Granados benefició al perito que le ayudó en la trama de los espías

La consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada desde 2009 por supuesto espionaje político, adjudicó ese año, cuando Francisco Granados dirigía el departamento, un contrato de casi un millón de euros para suministrar traductores en los juzgados. La asociación que presidía el perito calígrafo Castor Iglesias ganó el concurso pese a que su experiencia en ese campo era casi nula. Unos meses antes, Iglesias fue contratado a dedo por Granados para elaborar un informe calígrafo. El consejero usó ese trabajo para desmentir que tres guardias civiles a los que había fichado personalmente como asesores de Seguridad habían perpetrado el supuesto espionaje político que investigaba un juzgado de Plaza de Castilla.

Granados contrató por su cuenta. y sin un proceso previo de selección de personal, a esos tres guardias civiles, uno de ellos amigo de Valdemoro, con un salario de 60.000 euros al año, el doble de lo que ganaban antes. Estos ex guardias civiles, según la investigación judicial, siguieron entre abril y mayo de 2008 al ex consejero autonómico Alfredo Prada, y al ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos adversarios de Esperanza Aguirre en la batalla interna abierta por el poder en el PP tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 14 de marzo de 2008.

Los ex guardias civiles, que recibían órdenes superiores, siguieron a Cobo y Prada en sus actividades públicas y privadas y dejaron constancia en partes mecanografiados y manuscritos de los movimientos de ambos políticos.

El 17 de febrero de 2009, tras destapar EL PAÍS el escándalo del supuesto espionaje político, Castor Iglesias entregó un informe grafológico a Granados donde exculpaba a los agentes autonómicos de ser los autores de los partes del espionaje. Unos meses después de ese trabajo, el departamento de Granados adjudicó el concurso de traductores para los juzgados a la Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) de Castor Iglesias. Era la primera vez que la AEPTJ se presentaba a un concurso de este tipo. Iglesias reconoció que antes de ese contrato sólo había prestado labores de traducción de manera puntual en algún juicio.

El propio Granados defendió entonces que en el proceso de adjudicación no había ninguna irregularidad y que se había contratado a la oferta más barata. “No hay nada que sea más mentira que aquello que se dice como una verdad a medias y con sana intención de crear una sospecha o un manto de duda sobre la actuación de algún responsable político”, señaló entonces el consejero.

El juez Velasco quiere analizar ahora si aquel concurso fue amañado. El magistrado ha apuntado en las resoluciones judiciales de los últimos días que Granados pudo usar su cargo en las consejerías para favorecer a determinadas empresas a cambio de dinero.

Un servicio deficiente

El servicio prestado por los traductores de la AEPTJ fue criticado por algunos jueces ante la baja cualificación de sus profesionales, lo que dio lugar a situaciones indeseables. Un juez anotó durante un juicio: “Este traductor viene por AEPTJ. No tiene título alguno, no dice los conocimientos que tiene. Oculta datos. No hace bien la interpretación. Se pone a charlar con la víctima”. Otro juez que tramitaba un caso de daños que afectaba a una ciudadana portuguesa señaló que el traductor enviado por AEPTJ aseguró que era de Senegal pero llegaba para traducir en portugués a la perjudicada. “Y dice que sólo tiene bachiller, no está cualificado. No sabe interpretar. Habla pisándole las palabras a la testigo”.

El caso del supuesto espionaje político sigue instruyéndose cinco años después. La juez ha intentado archivarlo en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial le ha obligado a reabrir la causa al entender que había suficientes indicios de un delito de malversación de fondos.La instructora citó en septiembre pasado a Francisco Granados como testigo debido a que uno de los agentes declaró que el consejero de Interior estaba al tanto de todo lo ocurrido. Granados lo negó. Los supuestos espiados, Alfredo Prada y Manuel Cobo, que ahora tienen cargos ejecutivos en el PP nacional, denunciaron los hechos y se personaron como acusación particular. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, les obligó a retirarse del caso.

