El deterioro del mercado laboral desploma las pensiones

La Seguridad Social ha vuelto a registrar los números rojos más altos de su historia. Lo hizo en 2012, cuando su déficit llegó al 0,96% del PIB. Y lo ha vuelto a hacer en 2013, con un 1,16%, según los datos del Ministerio de Hacienda, un desfase total 11.861 millones de euros. La mala situación del mercado laboral acarrea un desplome de los ingresos por cotizaciones; mientras los gastos crecen de forma incesante.

Cuando se habla de Seguridad Social, lo primero que viene a la cabeza son las pensiones. Y ahí es donde hay un agujero incluso mayor que el global: un 1,19%, un descuadre entre ingresos y gastos de 12.167,8 millones.

Pero si se trata de contabilidad nacional, la Seguridad Social se compone de otras dos patas: el Fondo de Garantía Salarial, que tuvo un pequeño déficit del 0,08%, y el seguro de desempleo, que, en cambio, registró un superávit del 0,11%. Y así sale una suma agregada del 1,16%.

Pese al dato positivo del desempleo, no hay que concluir que esto se debe a un gran hundimiento del gasto en prestaciones. Este saldo tiene más que ver con el crédito extraordinario de 5.893 millones que Hacienda transfirió 5.893 en el último trimestre del año pasado.

En la nota oficial, el Ministerio de Empleo se apresuró a destacar que el dato final mejoraba el déficit previsto de 1,4%. No obstante, esta mejora se realiza sobre la previsión corregida y no sobre la inicial, la realizada cuando se elaboraron los presupuestos de 2013, donde había un equilibrio entre ingresos y gastos.

La principal causa de este desfase está en la falta de ingresos por cotizaciones que tiene la Seguridad Social, por las que se ingresó 98.093 millones. Es la primera vez desde 2006 que la recaudación baja de los 100.000 millones de euros por primera vez desde 2006. A esta fuente de ingresos hay que sumar otros conceptos como las tasas o las transferencias procedentes de la Administración central. Precisamente, el aumento de estas últimas hasta los 18.423 millones —2013 fue el primer año en que Hacienda asumió al 100% el gasto de las prestaciones que necesitan ser complementadas hasta llegar a la pensión mínima— es lo que explica el incremento total de ingresos de la Seguridad Social en casi un 3%.

Pero esto no fue suficiente, porque los gastos siguieron creciendo por encima. En total aumentaron un 4,1%. Este incremento se debe a la marcha de las pensiones, que crecieron al 4,9%.

Por otro lado, este lunes el Ministerio de Empleo también informó de la ejecución presupuestaria del sistema de pensiones hasta febrero. Durante los dos primeros meses del año, la Seguridad Social registró un superávit de 3.490 millones. Los datos positivos son habituales al comienzo del año. No obstante, este año es bastante peor que en 2013, cuando el superávit llegó a los 6.467 millones.

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1fgMG2P

Arturo Fernández explota el comedor de la Cámara de Comercio que preside

El grupo hostelero Arturo Cantoblanco, dirigido por el empresario Arturo Fernández, lleva años encargándose del servicio de comedor de la Cámara de Comercio de Madrid, pese a que el propio Fernández es desde julio de 2010 presidente de ese organismo.

El contrato, que se licita anualmente, está diseñado de una forma muy ventajosa para la empresa de Fernández, puesto que prima el tamaño y la experiencia en un sector en el que el grupo Arturo Cantoblanco es líder —gracias, entre otras cosas, a las concesiones administrativas—, muy por encima del precio de los menús o de otras “mejoras” relacionadas con su calidad y variedad.

Pese al aparente conflicto de intereses que supone que el presidente del organismo firme la adjudicación de un servicio a su propia empresa, el reglamento interno de la Cámara de Comercio valida administrativamente esa circunstancia, según denuncia Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercio de Madrid.

En febrero de 2007, el empresario Gerardo Díaz Ferrán —condenado recientemente a dos años de cárcel por fraude fiscal— es elegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Deja entonces sus cargos como presidente de la Confederación Empresarial Madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de Madrid. El primero queda en manos de Arturo Fernández; el segundo recae en Salvador Santos Campano, aunque realmente es el presidente de CEIM quien hace y deshace a su gusto también en la Cámara.

