lo ideal sería que también hubiera alguna asignatura en inglés”, defendió. Con esta diversidad de posiciones, el presidente de la AMPA prefirió no opinar, alegando que, al final, la línea educativa la marcarán los profesores, informa Paula Montañà.

Las familias demandantes no quisieron hablar, pero sí su portavoz, que aplaudió los autos “porque reconocen el incumplimiento de las sentencias por parte de Rigau y esto abre la puerta a un procesamiento de la consejera por desobediencia”, lanzó Caja. En un tono muy diferente, Joan Badia, catedrático de catalán de Secundaria y experto sobre políticas de inmersión lingüística, tachó el auto de “intervencionismo jurídico inusual”. “Es algo estrambótico que un tribunal diga cuántas horas se tiene que dedicar a una lengua u otra. El tribunal se ha puesto a hacer de consejero de enseñanza, pero este papel no le toca”, valoró Badia.

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Una mafia empresarial a la caza de contratas municipales

Se citaban en lugares apartados, en las afueras de las ciudades, en ocasiones dando rodeos laberínticos e incluso protegiéndose con sistemas de contravigilancia. Eran tan conscientes de que sus teléfonos podían estar intervenidos que hablaban con extrañas claves y se referían a sus contactos con motes como Cachas negras, Ojo de lince, El gordito, El padrino, El cura, El Pulpo, Pijolandia, El birollo… Al dinero destinado a los sobornos que enviaban a través de Seur se referían como “pintura”, “botes”, “prensa deportiva” o “quesos”. El modo de actuar del grupo empresarial Vendex, el eje de la Operación Pokémon, para captar contratos de algunos de los principales Ayuntamientos de Galicia, era similar al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que pinchó sus teléfonos, les hizo seguimientos y captó fotografías y vídeos, ahora tampoco bajo secreto, de sus habituales contactos con políticos.

La apertura de buena parte del mayor sumario por corrupción instruido nunca en Galicia, por el que la juez de Lugo Pilar de Lara ha imputado a un centenar de personas —directivos del grupo empresarial, políticos y funcionarios— confirma las graves acusaciones contra los gobiernos municipales del PSOE en Lugo y Ourense y del PP en Santiago y A Coruña. Los peor parados son el alcalde lucense, Xosé López Orozco, y el exregidor de Ourense, Francisco Rodríguez. Aduanas deduce, de diversos testimonios, que Orozco presuntamente recibió de Vendex sobres mensuales de 2.000 euros. En conversaciones intervenidas, directivos del grupo aseguran que compraron un reloj Rolex de 6.000 euros para el exalcalde ourensano. Los pinchazos arrojan también graves sospechas de que supuestamente se amañaron concursos públicos en Ourense y que se preparaban maniobras similares en Santiago. Pero además de los imputados, los directivos de Vendex alardean en sus conversaciones de los supuestos contactos mantenidos con otros políticos como el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira; el exregidor de esa ciudad Francisco Vázquez (El Embajador) o el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro (El Chino), del que el delegado del entramado de empresas en Galicia, José María Tutor, dice que tiene que “empezarse a relajar”.

En el universo Pokémon, a caballo entre las dos orillas, como un puente que une el mundo de los cazadores de contratas y los políticos que supuestamente se venden a la trama mafiosa (por paquetes de dinero de algo menos de un kilo a través de Seur), los informes de los investigadores sitúan a Francisco Félix Fernández Liñares. Este es el cromo de la colección que durante más tiempo (casi desde el mismo momento en que estalló la Operación Carioca contra la prostitución) persiguió la juez De Lara. Mano izquierda de Orozco, concejal omnipotente de Economía, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, fue aupado después por el Gobierno socialista a un cargo que se estrenaba, el de presidente de la Confederación Miño-Sil.

