Un ataque con bomba y cuchillos mata a tres personas en China

Al menos tres personas han muerto y 79 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, por la explosión registrada este miércoles por la tarde en una estación de trenes en Urumqi, capital de la región china de Xinjiang, frecuentemente sacudida por la violencia étnica.

Las autoridades han atribuido el suceso a un ataque con bomba y han informado también de agresiones con cuchillos en el mismo lugar, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

El presidente chino, Xi Jinping, ha exigido “acciones decisivas” contra los “terroristas”. “La batalla para combatir la violencia no nos permite un momento de descuido y debemos adoptar acciones decisivas para reprimir de forma decidida a los terroristas”, ha declarado.

El supuesto atentado ha coincidido con el final de una visita de cuatro días del mandatario a Xinjiang, aunque los medios oficiales no han aclarado si todavía se encontraba en la región cuando ha sucedido.

El pasado marzo ocho atacantes vestidos de negro y armados con cuchillos y machetes mataron a 29 personas en una estación de tren en un atentado ocurrido en Kunming, en el Sur, que conmocionó al país.

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“¿Con quién vamos a dialogar?”

Los líderes de las protestas del este de Ucrania, que desafían a Kiev con la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el próximo día 11, son personajes variopintos. Entre aquellos a quienes obedecen los milicianos armados y los defensores enmascarados de la llamada República Popular de Donetsk (RPD) están el historiador Miroslav Rudenko, comandante de las Milicias Populares (Narodnoe Opolchenie Donbassa) y el minero Alexandr Zajárchenko, líder del grupo Oplot.

El PAIS conversó con estos dos revolucionarios en Donetsk. Rudenko se ha instalado en la ocupada y paralizada Administración provincial, mientras Zajárchenko actúa desde la alcaldía, edificio que sus hombres controlan sin interferir en las tareas administrativas. Ambos se someten a otros jefes exiliados en Rusia, como Yevgueni Zhilin, el fundador de Oplot, originario de Járkov; y Yekaterina Gúbareva, la esposa de Pável Gúbarev, el jefe de las Milicias Populares, encarcelado en Kiev y acusado de intento de golpe de Estado, tras proclamarse “gobernador popular” de Donetsk a principios de marzo.

Rudenko y Zajárchenko rechazan a las autoridades provisionales encumbradas por el Maidán (las protestas que derrocaron al presidente Víctor Yanukóvich) de Kiev. Ambos consideran el reféréndum como el único camino para asegurar los derechos de los rusoparlantes en el este de Ucrania. Rudenko subraya la pertenencia al Imperio Ruso de esos territorios y señala que, tras su independencia, Ucrania “se afirmó primero como una entidad diferente de Rusia y después como una entidad antirrusa”.

“En 2012, durante la Eurocopa de fútbol [celebrada en Polonia y Ucrania], me pasé una semana agitando la bandera ucraniana y gritando ‘Viva Ucrania’ en el estadio”, afirma Zajárchenko, “Hasta noviembre del año pasado, me sentía orgulloso de mi país y de mi gente. Pero he descubierto que Ucrania no me necesita, ni como habitante, ni como ciudadano y estoy ofendido porque estas autoridades surgidas del Maidán me tratan como un paria”.

Oplot atajó “varios intentos de contrarrevolución desde dentro” en la Administración provincial, edificio que decidió abandonar porque el clima en él “no era muy sano”, dice Zajárchenko refiriéndose a la disciplina “Ahora solo tenemos un grupo en el segundo piso y, si hay una urgencia, nos llaman y en 10 minutos estamos allí”, agrega.

Tanto Zajárchenko como Rudenko quisieran más apoyo de Rusia, pero no le hacen reproches. “No hay ayuda militar de Rusia, pero hay declaraciones diplomáticas”, dice Zajárchenko, cuya esperanza de poder resolver el conflicto sin violencia disminuye a medida que aumentan los muertos. “Quisieramos más ayuda, pero entendemos las leyes de las relaciones internacionales y, si bien no nos puede ayudar abiertamente, tampoco nos puede abandonar”, dice Rudenko.