 

 

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La firma Cofely pagó 70.000 euros en mordidas por sus contratos

Gran parte de la trama corrupta destapada en la Operación Púnica gira en torno a la empresa Cofely, una filial del titán francés de la energía GDF Suez. Esta empresa, dedicada a los servicios de eficiencia energética, recibió contratos en administraciones investigadas por la Guardia Civil por valor de 160 millones de euros, frente a un total de 250 millones de euros que se analizan en las pesquisas.

En la operación fueron arrestados cuatro de los principales directivos de esta empresa en España. Uno de ellos, Pedro García Perez, director de mercado fue “el principal articulador e interlocutor del pago de cohechos de que supuestamente se sirve la empresa para lograr contratos públicos millonarios de diversas administraciones”, según relata el juez instructor Eloy Velasco en el auto por el que le envió a prisión sin fianza.

Así, por ejemplo, en Collado Villalba, Pedro García abonó a dos intermediarios —Manuel Casado y Víctor Manuel Ortega— “varios pagos de 70.000 euros” para conseguir para su empresa un contrato de ahorro energético de 39,4 millones de euros en 15 años. Casado y Ortega ejercieron básicamente de cobradores. La mordida acabó supuestamente en las empresas de David Marjaliza, el conseguidor de la trama, que junto a Cofely ideó unsistema de facturas falsas por servicios no prestados para blanquear el supuesto cohecho.

Los directivos de Cofely Didier Maurice, Constantino Álvarez de las Cuevas y José Antonio Hernández salieron ayer de prisión tras depositar los 100.000 euros de fianza que les impuso el juez.

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Santamaría anima a que cada partido explique sus escándalos

El Gobierno mira al PP y el PP mira al Gobierno a la hora de enfrentarse a las peores dos semanas de legislatura desde julio de 2013, cuando el caso Bárcenas obligó a Mariano Rajoy a un durísimo pleno extraordinario. El presidente ha decidido, al menos de momento, no volver a pasar por aquel calvario, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desvió la responsabilidad hacia el PP al justificar por qué el presidente no va comparecer como le pedían todos los grupos.

La corrupción afecta a todas las fuerzas políticas. Cuando reclaman un debate, ¿qué quieren, que el Gobierno suba a la tribuna y explique lo del partido que lo sustenta y todos los demás? ¿No será más oportuno que dentro de los partidos se tomen las decisiones y se den las explicaciones oportunas y al Gobierno nos dejen llevar adelante la discusión de las leyes para poder ponerlas en vigor cuanto antes? Cada uno que explique lo suyo”.

Precisamente una de las cosas que más reclaman algunos dirigentes estos días son más explicaciones. El PP, el partido que preside Rajoy y al que pertenece Sáenz de Santamaría y casi todo el Gobierno, no ha dicho aún una sola palabra del auto de la Audiencia Nacional que aseguró hace una semana que al menos 1,7 millones de euros de la obra de su sede se pagaron en negro.

Es habitual cuando estallan los escándalos que el PP se adentre en el silencio y a la vez, desde la mesa del Gobierno, se remita al PP para cualquier explicación, a pesar de que el hombre que dirige las dos instituciones es el mismo: el presidente.

El Ejecutivo ha decidido no entrar a las explicaciones y concentrarse en las leyes. Sáenz de Santamaría reivindicó las reformas que ha hecho el Gobierno desde que llegó a La Moncloa para luchar contra la corrupción, como cambios en el régimen jurídico de los partidos, medidas de control sobre su financiación o leyes de prevención contra el blanqueo de capitales.

Sáenz de Santamaría recordó que en febrero se mandaron otras dos leyes al Congreso y culpó al PSOE de que no se hayan aprobado hasta ahora. “Empezamos a negociar en marzo, nos pidieron tiempo porque llegaban las europeas, luego el PSOE cambió de secretario general”, explicó. Ahora el Ejecutivo ha decidido seguir adelante en solitario.