A lo largo de los 26 tomos del sumario que ayer dejaron de ser secretos, el hombre pequeño y calvo al que la trama se refiere como Tkachenko o Garbancito, se ve presuntamente involucrado en los cobros de mordidas tanto siendo edil como responsable de la suerte de los ríos gallegos. Su supuesto testaferro, hombre fiel durante media vida, Javier Reguera (propietario del solar y el local del prostíbulo Queen’s, nido de la Carioca), según un testigo llega a alabar en un momento dado su integridad: “Mira, fue honrado, se marchó a la Confederación y ahora dice que ya no quiere cobrar más porque se va”. Pero lo que creen los agentes de Aduanas es que, después, siguió recibiendo los “palés” de “pintura”.

En su etapa municipal, Liñares aparece descrito como controlador de todas las contratas municipales, empezando por la de la grúa, que ya en el año 2000, como si fuese su empresa particular, acude a rescatarlo tras un accidente en ruta. A los pocos días, se libró de pagar los arreglos del taller de coches, por un valor de casi millón y medio de pesetas, falseando la factura del chapista: según los investigadores, cambió sobre el papel la matrícula de su Nissan Primera por la de una grúa plataforma. Reguera es la sombra de Liñares y a la vez empleado de José María Tutor, el jefe en Galicia de Vendex (el grupo de empresas que controla desde Madrid Gervasio Rolando Rodríguez Acosta). Antes incluso de llegar a Lugo Doal, la empresa de la ORA de Vendex, Reguera, encargado de la firma de la competencia, llevaba coche y móvil de la primera firma, según refiere el sumario. Y en aquel momento también Tutor, desde la distancia, fue mentor, a través de Reguera y Liñares, del convenio laboral de la plantilla de la empresa de la grúa, Cechalva, que no era de Vendex. Así lo describe uno de los primeros testigos, exsocio de esta concesionaria, que dio además a la juez las primeras pistas sobre los supuestos pagos en negro al alcalde.

Cuando la trama habla de “tomar un agua” es que va a quedar con el presidente de la Confederación. Reguera habla a diario con Garbancito. En el momento en que empiezan a sentir que los persiguen, deciden entenderse en clave, lanzar por teléfono mensajes equívocos para despistar, citarse en coches después de tomar “mil tipos de cautelas”, con extrañas maniobras y muchas vueltas. Pero no se resistían a seguir con los pagos y los cobros. A finales de 2011, cuando Liñares ya esperaba su cese en la Confederación, desplegó una actividad frenética para dejar amañados, supuestamente, contratos con diversas empresas amigas. Así habría utilizado a sus hijos como testaferros en varios negocios, y favorecido a otro de sus fieles en Lugo, Manuel Santiso (socio en varios frentes de Reguera), convocando incluso un concurso en el que las dos firmas perdedoras estaban conchabadas. También habría apurado dos obras según los deseos de Orozco en Lugo, y concedió por 227.210 euros trabajos en ríos de Ourense y Pontevedra al dueño de una empresa de reforestación que, a cambio, según los investigadores, le plantó 4.000 eucaliptos en un par de fincas de su propiedad.

 

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“Las mujeres tenemos derecho a decidir si queremos hijos”

Varios de personas esperaban esta tarde en la estación de Valladolid a las 150 asturianas que viajan en el llamado tren de la libertad. Con el lema “yo decido”, llegarán mañana a Madrid, donde se unirán al resto de grupos procedentes de una treintena de ciudades de toda España, para entregar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los ministros de Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Mato, una carta en contra del anteproyecto de ley del aborto. Pero antes de eso, han hecho una parada en Valladolid donde han coincidido con la convención nacional del Partido Popular.

“Casualidad”, afirma Begoña Piñero, presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, que organiza el tren de la libertad junto a la asociación Mujeres por la Igualdad de Barredos. “Si llegábamos hoy a Madrid, el registro ya estaría cerrado. Así que decidimos hacer noche aquí y de paso montar otra manifestación”. Cámaras, fotógrafos y cientos de ciudadanos con pancartas han escuchado entre palmas y silbidos la canción que han compuesto para la ocasión. “Gallardón que es un fascista redomado, emisario del tea-party y el sayón, investido con el sodio vaticano ha parido una estrategia que proclama sin rubor”. Y al compás del chacacha del tren, advierten: “Las mujeres van directas a por él”.