Apenas tres años después, en 2010, Fernández sustituye finalmente a Santos Campano al frente de la Cámara y unifica todo el poder empresarial en sus manos con el beneplácito de la CEOE.

Fernández se dice “buen amigo” de Santos Campano, “una persona entrañable” a la que nombra a continuación vicepresidente de CEIM, un cargo que mantiene en la actualidad. Además, Campano también sigue siendo vocal de la junta rectora de Ifema, entidad en la que la Cámara de Comercio tiene el 31% de acciones.

Es antes de la llegada de Fernández a la presidencia cuando la Cámara de Comercio modifica el procedimiento de licitación del contrato de comedor, convirtiéndolo, de hecho, en un concurso a medida de su empresa.

Se toman entonces en cuenta cuatro criterios de ponderación: el precio del menú da un máximo de 30 puntos al más competitivo; la experiencia y facturación otorga 40 puntos; los certificados oficiales, 20 puntos; y otras “mejoras propuestas”, 10 puntos.

En 2010, con Fernández ya de presidente, se presentaron tres empresas: Serunion, ISS Soluciones de Catering y el Grupo Cantoblanco. ISS ofrecía el menú a 5,50 euros; logró 30 puntos. Serunion, a seis euros; obtuvo 28 puntos. Cantoblanco, a 6,46 euros, mereció 26 puntos.

Por tamaño y experiencia, sin embargo, ISS sumó dos puntos; Serunion, nueve; Cantoblanco, 40. Algo similar ocurrió con los certificados: ISS logró 13 puntos; Serunion, otros 13; Cantoblanco, 20. En cuanto a las “mejoras”, ISS obtuvo nueve puntos; Serunion, cuatro; Cantoblanco, gracias entre otros parámetros a la “amplia variedad de oferta” o la “uniformidad de calidad”, consiguió 10.

La empresa de Fernández ganó así el concurso con 96 puntos sobre 100, frente a los 54 de sus rivales. Y lo siguió ganando en años posteriores, según confirma el propio empresario, que destaca sin embargo que se está pensando seguir compitiendo por esta adjudicación, y resalta además que nunca intentó, en cambio, ganar el concurso de catering que también licita la Cámara.

Así, el servicio de comedor es adjudicado en 2010 al grupo Arturo Cantoblanco con la aprobación y firma de Arturo Fernández. ¿Supuso una irregularidad? No, al menos técnicamente. Según adelantó eldiario.es, los 60 directivos de la Cámara elegidos directamente por los empresarios tienen un régimen de incompatibilidades que les impediría hacer algo parecido, pero no así los nueve que designa libremente la CEIM, entre lo que se cuenta el propio Fernández.

“Hacer negocio con la Cámara contraviene los usos y costumbres centenarios del organismo”, denuncia Alfaro. Este empresario trató de arrebatarle la semana pasada la presidencia de CEIM a Fernández, denunciando su falta de ética. Perdió las elecciones.

Siendo miembro del Consejo Ejecutivo del Ifema, Fernández también ganó el contrato para gestionar sus bares, restaurante y cafeterías. Tuvo que abandonar su explotación en diciembre de 2013 porque se le reclamó una deuda de 1,27 millones y el incumplimiento del concurso.

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1gVy4rH

La deuda externa cae del 160% del PIB por primera vez en cuatro años

Fue una las principales hipotecas que legaron los años de burbuja inmobiliaria. No dejó de aumentar su peso tras el estallido de la crisis. Y ahora es un indicador de lo lenta y trabajosa que será la recuperación apenas comenzada. La deuda externa de la economía española, tras triplicarse en apenas una década, y tocar cima en el verano de 2012 (1,77 billones, equivalente al 171% del PIB), retrocedió gradualmente a lo largo del año pasado, para acabar el ejercicio en los 1,63 billones de euros, según las cuentas del Banco de España. El endeudamiento con el resto del mundo equivalía al cierre de 2013 al 159,7% del PIB, el nivel más bajo en cuatro años.

Como ha ocurrido en los últimos trimestres, es la banca la que concentra este proceso de desapalancamiento. Entre octubre y diciembre, la deuda con el exterior descendió en algo más de 18.000 millones de euros, un ritmo de ajuste algo menor al del resto del año. Las entidades financieras cancelaron unos 13.000 millones de deuda y, además, redujeron su exposición al crédito del Banco Central Europeo —que se vehicula a través del Banco de España— en otros 55.000 millones.