La vicepresidenta defendió en especial la ley de transparencia, obra de su departamento. “A partir de ahora, se tendrán que publicar en la web todos los contratos y subvenciones”, aseguró. Sin embargo, aunque esta ley se anunció nada más empezar la legislatura, solo ayer se aprobó el estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo que será presidido por alguien designado por el Ministerio de Hacienda y votado por mayoría absoluta en el Congreso, con lo que el PP puede controlar ese nombramiento.

El Ejecutivo aprobó las anunciadas 300 plazas de jueces —muchos de ellos ya están trabajando en esas plazas como sustitutos— pero evitó otros gestos de impacto, al menos de momento. El Gobierno, por ejemplo, aún no se ha decidido a rechazar el indulto pedido por Carlos Fabra, una medida que puede tomar en cualquier momento y que implicaría la entrada en prisión del veterano factotum del PP de Castellón. Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno trata los indultos una vez al mes, por lo que este rechazo podría ser inminente como gesto de dureza. Los movimientos en el PP aún no han logrado tampoco que dimita la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aunque el cerco sobre ella se estrecha. Rajoy visita esta ciudad el martes.

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La contaminación llega al nivel fijado para restringir el tráfico

El tubo de escape de los vehículos diésel ha sepultado la capital bajo una nube de contaminación por dióxido de nitrógeno que, unido al buen tiempo (ni el viento ni la lluvia han limpiado el aire en dos semanas), ha provocado dos avisos a la ciudadanía (la Organización Mundial de la Salud atribuye una de cada 20 muertes a la polución atmosférica, por cardiopatías, cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares, infecciones agudas en niños…) y una situación que, según las directrices municipales, podría llevar a imponer restricciones al tráfico. Pero no se ha hecho.

Esto último implica, en esencia, rebajar la velocidad en la M-30 y en las autovías de acceso a la almendra central (dentro del perímetro de la M-40) a un máximo de 70 kilómetros por hora; y prohibir el aparcamiento en el área de estacionamiento regulado mediante parquímetros a todos los coches que no pertenezcan a vecinos del barrio.

Si no se ha hecho aún no ha sido porque los niveles de contaminación no lo hagan necesario de acuerdo con el protocolo de actuación del Ayuntamiento; técnicamente no se cumplen al dedillo todas las condiciones, pero se debe a un detalle menor que no alivia en nada la gravedad de la situación.

El problema es otro: la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), anunció el mencionado protocolo en julio, y fue difundido a bombo y platillo en los medios de comunicación, pero todavía no ha entrado en vigor y fuentes municipales indican que su tramitación administrativa se alargará todavía durante un tiempo indefinido.

Entre tanto, la Comisión Europea sigue instruyendo un expediente sancionador contra España (con una multa millonaria en ciernes) por la contaminación en la capital, que excede los límites legales desde 2010. Y los madrileños han sufrido varias noches con una calidad del aire inadmisible (deficiente en muchos barrios, mala en otros), dos avisos a la población obligados por la normativa europea (que se han difundidos casi 12 horas después de registrarse los niveles alarmantes), y, el pasado jueves, un récord de contaminación en una de las estaciones de medición (la situada entre las calles de Alcalá y O’Donell) como no se registraba desde hace varios años.

El Ayuntamiento aprobó en abril de 2012 un plan de calidad del aire con el que pretendía adecuarse en 2015 a los límites legales impuestos en 2010 por la Unión Europea. De los muchos contaminantes que existen, la capital sólo rebasa el tope de dióxido de nitrógeno; originado en su práctica totalidad por los motores de gasóleo, la mejor manera de ponerle freno son las restricciones de tráfico.

Sin embargo, Botella (que antes de alcaldesa era, entre 2007 y 2011, concejal de Medio Ambiente) siempre se ha negado a aplicarlas, alegando que causaría molestias a los ciudadanos y daño a la actividad económica y apenas incidiría en una mejora en la calidad del aire. En mayo de 2013, la Comisión Europea indicó que “sería necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas en el plan de calidad del aire para lograr el cumplimiento”. Botella se negó, y adujo que su plan estaba funcionando.