Zajárchenko reconoce que no sabe “cómo parar este proceso que ha ido tan lejos”.”En Slaviansk muere gente y en otras localidades de Donetsk cada día envían a personas a luchar allí”, dice, poniendo el ejemplo de una calle de Donetsk, cuyos vecinos “se reunieron, juntaron las cinco carabinas y la remesa de balas que había en el barrio y mandaron a ocho chicos a Slaviansk en un coche con el depósito de combustible lleno y provisiones”. “En lugar de escucharnos, Kiev nos mandó carros blindados y aviones. Si están dispuestos a mandarnos el Ejército, ¿con quién debemos dialogar?”, dice el líder de Oplot, y añade: “La situación se nos escapa a todos. Hace una semana hubiera intentado que la voz de mi corazón y mi razón llegara hasta Kiev, pero ahora el corazón me dice que defienda lo mío y ya no tengo deseo de ponerme de acuerdo con nadie. Mi razón aún es sobria y entiende que habrá mucha sangre, pero en mi interior hay un fuego que me consume lentamente. Yo puedo controlar mis emociones, pero otros creen que les traicionamos porque no disparamos ni quemamos los tanques”. Zajárchenko opina que la República Popular de Donetsk aún tiene potencial de movilización y que los mineros no se han involucrado plenamente.

Rudenko acusa de doble moral a Kiev, EE UU y la UE por apoyar al Maidán y verlos a ellos “como unos salvajes a los que se puede obligar a renunciar a sus convicciones”.

Zajárchenko se unió a Oplot durante las protestas contra Yanukóvich en Kiev. “Oplot”, dice, “era la única organización que pedía armas para poner orden en el pais”. Desmantelada en Járkov, la ciudad donde fue fundada, Oplot ha arraigado en Donetsk, donde es “una de las organizaciones con más capacidad de combate”.

Por su parte, las Milicias Populares se consideran la “organización más fuerte” de cuantas están en la Administración povincial y tiene “un brazo armado” que decide sobre el terreno en Slaviansk.

Rudenko prepara activamente el referéndum. “No hay otro camino”, porque para las autoridades “todos nosotros somos delincuentes, terroristas y extremistas a los que hay que encerrar por largo tiempo”. Dos o tres semanas después del plebiscito, habrá elecciones para los consejos a todos los niveles”, asegura.

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La exculpación de reos inocentes resta apoyo social a las ejecuciones

La lamentable y agónica ejecución de Clayton D. Lockett en Estados Unidos, en la cárcel de McAlester (Oklahoma), podría hacer pensar que la pena de muerte en el mundo vive una de sus horas más bajas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, o mejor dicho, la realidad tiene muchos matices en este asunto. Porque hay que diferenciar por un lado la situación de la pena capital en países democráticos como el propio Estados Unidos o como Japón, los únicos del G-8 que aún matan a presos en sus cárceles, con la de otros países del mundo como China, Irán, Irak o Arabia Saudí. Mientras que en los dos primeros la opinión pública se ha visto sacudida por diferentes acontecimientos que han hecho florecer el debate sobre la conveniencia o no de la pena de muerte, en los segundos ha aumentado el número de ejecuciones.

En Estados Unidos, hubo 39 ejecuciones en 2013, una de las cifras más bajas de los últimos veinte años, lejos del récord de 98 personas en 1999. En parte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en sus siglas en inglés), el descenso se ha debido a la firme postura de diferentes farmacéuticas estadounidenses y sobre todo europeas, que han cortado el grifo de sus medicamentos para el uso en inyecciones letales en cárceles por todo EEUU. Un triunfo también, en cierta manera, de la Comisión Europea, que prohibió la exportación de determinados medicamentos fabricados en suelo europeo con destino a las prisiones norteamericanas.

Pero además, y esto quizá sea un dato incluso más esperanzador para los abolicionistas porque supone un cambio de mentalidad progresivo, desde los tribunales de justicia se decretó la pena capital para 80 personas en todo EEUU el año pasado, tres más que en 2012, los dos años con menos sentencias de muerte en toda la historia estadounidense. Se trata de una tendencia que ha caminado a la baja desde el récord de 1994 y 1996, cuando 315 personas fueron castigadas con la muerte. Un retroceso imparable y progresivo al que seguramente ha contribuido otro factor decisivo en la lucha contra la pena capital en EEUU, la cuestión de la inocencia.

