Urkullu apela al “espíritu Mandela” para cerrar el ciclo terrorista

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apelado al “espíritu Mandela” para cerrar definitivamente el ciclo del terrorismo en Euskadi y ha hecho un llamamiento a ETA, a la izquierda abertzale, a las fuerzas políticas y al Gobierno de Rajoy para que contribuyan a cerrar con urgencia los flecos pendientes del final de ETA.

Urkullu ha defendido, en una intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid dedicado al final de ETA, el “espíritu Mandela” como fórmula para cerrar el ciclo terrorista. “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él, entonces se vuelve tu compañero”. Con esta expresión ha resumido el talante con el que el líder sudafricano abordó el proceso de paz en Sudáfrica.

Urkullu ha presentado el plan de paz y convivencia de su Gobierno para cerrar el ciclo del terrorismo en Euskadi y lo ha resumido en 18 iniciativas concretas cuyas líneas generales son “urgir y contribuir a un final ordenado e incondicionado de la violencia de ETA, impulsar una memoria crítica del pasado que denuncie todas las vulneraciones de derechos humanos y se base en el reconocimiento de la injusticia del terrorismo y la violencia”; liderar el diálogo político para alcanzar por primera vez en Euskadi un consenso de la convivencia de sus cuatro grandes corrientes políticas “promover en la sociedad una cultura de convivencia y reconciliación que prepare un futuro de amplia confluencia social”.

Asimismo, ha hecho un llamamiento en primer lugar a ETA para que proceda a su desarme cuanto antes; a la izquierda abertzale para que asuma su responsabilidad en el pasado que le permita colaborar hoy con normalidad con el resto de los partidos. También ha invitado a las fuerzas políticas vascas a participar en la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento Vasco y finalmente se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que impulse una etapa de colaboración con el Gobierno y los partidos vascos y practique una política penitenciaria acorde con los nuevos tiempos, cuando ya han pasado más de dos años y medio del cese definitivo de la violencia etarra.

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Las comunidades tendrán que endeudarse para aplicar la LOMCE

La última reunión oficial del curso para debatir sobre la reforma educativa acabó convertida en un galimatías de números. El Ministerio de Educación aguardó hasta ayer, último día lectivo, para explicar a las comunidades autónomas cómo se va a financiar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que entrará en vigor el próximo septiembre. Los 964 millones que el Ministerio de Educación estima que se necesitan para la fase de implantación, prevista entre 2014 y 2017, saldrán del Estado (350 millones) y del Fondo Social Europeo (614 millones). La cuestión, que distintos consejeros comentaron haber conocido anticipadamente por informaciones del Ministerio de Hacienda del pasado viernes, es que el dinero procedente de Europa computará primero y temporalmente como deuda de las comunidades autónomas, lo que puede afectar a todas las medidas que se han puesto en marcha para combatir el déficit de las Administraciones.

En concreto, el Estado adelantará la partida europea prevista para la Formación Profesional básica a las comunidades autónomas. Desde la recepción de ese dinero hasta que justifiquen en qué lo han gastado, la cantidad computará como deuda en sus cuentas. Una vez que hagan esa justificación, dejará de figurar como un préstamo. “No genera deuda [a largo plazo] aunque la genere de forma inmediata”, intentó ayer aclarar el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al término del encuentro con los consejeros autonómicos.

Ya el Consejo de Estado había advertido de que la financiación era insuficiente, e incluso las comunidades gobernadas por el PP se habían quejado previamente, aunque no lo hicieron tras la reunión.

“Está por ver cómo escapamos de esta situación y cómo se configuran los convenios para recibir el dinero. Ha sido un procedimiento muy poco transparente”, criticó al término del encuentro el consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez. Este compareció antes de la reunión junto con los otros dos consejeros de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE —Andalucía y Asturias—. Los tres manifestaron que no están de acuerdo ni en los tiempos ni en las cuantías previstas para la LOMCE. Los consejeros de Educación de las tres regiones criticaron que la propuesta de financiación para la implantación de la reforma educativa está mal calculada y puede suponer el endeudamiento de las comunidades autónomas. Denunciaron que la propuesta de financiación se haga con el curso ya terminado y a solo dos meses del inicio del próximo, en el que se pondrán en marcha la nueva normativa en 1º, 3º y 5º de Primaria y en la nueva Formación Profesional básica, que sustituye a los programas de cualificación inicial.

Las consejeras de País Vasco y Cataluña (gobernadas por el PNV y CiU respectivamente) se sumaron a las dudas sobre el sistema de financiación y Asturias pidió expresamente al Ministerio un documento en el que garantice que no computará como déficit.

La deuda figurará como tal, según explicaron ayer desde el Ministerio, durante el tiempo que las comunidades autónomas tarden en justificar el uso de los fondos. Durante cada curso se abrirán tres plazos para presentar la justificación, según un portavoz del ministerio, lo que supone que en principio esa deuda duraría solo unos meses.

El consejero de Andalucía, Luciano Alonso, criticó que las leyes educativas anteriores incluyeron memorias económicas “más claras y siempre financiadas por la Administración central, mientras que este proceso genera dudas”.

Es la primera vez que se emplean fondos europeos para financiar la implantación de una normativa educativa, aunque la anterior (LOE) sí que contó con fondos estatales y cofinanciación de las comunidades autónomas para programas especiales.