Desde 2011, los niveles de dióxido de nitrógeno se han reducido un 25%, pero las cifras de 2013 (las últimas disponibles), pese a mostrar mejoras, quedan todavía muy lejos del “elevado nivel de exigencia”, según el Ayuntamiento, impuesto por la Unión Europea. Quizá por ello, y pese a sus declaraciones anteriores, Botella puso en marcha en julio un nuevo sistema de parquímetros que penaliza a los coches más contaminantes y, sobre todo, sube la tarifa a los vehículos diésel. Y anunció, además, un nuevo protocolo para los días con peor calidad del aire que incluía, por primera vez, restricciones de tráfico.

Tres niveles de alerta

Es un “protocolo preventivo” para casos en los que, “aun sin llegar a alcanzarse” una situación de alerta por contaminación, que hasta ahora nunca la ha habido (fundamentalmente, porque el listón se ha colocado bien alto), “puedan registrarse niveles excepcionalmente elevados de dióxido de nitrógeno”.

Divide la ciudad en cinco zonas, siendo una de ellas la que comprende todo el interior de la M-30, donde hay diez estaciones medidoras de contaminación (seis de tráfico y tres de fondo urbano). Establece tres niveles de actuación: el preaviso (fijado por decisión del Ayuntamiento), el aviso y la alerta (obligados por la legislación comunitaria).

El preaviso se activa cuando dos estaciones de una misma zona superan los 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante dos horas consecutivas. Al tercer día consecutivo en que esto ocurra, y si la predicción meteorológica es desfavorable (en este caso, eso ocurre si hay estabilidad atmosférica, es decir, si lluvia o viento no limpian el aire), el pre-aviso entra en fase dos y es obligatorio avisar a la población. A partir del cuarto día, y siempre que la previsión meteorológica siga siendo mala, se lleva a la fase tres del pre-aviso, y se activa la fase uno de restricción del tráfico.

Esta situación implica la prohibición de aparcar para los vehículos que no pertenezcan a vecinos en toda el área de estacionamiento regulado (con algunas excepciones puntuales), y la limitación de velocidad en la M-30 y en las carreteras de acceso a la capital una vez cruzada la M-40 a un máximo de 70 kilómetros por hora.

El nivel de aviso (regulado por la Unión Europea) se alcanza cuando dos estaciones de la misma zona superan los 250 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante dos horas consecutivas. Es obligado avisar a la población y, si había restricciones de tráfico ya en vigor, mantenerlas. Si el aviso se mantiene tres días y la previsión meteorológica es desfavorable, esas restricciones se endurecen: se limita la circulación por el interior de la M-30 a la mitad de los coches habituales, según si la matrícula es par o impar.

La zona 1 de medición de la contaminación comprende 41 kilómetros cuadrados, coincide con el interior de la M-30, alberga a 1,1 millones de habitantes y cuenta con seis estaciones de tráfico y tres de fondo urbano. Las seis de tráfico son: Escuelas Aguirre, Castellana, Plaza de Castilla, Ramón y Cajal, Cuatro Caminos y Plaza de España. Las tres de fondo son Plaza del Carmen, Méndez Álvaro y Retiro.

Dos estaciones con registros disparados

La estación de medición de Escuelas Aguirre superó el nivel de 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno el día 27 de nueve (203) a diez de la noche (220); el día 28 de ocho a diez de la noche (228, 232 y 273); el día 29 de nueve a once de la noche (229, 301, y 237), y el día 30 de siete a diez de la noche (253, 316, 285 y 306).

La estación de medición de Ramón y Cajal superó el nivel de 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno el día 27 entre las ocho (227) y las nueve de la noche (cuando alcanzó exactamente 200); el día 28 de ocho a diez de la noche (236, 262 y 213), el día 29 siete a diez de la noche (280, 405, 377 y 304); y el día 30 de siete a diez de la noche (330, 416, 409 y 276).