El desapalancamiento de la banca está muy influido también por las nuevas pruebas de solvencia que va a poner en marcha el BCE (se harán, precisamente, sobre los balances al cierre de 2013). Y se traduce en un descenso del crédito interno a empresas y familias. El ajuste de las entidades financieras, eso sí, compensó con holgura el repunte sostenido del endeudamiento de las Administraciones con el resto del mundo. La deuda pública externa aumentó en 50.000 millones respecto al verano. El pasivo de empresas y familias se mantuvo estable en los 372.000 millones

Un billón en negativo

Frente al retroceso de la deuda externa, la posición de inversión internacional sigue deteriorándose. Este indicador, que relaciona el valor del stock de pasivos del exterior en España con el valor de los activos de la economía española en el resto del mundo, superó por primera vez el billón de euros al cierre de 2013. En ese desfase negativo influye que los mercados de acciones y títulos (las inversiones en cartera) se han revalorizado en el último año. También que las empresas del resto del mundo han aumentado su inversión directa en España, mientras que las compañías españolas se han seguido replegando.

El Banco de España revisó también las balanzas de pagos de los tres últimos años, un ejercicio que le llevó a revisar al alza el superávit por cuenta corriente de 2013, hasta rondar los 8.000 millones de euros, 900 millones más de lo publicado hasta ahora. 2014, sin embargo, comenzó con un déficit exterior algo mayor que en el inicio del año pasado: el saldo negativo registrado en enero fue 3.600 millones de euros, 300 millones más que un año atrás.

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1fgMIHZ

España asume la entrada de fuerzas marroquíes para llevarse inmigrantes

Los agentes uniformados marroquíes pisan, a veces, territorio español para ayudar a contener asaltos de inmigrantes y llevarse a algunos de vuelta a Marruecos. El Gobierno español hizo este lunes este reconocimiento, pero le restó importancia.

Unas fotos tomadas por Mikel Oibar y un vídeo rodado por la ONG melillense Prodein el pasado viernes aportan pruebas gráficas de la actuación de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, un cuerpo paramilitar que ejerce en ocasiones como antidisturbios, en los pasillos entre las dos vallas paralelas que a lo largo de los 12 kilómetros que separan Melilla de Marruecos.

En unas imágenes se ve a tres agentes marroquíes llevarse a Marruecos a un subsahariano y en otras los uniformados aparecen encaramados a una verja intermedia, también llamada sirga tridimensional, intentando forzar a los subsaharianos a bajar.

Según el vídeo trabajan aparentemente codo a codo con la Guardia Civil para abortar un salto de inmigrantes. Solo seis lograron ese día llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla; los demás fueron devueltos de inmediato.

La doble valla fue erigida en 1998 en territorio español, a escasos metros de los mojones que marcan la frontera. Aun así, Juan José Imbroda, el presidente de Melilla, recalcó este lunes que para entrar en la ciudad, en España, hay que “saltar todos los obstáculos” fronterizos.

A través de la Delegación del Gobierno, Interior no llegó a afirmar que no habían logrado llegar a España, pero sí sostuvo que “no hubo expulsiones ilegales” a Marruecos porque los subsaharianos “no habían superado el dispositivo anti intrusión” de la doble valla.

Hasta ahora el delegado del Gobierno, Abdelmalik el Barkani, esgrimía otro argumento para justificar esas devoluciones: el acuerdo hispano-marroquí sobre readmisión de inmigrantes. Firmado en 1992, Rabat no lo ratificó hasta finales de 2012. Menos garantista que la Ley de Extranjería, el acuerdo estipula, sin embargo, que cada solicitud de devolución de inmigrantes debe de ir acompañada por los datos disponibles sobre su identidad, algo que tampoco se hace.

Interior recordó además en su comunicado que no ha sido la primera vez que las fuerzas marroquíes se colocan entre las dos vallas. “El 24 de febrero tuvieron que ser auxiliadas por las españolas y refugiarse en el interior del vallado entre Melilla y Marruecos”, señaló. Ese día, sin embargo, no apresaron a subsaharianos.