Y es que la imagen de un preso abandonando una cárcel tras años, a veces décadas, acusado injustamente de un crimen horrible, condenado sin motivo a la muerte, es mediáticamente aplastante. Desde 1976, es decir, desde que EEUU volvió a ejecutar a presos tras un breve lapso de cuatro años sin hacerlo, las estadísticas muestran que 144 personas han sido liberadas del corredor de la muerte. Un goteo que, aunque poco a poco, ha ido calando en los estadounidenses, que hoy muestran su apoyo más bajo a la pena capital en cuarenta años: un 60% de los ciudadanos están a favor. El último hombre liberado del corredor de la muerte sucedió el pasado marzo: un afroamericano llamado Glenn Ford fue liberado de la famosa penitenciaría de Angola (Luisiana) en la que permaneció 30 años.

Precisamente también en marzo, el asunto de la inocencia sacudió a Japón, cuando fue liberado Iwao Hakamada, el preso que más años llevaba esperando la muerte en todo el mundo: 46. Un hombre que había perdido la cabeza en la cárcel, ya que en Japón los presos nunca saben cuando serán ejecutados. Se les avisa con tan solo una hora de antelación: abogados y familias se enteran una vez asesinado. En el caso del país asiático, apenas cinco presos, contando a Hakamada, han sido liberados en los últimos setenta años, pues la justicia nipona teme que revelar errores sirva para disminuir el apoyo popular a la pena capital en ese país. Un 80% de la población japonesa continúa a favor, pero la cuestión es saber si están bien informados, pues el secretismo rodea a la pena de muerte en ese país. Por ejemplo, hasta 2010 nunca se había visto cómo era una sala de ejecuciones, fecha en la que la entonces ministra de Justicia, Keiko Chiba, contraria a la pena capital, mostró al mundo cómo era el lugar donde se ahorca a los presos con la esperanza de reavivar el debate.

Pero aunque en EEUU y Japón veamos que la pena de muerte vive momentos de debilidad, la cuestión está sin embargo al alza en el mundo como conjunto, con un aumento del 15% de los ejecutados en 2013, cien muertes más que el año anterior, según Amnistía Internacional. Y eso que los datos no incluyen a China, el mayor ejecutor, donde la pena capital es secreto de Estado, un país sobre el que la organización de derechos humanos dejó de dar estimaciones en 2009, aunque se cree que podrían ser miles de personas las que perdieron la vida. Aparte de China, el campeón mundial de la muerte es Irán, donde las cifras oficiales podrían ser menores de las reales: el país reconoce al menos 369 muertes, muchas de ellas en público. Irak, con 169 ejecuciones, y Arabia Saudí con 79, componen, junto a China, Irán y EEUU (con las mencionadas 39 muertes el año pasado) el top 5 de los ejecutores en el mundo. Un año, 2013, en el que cuatro países, Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam, reanudaron el uso de la pena de muerte. De los 58 países que retienen la pena capital, 22 la utilizaron el año pasado. En el lado positivo, dos terceras partes del planeta, 140 estados, no ejecutan a sus ciudadanos, bien por ley o porque hace ya mucho tiempo que se declararon abolicionistas en la práctica.

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Los impuestos bajarán 2.000 millones tras subir 30.000 en tres años

El Gobierno de Mariano Rajoy acabará la legislatura con más subidas de impuestos que bajadas, en contra de lo reflejado en el programa electoral del PP y a pesar de que el ministro de Hacienda no pare de repetir que el próximo año los bajará. Cristóbal Montoro detalló este miércoles el impacto que tendrá la reforma fiscal sobre las finanzas públicas. En 2015, la bajada en el IRPF y en sociedades irá acompañada por una subida de los impuestos medioambientales y especiales. En total, supondrán un ahorro para el contribuyente de unos 2.000 millones de euros. Pero los sucesivos aumentos de impuestos aprobados por el Ejecutivo en los dos últimos años han supuesto algo más de 30.000 millones. Así se refleja en el programa de estabilidad 2014-2017 remitido a Bruselas que calcula que, desde 2012, los principales cambios tributarios han tenido un coste de unos 30.000 millones de euros para los contribuyentes, el equivalente al 2,76% del PIB. Es una cifra parecida a la que se obtiene sumando el dato que figura en la tabla sobre “el impacto de los principales cambios normativos” entre 2012 y 2014 de los Presupuestos Generales del Estado.