Hay otra zona de Madrid, la número cinco, en la que una estación (la de Barrio del Pilar) superó durante cuatro días consecutivos el nivel fijado, pero las otras dos estaciones no, puesto que están colocadas junto a y en plena Casa de Campo.

Fuentes municipales han recordado que el protocolo no está aún en vigor y que, en cualquier caso, no se habría activado el día 27, por lo que no se habrían encadenado los cuatro días (sólo habrían sido tres) necesarios para imponer restricciones de tráfico. Eso es así porque el día 27 sí hubo dos estaciones en una misma zona que rebasaron el límite de 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante dos horas seguidas, pero, en lugar de hacerlo simultáneamente, una lo hizo de ocho a nueve y la otra de nueve a diez.

Adenás, el día 30 se activó el nivel de aviso (superior al preaviso), fijado en este caso por la Unión Europea, al rebasarse el nivel de 250 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno en dos estaciones de una misma zona durante dos horas consecutivas. Lo mismo sucedió el pasado 20 de octubre. En caso de estar ya en vigor el protocolo, esto tampoco obligaría a tomar medidas de tráfico si el aviso no viene precedido por cuatro días de preaviso.

El día 31, ninguna estación superó ya el nivel de los 200 microgramos por metro cúbico.

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La nave de turismo espacial de Virgin se estrella en unas pruebas

Una persona ha muerto y al menos otra ha resultado herida de gravedad al estrellarse este viernes un vuelo de prueba de la nave de turismo espacial de la compañía Virgin. La Virgin Galactic Space Ship Two se ha estrellado durante un vuelo de prueba en el desierto de Mojave, al nordeste de Los Ángeles, California. “Durante la prueba, el vehículo sufrió una seria anomalía que se tradujo en la pérdida de SpaceShipTwo”, señaló Virgin Galactic en un mensaje a través de la red social Twitter. Se trataba del vuelo de prueba número 35, según la compañía.

El accidente es el segundo de un aparato de la incipiente industria aeroespacial privada en esta semana, lo que despierta las dudas sobre los planes a corto plazo de viajes privados al espacio, que debían ser una realidad entre este año y 2015. El presidente de Virgin, Richard Branson, se dirigía el viernes hacia Mojave, a donde se espera que llegue el sábado por la mañana.

En una rueda de prensa dos horas después del accidente, el primer ejecutivo del Puerto Aeroespacial de Mojave, Sutart Witt, explicó que él no vio nada raro en el vuelo del SpaceShipTwo. Simplemente, tras iniciar sus motores dejó de estar ahí. Lo siguiente que supo fue que algo se había estrellado en el desierto. “No hubo una explosión”, dijo Witt, que envió palabras de ánimo a las familias y a los trabajadores de las instalaciones.

El vehículo había sido lanzado a las 9.20 de la mañana, hora local, con el avión White Knight Two, del que se separó como estaba previsto para volar de forma independiente, según fue relatando la compañía Virgin en la red social. La nave se soltó a las 10.10, según el relato de Witt. Dos minutos después, algo pasó. La compañía tuiteó: “¡Ignición! El Space Ship Two está volando de nuevo impulsado por cohetes”. El siguiente tuit informaba de una “anomalía” durante el vuelo. El avión remolque aterrizó sin problemas.

El SpaceShipTwo es remolcado hasta 14.000 metros de altitud por el avión nodriza. A esa altura, se separa y enciende sus motores para seguir subiendo. Kevin Mickey, presidente de la empresa Scaled Composites, explicó que el motor volaba con una combinación de combustible que había sido probada en tres ocasiones anteriores en vuelo y “muchas veces” en tierra con éxito.

Más de 500 personas habían reservado ya asientos en estos vuelos, cuyos billetes costarán 200.000 dólares, apunta la agencia France Presse. Se trata de una experiencia para millonarios de unos minutos en el borde de la estratosfera en un aparato que puede llevar hasa seis pasajeros.