Para el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín (PP), es una buena noticia que haya dinero proveniente de Bruselas “que no salga del bolsillo de los españoles”. El consejero castellanomanchego consideró que esta fórmula no producirá problemas de financiación y criticó que las comunidades que protestan “son las que más fondos reciben”. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las dos regiones que recibirán más dinero para la implantación, aunque esta última, gobernada por el PP, se ha manifestado conforme con el reparto de fondos.

La financiación se calcula en función del coste por alumno y el gasto docente. Andalucía recibirá 189,67 millones de euros, la Comunidad Valenciana, 112,12 millones, Madrid, (110,89), y Cataluña, (106,17). Las que menos, La Rioja (9,72 millones de euros), Navarra (11,75), Asturias (12,02) y Cantabria (12,45), aparte de las ciudades de Ceuta y Melilla.

“Las comunidades que no quieran implantar la ley que renuncien a los fondos y nos los den a las que sí queremos”, añadió el consejero castellanomanchego. Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, todas del PP, tampoco consideraron un problema esta fórmula de financiación por medio de la deuda. La madrileña, Lucía Figar (PP), solo advirtió de que de la posibilidad de que crezca el número de alumnos en el nuevo ciclo formativo de FP básica y obligatorio en los próximos años o no pueda no mantenerse constante. “Según el número de alumnos que tenemos ahora en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y el hecho de que la FP Básica (que los va a sustituir) sea un año más, las cuentas coinciden y no tenemos que ponerle ningún pero”, señaló.

Las críticas de los consejeros socialistas y de la de Cataluña, Irene Rigau (CiU), incluyeron además la falta de fondos para primaria y para libros de texto. Rigau propuso que se hable de las ayudas para libros de texto que el ministerio ha retirado. “Es urgente garantizarlas porque la crisis afecta a muchas familias”, indicó.

El ministro Wert replicó que los cambios en primaria “son de arquitectura y se refieren a una consideración más global; no supone ningún aumento de coste”. Sobre los manuales, dijo que la orientación general es dirigirse hacia sistemas de préstamos.

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El PSOE andaluz reacciona irritado a las insinuaciones sobre los avales

Los responsables del PSOE andaluz respondieron ayer con irritación a las insinuaciones sobre supuestas presiones a los militantes de esa federación para avalar a los candidatos a la secretaría general del partido.

“Que nadie dude de la libertad y voluntad de los militantes socialistas”, explicó la presidenta andaluza y líder de la principal federación del PSOE, Susana Díaz.

Esas insinuaciones surgieron a raíz de que uno de los candidato, Eduardo Madina, pidiera que se hiciera pública la procedencia de los avales de los candidatos. Según esa distribución, Pedro Sánchez ganó con holgura en comunidades como Andalucía. Esta última supone un tercio aproximado de los militantes del PSOE que tendrán que elegir el próximo día 13 a su secretario general. Madina ganó en número de avales en Asturias, Extremadura y Cataluña.

El argumento de esas insinuaciones se completa con la idea de que los aparatos regionales del partido apoyan a Sánchez y, por eso, han interferido y se han movilizado en la recogida de los avales, empezando por la poderosa federación andaluza. De esa forma, siempre según esa teoría, el número de avales no se corresponderá necesariamente con los votos finales que sí son secretos y, por tanto, no sometidos a supuestas presiones de los aparatos de los partidos. Para responder a esa impresión salieron ayer abiertamente la presidenta de Andalucía y del PSOE de esa comunidad, Susana Díaz, y el secretario de Organización regional del partido, Juan Cornejo. Sobre todo este último que calificó de “chorrada” conocer el origen territorial de los avales y las sospechas a las que dio pábulo la petición de Madina.

Díaz pidió ayer en Onda Cero que “nadie en el partido ponga en cuestión la voluntad de los militantes socialistas andaluces”, Según la dirigente andaluza “cada militante del PSOE avala a quien le da la gana y va a votar a quien quiera, pensando en que el PSOE tiene un compromiso con España y que tenemos que ser la alternativa de gobierno que este país necesita”.

El propio Madina intentó frenar ayer las sospechas y aseguró en Granada que está convencido de que no ha existido ninguna federación del PSOE en la que se haya avalado en contra de la voluntad “igual que no habrá militantes que voten en contra de su voluntad”. No obstante, la tesis del candidato y número dos del Grupo Socialista es que “esto no es una competición de avales”.

La presidenta andaluza insistió en su voluntad de quedarse al margen sin apoyar a ninguno de los tres canditados (Sánchez, Madina y José Antonio Pérez-Tapias) porque su voluntad es ayudar a “coser el día después”. Su referencia, según dijo es el congreso de Sevilla de 2012 cuando Alfredo Pérez Rubalcaba ganó a Carme Chacón con el voto los delegados, pero sin que hubiera integración. Por eso Díaz habló ayer de “los errores de Sevilla” y garantizó que gane quien gane tendrá el apoyo de la federación andaluza.

Pedro Sánchez arrancó ayer su campaña oficial en Valladolid, donde Madina le superó en avales, con la idea de que no es el candidato de los aparatos del partido. El diputado aseguró que quiere que su partido se reconstruya desde la base, con líderes empujados desde abajo.

Representantes de los tres candidatos se reunirán hoy por la tarde en Ferraz con la dirección del PSOE para ver detalles de la campaña como la dotación económica y, sobre todo, la posibilidad de realizar debates abiertos.

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