“El viernes entraron en Melilla armados y a la vista de la Guardia Civil”, se indigna al teléfono José Palazón, presidente de la ONG Prodein. “Y [los inmigrantes] fueron expulsados sin el más mínimo trámite, violando la legislación vigente”, recalca.

“O se está en España o se está en Marruecos”, sostiene Francisco Solans, portavoz de Extranjería en el Consejo General de la Abogaría Española. “No existe la tierra de nadie”, añade en declaraciones a la agencia Europa Press. “Una vez que se pasa la primera valla, ya se está en territorio español”, precisa.

De ahí que, según él, la presencia marroquí suponga una “cesión de soberanía” por España y que el traslado a Marruecos de los subsaharianos apresados sea equiparable a “un secuestro con connivencia” de la Guardia Civil.

A cambio de la ayuda marroquí para combatir la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, los sucesivos Gobiernos españoles han hecho estos últimos años importantes concesiones a Rabat. Han renunciado, por ejemplo, a solicitar en Bruselas el ingreso de Ceuta en la unión aduanera europea y han aceptado una reorganización unilateral de la frontera de esa ciudad con Marruecos.

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1fHVM5x

El abuso de urgencias se paga

Igual que se penaliza a quien se salta un semáforo en rojo, ¿se debería castigar con una multa a quienes hagan un “mal uso” de la sanidad? El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, entidad que agrupa a los colegios de médicos de toda España, es partidario de establecer multas cuando se dé un abuso desproporcionado y reiterado, por ejemplo, de las visitas a las urgencias hospitalarias.

En una intervención en el Foro de la Nueva Economía y en presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que presentó el acto, el representante de los médicos apostó este lunes por multar al que abuse de los servicios sanitarios: “Yo nunca pondría un copago por ir al médico; pondría un pago por utilizar mal los servicios sanitarios”, al igual que “multan por ir por la carretera cuando se pasa de 120 kilómetros por hora”.

“La que se ha liado”, comentaba a este diario Rodríguez Sendín horas después de su intervención, tras la polvareda levantada por sus manifestaciones. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, por ejemplo, salió al paso de sus manifestaciones e indicó que la medida “además de injusta está destinada a culpabilizar a los ciudadanos enfermos de los problemas económicos de la sanidad pública”.

En todo caso, y a pesar de las reacciones en contra, el presidente de la OMC insistía en la necesidad de “proteger el sistema” por lo que consideraba tolerable que se impongan “pagos, que no copagos” a quien use indebidamente las facilidades del sistema sanitario.

No es fácil definir el abuso sanitario. ¿Qué entiende Rodríguez Sendín por mal uso de los servicios de salud públicos? “Hay gente que va a urgencias no por miedo o porque esté preocupado, sino para saltarse la lista de espera, y así lo que se consigue es saturar las urgencias para quienes de verdad la necesitan”, afirma. En este caso, no vería mal una tasa. “Muchas cosas que se ven en urgencias podrían tratarse en primaria o en urgencias de primaria. Están cada vez están más extendidas y equipadas, alguna hasta cuenta con ecógrafos y aparatos de rayos X. Es a esa gente a la que yo me refería, no al que va mucho porque se siente mal”. “El sistema hay que protegerlo con protocolos, y una parte de estos es que se pase por primaria antes”, añade.

De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (de 2011), el sistema público atendió 20,6 millones de urgencias hospitalarias, y hasta 27 millones en las de primaria (20 millones de médicos y el resto de enfermería), pero las urgencias representan menos de la mitad de los 4,2 millones de ingresos hospitalarios, lo que quiere decir que solo un 10% de las personas que van a urgencias acaba ingresada.

El supuesto abuso en las consultas de urgencias, especialmente las hospitalarias, en lugar de pasar primero por el centro de salud del barrio es un tema recurrente cuando se hace alusión a las malas costumbres sanitarias de la población. Pero no siempre es sencillo trazar una línea que sirva para definir cuándo una patología es leve y cuándo merece la atención sanitaria más especializada que puede ofrecer un servicio de urgencias dotado con una mayor capacidad de diagnóstico.

Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) sostiene que no es “en absoluto” partidario de cobrar por un mal uso de las urgencias. “Hacer juicios a priori de lo que tiene un paciente va en contra del código de deontología médico, y como expertos confirmamos que no es fácil”, comenta.