Emocionadas y agradecidas por la acogida que les han dado los vallisoletanos, se han puesto en marcha hacia el Auditorio Miguel Delibes, donde se concentraba en esos momentos la cúpula del PP. Decenas de policías han escoltado la manifestación hasta los alrededores del lugar, donde esperaban unas 15 furgonetas de antidisturbios. “¿Qué habrán hecho que tienen tanto miedo?”, gritaban al acercarse a las vallas amarillas que les impedían llegar hasta los políticos. E ironizaban: “¿Cuándo viene Bárcenas?”.

“Exigimos un aborto gratuito y libre”, ha declarado Selma Soregui, encargada de leer el manifiesto. “Las mujeres tenemos que poder decidir si queremos o no tener hijos. Nadie puede decidir sobre nuestro cuerpo. Ni las instituciones, ni los religiosos, ni los políticos. Solo las mujeres”. Palmas, silbidos y gritos de “sí se puede” acompañaban cada una de sus frases.

Mañana sábado les espera otra larga jornada de movilizaciones, pero estas mujeres no pierden la sonrisa. “Estoy convencida de que vamos a parar este anteproyecto de reforma”, ha afirmado muy convencida Blanca Muñiz, presidenta de la asociación Mujeres Valle de Quirós. “La marea violeta no va a parar, igual que no paró la marea blanca”, ha asegurado haciendo referencia al abandono del plan privatizador de la sanidad madrileña. “En dos días pretenden quitarnos un derecho que hemos conseguido en años. Es una locura”.

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Berlín se plantea un cambio en política militar internacional

El lustro transcurrido desde el estallido de la crisis financiera en Europa ha dado lugar a la entronización de Alemania como indiscutida potencia hegemónica en la política económica. La metamorfosis de Berlín —de coprotagonista a director— en este sector no ha sin embargo afectado la política exterior y de seguridad. Alemania ha mantenido hasta ahora su discreto segundo plano; su reluctancia a asumir responsabilidades militares o diplomáticas, como muestra la abstención en el voto sobre la intervención en Libia. Pero, en este dominio también, hay síntomas de cambio.

La nueva ministra de Defensa, la democristiana Ursula von der Leyen, plasmó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich el cambio de actitud que gana terreno en la política alemana. “La indiferencia no es una opción para Alemania. Aquellos que tienen medios, tienen responsabilidades. Tenemos la obligación de contribuir a la búsqueda de soluciones a crisis y conflictos. Tenemos la responsabilidad de proteger y el interés, como potencia económica, a que se mantenga la paz y la estabilidad”, dijo la ministra en el foro, que reúne en la capital bávara a unos 50 ministros de Defensa y Exteriores (entre ellos el español Pedro Morenés), una quincena de jefes de Estado y Gobierno y centenares de expertos del sector.

Leyen, un valor político en alza en Berlín, encabeza el impulso para que Alemania se distancie de la pasividad tradicional desde la posguerra y asuma un mayor protagonismo internacional dentro de una óptica de mantenimiento de la paz y estabilidad. “Reforzaremos nuestra presencia en Malí; respaldamos una misión en República Centroafricana; cooperaremos en la eliminación de las armas químicas sirias”, dijo la ministra, quien precisó que esa disponibilidad no equivale a utilizar “todo el espectro de las capacidades militares”.

Antes que ella, el presidente Joachim Gauck, abogó de forma aún más explícita por ese giro. “Durante seis décadas hemos vivido en paz con los vecinos, en democracia y en el respeto de los derechos humanos. Ya podemos confiar en nosotros mismos; los demás pueden confiar en nosotros. Creo que es hora de que asumamos responsabilidades más sustanciales; de que demos pasos más decididos para preservar el orden y los valores en los que creemos; de que en lugar de huir de los desafíos, los enfrentemos”, dijo Gauck, inaugurando la 50 edición de la conferencia.