El saldo es claramente perjudicial para los ciudadanos que pagan más por todas las figuras tributarias. Desde que el presidente del Gobierno llegó a La Moncloa, en diciembre de 2011, ha aprobado más de medio centenar de normas que afectan a todos los impuestos: IRPF, Sociedades, IVA, Impuestos Especiales, IBI….

El programa de estabilidad 2014-2017 presentado por el Gobierno apenas recoge detalles sobre las medidas que contendrá la próxima reforma fiscal pero si permite vislumbrar una rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades y una subida de los tributos medioambientales (vinculados a la energía e hidrocarburos) y Especiales (tabaco, alcohol…) como se esperaba.

El documento señala que el nuevo marco tributario generará un ahorro por el impuesto sobre la renta de 2.485 millones y de otros 607 millones en el de sociedades durante el último año de legislatura. Estas bajadas se compensarán con incrementos adicionales en impuestos verdes y especiales por 1.076 millones. Además, habría que sumar otros 1.000 millones por el impacto que las nuevas medidas sobre las cotizaciones sociales —aumento de la base de cotización y el cómputo de algunos pagos en especie— tendrán sobre las finanzas públicas. Otra de las subidas de impuestos que obvió el ministro de Hacienda es la correspondiente al IBI. El programa de estabilidad recoge un incremento de los ingresos fiscales de los Ayuntamientos de unos 1.200 millones. El principal impuesto local proviene del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Pese a ello, Cristóbal Montoro aseguró que no habrá “ningún proyecto de compensar a través de subidas normativas propias las bajadas (de impuestos) que estamos programando”. De esta forma, Montoro descartó que para financiar las bajadas de impuestos vaya a subir más los impuestos, aunque el informe revela que los contribuyentes pagarán 2.076 millones más en impuestos indirectos, y otro tanto en cotizaciones sociales e impuestos locales.

El Gobierno reconoce en el informe de estabilidad que “estudiará diversas alternativas como la imposición sobre la propiedad, la imposición medioambiental con el menor impacto posible en la competitividad, mecanismos de pago por uso de servicios, el incremento de los impuestos por uso frente a los que gravan la transmisión de la propiedad o la imposición sobre el sector financiero en el marco armonizado de la UE”. Es decir, deja la puerta abierta a nuevos copagos, la tasa Tobin y un nuevo aumento del IBI o de la imputación de la vivienda habitual en el IRPF como proponen los expertos de la reforma fiscal.

La mayor parte de la bajada de impuestos que pondrá en marcha el Ejecutivo se notará dentro de dos años, una vez se hayan celebrado las elecciones legislativas, aunque a buen seguro el Gobierno se reserve el anuncio de la bajada para antes de la campaña electoral. El ahorro para los contribuyentes y empresas ascenderá en 2016 a 4.291 millones de euros, frente a la bajada de 3.092 millones en 2015.

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El Gobierno se esfuerza en hacer olvidar la EPA y lanzar optimismo

No había terminado aún la rueda de prensa del 26 de abril de 2013, en la que los mismos tres protagonistas de este miércoles comparecieron con caras largas a anunciar lúgubres previsiones, y ya estaba el Gobierno arrepintiéndose de su propio discurso. Tan duro fue el golpe de esas previsiones, que auguraban un paro del 25,8% para el final de la legislatura, casi tres puntos más del que se encontró Mariano Rajoy al llegar a La Moncloa, que el Gobierno puso en marcha toda su maquinaria de comunicación para desmentirse a sí mismo. El propio presidente compareció dos días después en Granada para decir: “el objetivo del Gobierno es luchar contra las previsiones que hicimos el viernes”. Y desde entonces, no ha pasado un día sin que el Ejecutivo busque una manera de hacer olvidar aquella rueda de prensa.

La estrategia de comunicación para dar la vuelta al discurso político culminó este miércoles con una puesta en escena que parecía exactamente la contraria a la de 2013. Todo era optimismo, todo eran datos positivos, y sobre todo un intento por lanzar una idea que políticamente es clave: Rajoy dejará las cosas en 2015 mejor de lo que las encontró, sobre todo el paro.