“No estamos para juzgar, estamos para atender”, añade, “lo que no significa que hagamos una llamada indiscriminada al uso de estos servicios, ni de ninguno, pero entendemos que un sistema sanitario debe estar al servicio de las tendencias sociales y no al revés”.

González Armengol se refiere al aumento de patologías crónicas y el envejecimiento de la población: “Esto es lo que viene ocurriendo en España en los últimos 30 años”.

El responsable de la sociedad de urgencias no cree que exista un abuso de estos servicios: “Cuando una persona va a las tres de la mañana a un servicio de urgencias es porque tiene un problema”. González Armengol insiste en la idea de no juzgar la necesidad de atención inmediata que perciba el paciente y remite a la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre la atención de urgencias: “Aquello que el paciente o su entorno próximo considera susceptible de atención inmediata”. Por ello, más que apostar por los castigos, se muestra partidario de “insistir en las medidas de educación sanitaria”.

“Esto [la multa] es para pensárselo y que no se malinterprete”, comentó Rodríguez Sendín en su intervención a primera hora de la mañana. No parece que la iniciativa calara muy hondo en la ministra, que, al ser preguntada sobre esta posibilidad, tomó distancia y respondió que se trataba de una “anécdota”.

En cualquier caso, si en España se adoptara esta medida en algún momento, no sería el primer país en incorporarla. En el entorno europeo, Irlanda lo hace, como recuerdan los especialistas en gestión sanitaria Salvador Peiró y José Ramón Repullo.

“En Irlanda, si no se acude a un servicio de urgencias hospitalario derivado por el servicio del 112 o desde la atención primaria se debe hacer frente a un pago”, explica Repullo, jefe del departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Para evitar casos de desasistencia a población sin recursos acostumbrada a acudir a las urgencias para resolver sus problemas de salud, existe una tarjeta sanitaria especial que permite a estas personas acercarse a los hospitales sin tener que pagar por la atención que reciban.

Peiró, coordinador de la Unidad de Investigación de Servicios de Salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia —dependiente de la Generalitat— añade el ejemplo de aseguradoras sanitarias estadounidenses que también facturan la atención en urgencias a sus clientes si el paciente no acude remitido por un médico de cabecera.

Hay otras experiencias que también se han puesto en marcha con la finalidad de reducir la afluencia a las urgencias y tratar de rebajar la demanda de estos servicios. Por ejemplo, la llevada a cabo por algunas regiones italianas, entre ellas, Milán (el hospital de San Paolo). Estos centros han desarrollado un particular sistema de selección de pacientes en las puertas de urgencia. Los enfermos se clasifican al llegar por su nivel de urgencia y la gravedad que presentan, y como consecuencia de ello, aquellos que el personal sanitario considere que no necesitan atención de urgencia deben pagar si quieren ser tratados. Además, son relegados y reciben los cuidados de forma no prioritaria.

Junto al caso de las urgencias, Rodríguez Sendín traslada en su conversación con EL PAÍS otro ejemplo de mal uso de recursos sanitarios: el de las personas que no acuden a la cita con el especialista. “Así solo se aumentan las listas de espera, y el resultado es que son los más débiles los que pagan el pato. Los otros se van a la privada, pero los pobres no pueden y sufren por ese mal uso”. Los especialistas ven unos 83 millones de casos al año, según los datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, pero, “de media, dependiendo de los servicios, el número de citas que los pacientes no atienden puede llegar al 25%”, comentó Rodríguez Sendín. “Claro que eso varía mucho. Seguro que en cardiología son muchos menos, y en dermatología más, porque en lo que les dan la cita se les pasa el problema”, apunta.

El tercer ejemplo que pone son las personas que no recogen las pruebas, aunque estos casos no son tan importantes porque en muchos hospitales los resultados pasan del especialista al médico por el sistema informático, y el médico tiene los datos aunque el paciente no vaya a recogerlos.

Salvador Peiró cree que hay pocas evidencias de que las fórmulas sanitarias de “castigos a posteriori” funcionen para contener la demanda. Ni siquiera la receta que aplica Irlanda con las urgencias. “No sirve para rebajar la presión asistencial en los servicios de urgencia”, comenta. Sí recuerda algún caso de éxito de “experiencias raras” practicadas en hospitales británicos que desplegaban en las puertas de urgencias a médicos de primaria con la misión de reconducir al circuito de atención primaria a las personas que llegaban con trastornos leves.