El ministro de Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, también trabaja en un cambio de rumbo con respecto a la línea de su predecesor, el liberal Guido Westerwelle, y parece en cierta sintonía con Leyen.

En esa perspectiva, la ministra de Defensa apuesta por una mayor cooperación militar europea, un proyecto que tradicionalmente despierta suspicacias en la OTAN. La mayor disponibilidad alemana es vista con interés como herramienta para compensar la escasez de recursos en tiempos de recortes, pero también con recelo, sobre todo en París, ante el reequilibrio de poder que supondría a escala europea.

En cualquier caso, quedan serios obstáculos para que este impulso político se convierta en un giro real: una encuesta publicada este viernes por la cadena ARD apunta a que un 60% de los alemanes se opone a una mayor participación de sus Fuerzas Armadas en misiones internacionales, y solo el 30% lo apoya. Conocedora de ese sentimiento colectivo y apegada a su proverbial prudencia política, la canciller Angela Merkel se yergue como un probable freno al cambio del que hablan su presidente y su ministra de Defensa.

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La banca agita al Gobierno danés

Goldman Sachs se ha convertido en el nuevo compañero de viaje de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Helle Thorning-Schmidt. La entrada del banco de inversión estadounidense en la principal empresa pública de energía de Dinamarca, Dong Energy, ha provocado la salida del gobierno de su socio el Partido Socialista (SF). La combinación de fuerzas en el Folketinget (el Parlamento danés, que dio luz verde el jueves a la privatización parcial) se antoja, tras la dimisión en bloque de los seis ministros del SF del actual Ejecutivo, más que complicada.

Pero a Thorning-Schmidt, acostumbrada a moverse en arenas movedizas, nada parece hacerle abandonar el sillón en el Palacio de Gobierno de Christianborg, pese a que afronta la tercera remodelación de su Gabinete en tres meses. Nadie se plantea en este pequeño país de cinco millones de habitantes que se vayan a convocar elecciones anticipadas pese a que los dos partidos que quedan en el Gobierno (socialdemócratas y radicales) suman solo 61 escaños en un parlamento de 179.

La salida de los ministros de SF es consecuencia de la entrada de Goldman Sachs en su principal empresa pública de energía, Dong Energy, una privatización parcial que ha generado gran descontento, y no sólo entre los votantes de izquierda. De hecho, según algunos sondeos, un 68% de la población danesa se manifiesta en contra de la operación.

Son varios los motivos. Los hay morales, por el papel jugado por el banco de inversión estadounidense en la crisis financiera mundial. Pero la mayoría son económicos. En noviembre del año pasado el Gobierno de Thorning-Schmidt firmó un acuerdo de ampliación de capital en Dong Energy por el cual Goldman Sachs se haría con el 19% de la eléctrica, por unos 8.000 millones de coronas danesas (1.071 millones de euros). Dos fondos de pensiones daneses entran con una participación menor (ATP con un 5% y PFA otro 2%), de modo que el Estado baja del 81% al 60% su porcentaje.

Según el ex primer ministro Poul Nyrup Rasmussen, el banco estadounidense estaría pagando entre un 25% y un 40% menos por acción del valor real de la compañía, un suculento negocio a riesgo prácticamente cero. En palabras de Rasmussen, “esta operación es para Goldman Sachs un negocio redondo que, sin embargo, lleva a Dinamarca a tocar fondo”.

Pero no sólo eso, la radio pública danesa DR afirma también que la compra se articula a través de una sociedad montada ad hoc por el banco de inversiones en Luxemburgo, New Energy Investment, vinculada con otras dos entidades, ubicadas en Delaware (EE UU) y en Islas Caimán, las tres plazas consideradas paraísos fiscales, algo que ha irritado aún más a los daneses.