El Space Ship Two es la versión comercial del Space Ship One de Virgin, el primer aparato comercial que llegó al espacio, en 2004. La compañía tenía previsto iniciar los vuelos con pasajeros este año.

El accidente de Virgin Atlantic llega dos días después de que la compañía Orbital Sciences perdiera un cohete a los pocos segundos de despegar. Orbital Sciences es una dentro de la decena de compañías que compiten en el negocio aeroespacila privado. El cohete Antares, diseñado para transportar satélites al espacio y realizar misiones de carga para la NASA, con la que ya había logrado un contrato, se estrelló nada más despegar en Virginia. Las acciones de la compañía se desplomaron el pasado miércoles tras el accidente. La tragedia de ayer con Virgin Galactic añade aún más dudas al futuro inmediato del negocio aeroespacial privado.

En esta batalla compiten las compañías SpaceX, Blue Origin y XCOR Aerospace junto a Virgin Galactic y Orbital.

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Octubre negro en los recovecos del poder

Cuatro sumarios distintos sobre corrupción han confluido en octubre y han extendido un manto de sospecha sobre las instituciones y debilitado la credibilidad de la política española. En total hay 127 personas implicadas, 38 han pasado por los calabozos o han sido detenidas, y 38 más tuvieron que abandonar sus cargos o partidos políticos, ya sea por decisión propia o a través de dimisiones forzadas. Ha sido un mes de octubre negro en los vértices del poder.

En la lista hay representantes institucionales, funcionarios públicos, empresarios… Y dirigentes históricos que ya no ocupan la primera línea de la política, como el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que fue secretario general del PP madrileño y ocupó las más importantes carteras en el Gobierno de la Comunidad. Desde anoche duerme en una celda en la prisión de Soto del Real después de que el juez Eloy Velasco lo haya situado en la “cúspide de la trama”. Junto a él en la Operación Púnica, que indaga sobre una presunta red que pagaba sobornos y comisiones ilegales para lograr concesiones públicas, han sido arrestadas otras 35 personas.

El presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez, también está entre rejas, acusado de premiar con contratos a empresas amigas. Además, Púnica afecta a siete alcaldías. Martínez era también regidor en Cuadros (León). En Madrid están afectados seis ayuntamientos: Valdemoro, Collado Villalba, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco (con alcaldes del PP, todos imputados y suspendidos temporalmente de militancia); Parla, en manos de José María Fraile, hombre de confianza del secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Tomás Gómez; y Serranillos del Valle donde gobierna un partido independiente, UDMA, a quien los socialistas le han retirado el apoyo.

El mes ya se estrenó con sacudida. El 1 octubre se conoció el informe que Bankia remitió a la Fiscalía Anticorrupción sobre gastos ocultos de la cúpula de Caja Madrid. En total, 86 consejeros y directivos que dilapidaron 15 millones de euros de la antigua caja y de Bankia, el banco resultante. A todos ellos los investiga la Audiencia Nacional por apropiación indebida, aunque solo tres están imputados. A 46, los que siguieron gastando después de 2010, les sigue la pista Hacienda por un supuesto delito de fraude fiscal que no ha prescrito.

El escándalo ocasionado por los detalles del derroche de las llamadas tarjetas black ha arruinado la carrera de 24 cargos de la antigua caja madrileña. Rodrigo Rato, el expresidente del FMI y todopoderoso ministro de Economía de Aznar, solicitó la baja del PP. Rafael Spottorno renunció como consejero del Rey Felipe VI. El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, escenificó una dimisión en diferido. Históricos del sindicalismo como Rodolfo Benito (CC OO) y José Ricardo Martínez (UGT) abandonaron sus siglas. Del PSOE han salido once cargos, todos los que cargaron gastos a las tarjetas opacas. A los que no lo hicieron voluntariamente, la dirección les mandó un burofax para anunciarles su expulsión.

El caso se ha llevado por delante a cargos públicos en activo como Pablo Abejas, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, y a José María Buenaventura, director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, que debe investigar el presunto fraude.