Para Peiró el problema de las urgencias recae más en la parte de la oferta, en la organización asistencial, que en la de los pacientes, “que van a donde pueden”. “Yo creo que manejamos mal las urgencias, tratamos a la gente con problemas leves como si fueran graves, practicamos un exceso de pruebas y malacostumbramos a los enfermos”, relata. “De alguna forma les trasladamos el mensaje de que el médico de cabecera es malo y que apenas pide pruebas, cuando no le hace falta abusar con las pruebas para dar con el diagnóstico como hace acertadamente el médico de primaria”.

El origen de la polémica desatada por Rodríguez Sendín está en una pregunta que le formularon tras su discurso en el Foro de la Nueva Economía: “Me preguntaron por el copago al acudir al médico y yo dije que de ninguna manera, incluso aunque la gente vaya muchas veces al médico por miedo. Tengo colegas en Portugal y ahí el copago es un desastre”.

La posibilidad de cobrar a los pacientes por ir al médico es una de las propuestas del informe de los expertos sobre la reforma fiscal. Esta posibilidad, el llamado tique moderador que tiene como objetivo poner barreras a la frecuentación excesiva de las consultas y que existe en países como Francia (1 euro por consulta de atención primaria con un máximo de 50 euros al año) o Bélgica. En Alemania, también estuvo vigente. Los pacientes debían abonar desde el año 2004 la cantidad de 10 euros al trimestre para acudir a la consulta del centro de salud y otros 10 euros al acudir al especialista sin volante de su médico o al servicio de urgencias. En noviembre de 2012, en pleno año electoral, se eliminaron estos pagos.

El único copago vigente en España hace referencia a los medicamentos. El Gobierno lo amplió en julio de 2012 al extenderlo a los pensionistas (con topes de gasto entre 8, 14 y 62 euros mensuales), cuando hasta entonces solo debían abonar parte del coste del tratamiento las personas activas. La intención era extenderlo también a otras parcelas como el transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los productos dietoterápicos; pero en enero de este año el Ministerio de Sanidad renunció a sus planes. Poco antes, el Consejo de Estado cuestionó el ahorro que se conseguiría si se cobrara por el transporte sanitario no urgente.

 

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1fI3KM1

Médicos sin Fronteras: “La escala del Ébola no tiene precedentes”

Médicos Sin Fronteras (MSF) considera que el brote de Ébola de Guinea Ecuatorial, que se ha extendido a Liberia (donde la OMS ha confirmado este lunes dos muertos) y Sierra Leona, ambos países fronterizos, constituye una “epidemia sin precedentes”. Así lo ha declarado este lunes por la tarde su coordinador en Conakry (capital de Guinea), Mariano Lugli, a través de un comunicado.

“Afrontamos una epidemia de una magnitud nunca vista antes en términos de distribución de casos en el país”, señala, y añade que “la vasta propagación del brote es preocupante”, ya que dificultará el trabajo de las organizaciones que están tratando de contorlar la epidemia. En Guinea, el virus se ha extendido en cuatro prefecturas (de 33, que se agrupan en 8 regiones): Gueckedou, Macenta Kissidougou, Nzerekore y Conakry. MSF ha enviado a 60 profesionales a Guinea entre sanitarios, expertos en saneamiento y antropólogos. La ONG ha fletado 40 toneladas de material para tratar de contener la dispersión de la enfermedad.

Esta enfermedad no tiene vacuna ni tratamiento conocido. “Hasta la fecha, las autoridades sanitarias guineanas han contabilizado 122 pacientes sospechosos y 78 muertes”, ha recalcado Médicos Sin Fronteras. Los números son mayores que los ofrecidos el domingo por el presidente Alpha Condé, que habó de 72 muertos y 112 casos infectados. Según Condé, la ayuda internacional ha permitido al Gobierno tomar las medidas necesarias para controlar la epidemia y afirmó que el país podía ser “optimista” de cara a una rápida resolución del problema.

La ONG, que trabaja en Guinea desde 2001, ha dicho que el brota es la cepa de Zaire del ébola, que es “la forma más agresiva y letal conocida del virus”. Según Michel Van Herp, epidemiólogo de la organización, esta mutación mata a más del 90% de personas infectadas. “Para detener el brote es importante rastrear la cadena de transmisión”, declara Van Herp. “Todos los contactos de pacientes que han podido ser contagiados se deberían supervisar y aislar ante el primer signo de la infección”.