Thorninng-Schmidt defiende la operación para lograr liquidez para las inversiones que prevé Dong, que arrastra una deuda de 4.000 millones de coronas (536 millones de euros) y una acuciante escasez de liquidez para poder llevar a cabo nuevas inversiones en el campo de la energía eólica marina. “En las circunstancias en la que estaba Dong Energy teníamos que decidir si ampliar capital o hacer cortes drásticos. No actuar y quedarnos de brazos cruzados, no era una salida válida. Habría tenido consecuencias muy serias”, dice Bjarne Corydon, actual ministro de Finanzas. Tanto él como la primera ministra están convencidos, y así lo han repetido en varias ocasiones, de que la entrada de Goldman Sachs es lo que necesita Dong Energy para que su salida a Bolsa, prevista para 2017, sea un éxito.

En Copenhague esperan que la nieve caída en las últimas horas acabe por enfriar los caldeados pasillos del palacio de Christiansborg y que, a principios de la semana que viene, se presente ya a los nuevos ministros. Mientras ese momento llega son muchos los daneses que, entre bromas, señalan que lo mejor será seguir de cerca la mundialmente conocida serie danesa Borgen. Cuenta las intrigas políticas que rodean a una primera ministra, también mujer y también danesa. En el capítulo 15, el partido ecologista con el que la primera ministra formaba coalición sale del Ejecutivo, de forma muy parecida a como ahora lo ha hecho el SF. Interesante saber en capítulos posteriores qué papel le hacen jugar a la primera ministra de la ficción, porque muchos en Dinamarca quieren que su alter ego Helle Thorning-Schmidt  se vaya a Bruselas.

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Wall Street sufre el peor arranque de año de los últimos tres años

Mal arranque de año en Wall Street. El principal índice de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones, despide el mes de enero con una caída del 5,3% en el Dow Jones, lo que equivale al peor inicio de año desde 2010. La contracción es suficiente, además, para comerse todo lo ganado durante noviembre y diciembre. En el caso del S&P500, la caída en el mes es del 3,6% y del 1,7% en el Nasdaq.

En Europa, también la jornada, la semana y, sobre todo, el mes han acabado con números rojos. Para España, las dudas de las últimas sesiones acabaron provocando un descenso del 0,44% en el día y cerrar enero en tablas. En Londres, el FTSE se ha dejado un 4% en lo que va de año, el Cac parisino ha retrocedido más de un 4,75% y, el Dax alemán, otro 4,5%.

El Dow Jones ha perdido prácticamente 1.000 puntos desde el máximo histórico marcado a mediados de enero, cuando llegó a tocar los 16.588 puntos. Los analistas buscan motivos para explicar el incremento de la volatilidad, que coincide con las turbulencias en algunos mercados emergentes. Por lo que respecta a este viernes, las ventas han aumentado tras los resultados decepcionantes de algunos de los nombres importantes, como Amazon, MasterCard o Chevron. En Europa, el temor a un periodo largo de inflación también incrementó los temores de los inversores a que la recuperación se tome más tiempo de lo previsto.

El Fondo Monetario Internacional insiste que “es difícil” señalar un único motivo que explique la tensión que ahora se ve en algunas economía. Por un lado, el organismo dirigido por Chirstine Lagarde cita la moderación del crecimiento en China y el abaratamiento de las materias primas. Por otro, el inicio del proceso hacia la normalización de la política monetaria y unas condiciones más restrictivas en los mercados financieros.

La Reserva Federal cerró esta semana un poco más el grifo de la liquidez. Sin citarlo directamente, el Fondo vuelve a pedir al banco central estadounidense que preste atención también a lo que está pasando fuera, aunque reconozca el esfuerzo del instituto emisor del dólar por comunicar su estrategia. A los emergentes, por su parte, les recomienda que para hacer frente a los choques que están sufriendo en los mercados de divisas, usen también la política monetaria, tal y como han hecho Turquía e India en esta misma semana.

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