Cuando todos los focos judiciales apuntaban a Madrid, el juez Santiago Pedraz ordenaba en Barcelona el registro de las propiedades de Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Oleguer fue detenido, igual que su socio, Luis Iglesias, durante el tiempo que duró la búsqueda de documentación en sus casas y oficinas. Ambos continúan imputados por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Los ecos del caso Gürtel, que indaga sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, han llevado ante otro juez, Pablo Ruz, también de la Audiencia Nacional, al ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, el primer imputado de la cúpula de Aznar por este caso. A Acebes se le acusa de mirar para otro lado cuando era número dos del partido y permitir la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja b. El ex secretario general ha salido de su declaración imputado y de momento el PP mantiene su confianza en él y no le ha pedido que abandone las siglas.

En Valencia otro habitual de las sospechas, Juan Cotino, presentó su renuncia como presidente de Las Cortes el pasado día 13 y puso fin a 23 años de carrera política. Acuciado por los escándalos de corrupción y los negocios familiares, anunció que se iba para cultivar caquis en la última etapa de su vida. En Cádiz, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, también dejó el bastón de mando tras saberse investigada por enchufismo y contrataciones irregulares.

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Gas Natural reclama 358 millones por el veto a su almacén en Doñana

Gas Natural ha presentado una reclamación patrimonial contra la Junta de Andalucía por el veto a su proyecto de extracción y almacenaje en Doñana. La empresa pide 358 millones de euros por el bloqueo de las obras, que están paralizadas por la Junta pese a contar con el visto bueno del Gobierno. Los responsables de esta comunidad, en manos del PSOE e IU, consideran que no se han evaluado bien los riesgos sobre este emblemático espacio protegido.

El Ejecutivo andaluz mantiene en suspenso la tramitación del proyecto —que la empresa dividió en cuatro para su evaluación ambiental— desde abril de 2013. La Consejería de Medio Ambiente cree que al trocearse la tramitación no se han tenido en cuenta los “efectos acumulativos” sobre la Red Natura 2000, el sistema europeo de protección del que forma parte Doñana.

Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural, ha contado hasta ahora con el respaldo del Gobierno central, tanto de este como del anterior. La compañía lleva desde 1988 extrayendo gas del subsuelo de Doñana. Su intención, una vez que estén agotadas las reservas, es utilizar las cavidades como almacén. El almacenaje y distribución es uno de los focos de “crecimiento” que se ha fijado la empresa a partir de 2015, como reconoce Gas Natural en su memoria del ejercicio pasado. Y Doñana es una pieza clave.

El exministro de Industria Miguel Sebastián (PSOE) transformó en agosto de 2011 las autorizaciones de extracción que la compañía tiene para que también pueda almacenar gas en Doñana. Pero se estableció que las obras que se tuvieran que ejecutar deberían contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Para transformar el subsuelo del espacio protegido en almacén la empresa debe construir unos 20 kilómetros de nuevos de gasoductos y 16 sondeos más. Esas obras son las que se recogen en los cuatro proyectos que Gas Natural ha presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente. El anterior ministro, Miguel Arias Cañete (PP), concedió en enero de 2013 las tres últimas DIA positivas a la compañía.

Pero en dos de ellas las obras son dentro del espacio protegido de Doñana. En esas DIA, el ministerio establecía que, antes de comenzar las actuaciones, la Junta debía emitir un informe de no afección a la Red Natura. Y el Gobierno andaluz se niega a hacerlo porque entiende que no puede al haberse troceado en cuatro la tramitación del proyecto. Además, la Junta tampoco concede a la compañía la Autorización Ambiental Unificada, necesaria para comenzar las obras.

Probablemente, al margen de que Gas Natural decida acudir a los tribunales, este enfrentamiento será resuelto por Bruselas, que ya abrió un expediente sobre el proyecto. La Junta ha pedido a la Comisión Europea que establezca si está actuando correctamente al bloquear las obras.

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