El virus del Ébola surgió por primera vez en 1976 en Zaire (actual República Democrática del Congo) y Sudán. Se transmite por contacto directo con la sangre y los fluidos y tejidos corporales de personas o animales infectados. La cepa de Zaire tiene uno de los índices de mortalidad más elevados de los virus patológicos humanos.

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1fg2kvk

Mas intenta convencer a la UE de que “Cataluña no es Crimea”

El referéndum de autodeterminación de Crimea y su posterior anexión a Rusia han pillado con el pie cambiado a la Generalitat catalana. La contundente reacción de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que han rechazado de plano la secesión de la península del mar Negro y han reafirmado la integridad territorial de Ucrania, ha sido recibida como una victoria por el Gobierno de Mariano Rajoy, que considera que se ha sentado un precedente que hace muy difícil que el proceso soberanista impulsado por Artur Mas pueda obtener reconocimiento internacional.

Para intentar neutralizar este efecto, la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la UE de la Generalitat, dependiente del consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha remitido a las embajadas de los 28 socios de la UE en España un documento en el que intenta desvincular ambos casos bajo el significativo título de “Cataluña no es Crimea”.

El texto, fechado el 26 de marzo —solo diez días después del referéndum de Crimea, en el que los partidarios de la anexión a Rusia se impusieron por el 96,77% de los votos—, asegura que la consulta fue “un intento de legitimar la anexión del territorio de un país soberano por un poder invasor”. Los votantes, continúa, se encontraron ante “una falsa elección”, en la que el mantenimiento del status quo, la permanencia en Ucrania en las mismas condiciones, “no era una opción”. Todo el proceso se realizó con gran celeridad por parte un Gobierno (el de Crimea) “instalado mediante la fuerza, bajo la tutela de un Ejército ocupante”, sin libertad de debate entre distintas opciones, con una participación superior al 100% del censo en algunos distritos (es decir, con indicios de fraude), y todo ello acompañado de la propaganda más grosera.

Frente a este panorama, la Generalitat sostiene que “la situación de Cataluña no puede ser más diferente”: cuenta con un Gobierno elegido democráticamente y plenamente legítimo y el deseo de autodeterminación está enraizado en el pueblo catalán y no responde al capricho de los líderes políticos ni a una imposición desde el exterior. “No hay ejércitos extranjeros en nuestras calles, ni nadie trata de anexionar nuestro país”, insiste.

El texto recuerda que la Generalitat ha pedido al Gobierno español que le delegue la competencia para organizar un referéndum —propuesta que debatirá el día 8 el Congreso— y asegura que no existe impedimento legal para celebrarlo si hay voluntad política en Madrid. En caso contrario, agrega, “organizaremos una consulta popular usando nuestra propia ley. En todo caso, será un proceso abierto y democrático; con un voto no como una de las opciones”.

“Aquellos que vinculan Cataluña con Crimea confunden deliberadamente la situación real para crear confusión”, añade. “Cualquiera de nuestros socios internacionales puede explicar la diferencia entre Barcelona y Simferopol [capital crimea]. Si alguien en Madrid aún tiene dudas, estamos dispuestos siempre a discutir las diferencias”.

Sin mencionarlo, el texto se refiere al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien ha declarado que el paralelismo entre el referéndum de Crimea y el que se pretende organizar el 9 de noviembre en Cataluña es “absoluto”, ya que ambos vulneran sus respectivas constituciones.

El Gobierno español ha insistido en que el referéndum de Crimea es ilegal, en primer lugar, porque vulnera la legislación interna de Ucrania, más allá de que también viole el derecho internacional, y se apuntó un tanto cuando logró que, en las conclusiones de la cumbre de la UE del 21 de marzo, se incluyera el siguiente párrafo: “El Consejo Europeo no reconoce el referéndum ilegal de Crimea, que constituye una clara violación de la Constitución ucraniana”.

El 24 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó, por 100 votos a favor y solo 11 en contra, una resolución en la que advierte de que, “al no tener validez [el referéndum de Crimea], no puede servir de base para modificar” su estatuto internacional.

from Portada de EL PAÍS http://ift.tt/1fHVM5v