El Ejecutivo juega con los datos, obvia la caída de población activa y se centra en el paro más que en el número de personas que trabajan para lanzar esa idea. El año pasado, tanto en el PP como en el Gobierno se instaló una máxima: si se instala en el electorado que después de todos los recortes y subidas de impuestos, Rajoy dejará la situación del empleo, su gran promesa electoral, peor de lo que la encontró, será muy difícil ganar las elecciones. “Estamos dando por perdida la legislatura” se dijo en privado en esos días entre algunos ministros y dirigentes.

Esta vez todo estaba diseñado para decir lo contrario. El Gobierno sabe, y así lo plantea incluso sus previsiones más optimistas, presentadas este miércoles, que cuando lleguen las elecciones habrá menos gente trabajando que cuando llegó al poder porque la destrucción de un millón de empleos en los primeros dos años no se recuperará en los otros dos. Pero quiere borrar en lo posible esa idea. Tanto es así que nada más empezar Soraya Sáenz de Santamaría destacó la contraria, tomando solo los datos que más le interesaban: “Al final de 2015 habrá menos parados que a finales de 2011”.

Todo parecían frases pensadas casi como arranque de una campaña electoral —quedan tres semanas para las europeas— “Hemos evitado el rescate y logrado la recuperación. Hemos reducido el paro, España encabeza la reducción del desempleo en la Unión Europea”.

Y sin embargo, en toda esta estrategia, diseñada hace semanas, falló algo inesperado: la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014, presentada el martes, fue mucho peor de lo esperado: 184.000 empleos destruidos. El Ejecutivo conocía los datos un poco antes, y se esforzó por darles la vuelta desde el primer momento del martes, destacando que son mejores que los de 2013, pero esa demoledora cifra de destrucción de empleo, cuando el Gobierno ya habla de cambio de ciclo, complicó la estrategia de la rueda de prensa. Tanto es así que un periodista preguntó qué credibilidad tenía el optimismo sobre la creación de empleo con un dato como el de la EPA tan reciente.

El Ejecutivo va a poner todos sus esfuerzos de comunicación, y ya empezó este miércoles, para hacer olvidar cuanto antes esa EPA. No se ha animado a cuestionar sus resultados, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, sí destacó que este año la Semanta Santa ha caído en abril, por lo que no ha podido ayudar a la creación de empleo del primer trimestre, pero en privado el Gobierno sí está diciendo que habrá que ver en qué quedan esos datos cuando se publiquen las EPA de los siguientes trimestres y con los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social.

Y es ahí donde se va a centrar la estrategia a partir de ahora. Los datos de paro registrado y sobre todo afiliación a la seguridad social, más fiable, del mes de abril se conocerán el lunes. Y son “espectaculares”, según varios miembros del Gobierno que ya conocen por encima esos resultados. El Ejecutivo confía en que la rueda de prensa de este miércoles, con la promesa de crear 600.000 empleos en dos años, el puente festivo con escasa actividad política e informativa, y los datos del lunes sepulten rápidamente la pésima EPA del primer trimestre.

El Ejecutivo confía además en que la EPA del segundo trimestre será muchísimo mejor. El Gobierno y el PP, ya en plena campaña de las europeas, se colocan ya prácticamente en modo electoral y van a dedicar todos sus esfuerzos a convencer a los ciudadanos de que los esfuerzos han valido la pena, el gran mensaje político. Y si para eso hay que orillar cualquier dato negativo que llegue, se hará.

Rajoy está absolutamente convencido, según señalan distintos miembros del Gobierno, que lo único que le hará ganar o perder las elecciones de 2015, las más importantes, y también estas europeas, menos relevantes aunque significativas, son los resultados económicos. Ni los recortes, ni las subidas de impuestos, ni las polémicas políticas, ni la corrupción, ni la ley del aborto, pese al daño que le ha hecho según las encuestas, serán definitivos. Si la economía crece y se crea empleo, esa será su campaña, explican, y confía en que todo lo demás se olvide. Ayer empezó esa larga marcha hacia las elecciones.

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