“Falta interés gubernamental para que todas las personas tengan agua”

2.220 días después, la portuguesa Catarina de Albuquerque cede el cargo que ella misma inauguró: el de relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Seis años después de aquel 1 de noviembre de 2008 ha llovido mucho, y nunca mejor dicho cuando se trata del vital elemento. El hito que marcó un antes y un después en su gestión se produjo el verano de 2010, cuando la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Imposible analizar este período, sus luces y sus sombras, sin la visión de esta mujer experta en leyes, que hace balance cuando está a punto de cerrar una puerta, aunque no del todo, pues seguirá sumergida en el tema como vicepresidenta de Sanitation and Water for All (SWA).

Catarina de Albuquerque dice adiós desde la crítica como actitud profesional que le ha caracterizado a lo largo de toda su etapa: “Critico todo”, reconoce entre risas. Pone en jaque incluso la agenda de desarrollo 2015, a punto de finalizar: “Los objetivos del desarrollo dan una imagen de la realidad mejor de lo que realmente es”. Algo muy claro cuando se habla de agua ya que, a pesar de que la ONU asegura que se logró la meta del acceso hace cuatro años, la experta reconoce que el organismo no tiene capacidad para medirlo, por lo que se inventó un nuevo indicador. Para la Agenda Post2015, Albuquerque espera que los Estados, cuya pasividad ha denunciado en sendos foros internacionales, no debiliten el texto. Su discurso es atípico entre las altas esferas internacionales por directo y conciso. Incluso por su posicionamiento con los movimientos sociales.

Pregunta. El brasileño Leo Heller recoge el testigo de sus funciones en pocos días. ¿Qué valoración hace de estos seis años?

Respuesta. Este trabajo es frustrante aunque también estimulante. Para nada dejo solucionado el mundo. Todavía no tengo la distancia necesaria para decir lo que está mejor y lo que no, pero recuerdo que, cuando inicié mi mandato, cada vez que hablaba sobre derechos humanos a la gente del sector del agua, la reacción era sistemáticamente negativa, con malentendidos frecuentes. Eso ha cambiado. Antes no estaba reconocido y apenas había cinco o seis países en el mundo que lo afirmaban, mientras que ahora son todos los Estados miembros de la ONU. Es un cambio enorme. También por parte de los profesionales del sector. Pero aún hay muchas cosas que transformar.

P. Ha sido muy crítica en los diferentes informes que ha realizado, ¿qué grado de libertad ha tenido para trabajar? Alguna presión ha trascendido a los medios, como la de su visita al Brasil del pasado verano, cuando fue acusada por el gobernador de São Paulo de querer “incendiar la campaña electoral”.

R. La queja Geraldo Alckmin fue el peor episodio de todo mi mandato. Escribió una carta al secretario general de la ONU y otra a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Está claro que yo podría haber cometido un error, pero en este caso no era así. Denunciar a quienes no están haciendo bien las cosas es precisamente mi trabajo. Punto y final. Ha sido la presión más fuerte, pero ha habido otras. No voy a hablar de países porque son asuntos menos públicos.

P. Los problemas de acceso al agua que tanto ha denunciado, ¿son una cuestión técnica o política?

R. Es una cuestión de voluntad política. La parte técnica ya la conocemos y la dominamos de una forma u otra. Ya tenemos las soluciones y ahora se trata de aplicarlas, replicarlas, adaptarlas… No en todos los países, pero lo que veo de forma sistemática es una falta de interés, de establecer prioridades, de falta de atención por parte de Gobiernos para que todas las personas tengan agua, tanto en el ámbito nacional como local y municipal.

P. En esta falta de voluntad política, ¿tienen más peso las leyes discriminatorias o la legislación económica?

R. Los países son inteligentes y no tienen normativas que discriminen directamente, de forma clara y evidente. Lo que hacen es aprobar normas en apariencia neutras pero que, en realidad, discriminan. Así, cuando se dice que una persona, para tener conexión legal y oficial al agua, tiene que demostrar algún título de propiedad o de alquiler de la tierra, no parece discriminatorio, pero se está excluyendo a la gente de asentamientos informales. Y cuando pides un título de residencia válido en un país para poder tener conexión a agua, también estás discriminando a personas que todavía están en una situación irregular. La discriminación existe, no de forma directa y explícita, sino escondida. Son leyes que parecen neutras hasta que las aplicas y ves que tienen un efecto desproporcionado sobre determinados segmentos de la población.

Los orígenes de las desigualdades económicas son distintos: el color de piel, la lengua, la zona del país en donde se vive, la casta… Estuve el mes pasado en Detroit y el problema de los cortes de agua tiene que ver con la falta de capacidad para pagar las cuentas. Es un asunto económico, cierto, pero el 99% de la gente pobre es negra.

P. Siguiendo con el Norte, parece que la crisis ha globalizado los problemas del derecho humano al agua y al saneamiento, que antes parecían una cuestión exclusiva del Sur. Cada vez más, en los países enriquecidos también hay gente con problemas de acceso. ¿Cómo ha afectado la crisis económica y financiera a este y otros derechos humanos?

R. Cuando fui nombrada, una de mis primeras decisiones fue la de visitar países pobres y también ricos. Quería mostrar y demostrar que las violaciones de derechos humanos no son exclusivas de los pobres. Me parece una de mis mejores decisiones. Estuve, por ejemplo, en Japón, Estados Unidos y en Eslovenia, donde encontré patrones de discriminación muy claros. Con la crisis económica se han tornado mucho más claros y agudos.

Esa ha sido una de las razones por las que me interesé tanto por Detroit, una ciudad que está en bancarrota. Lo que están haciendo puede ser sintomático, premonitorio, de lo que puede pasar en el Sur de Europa y, después, en otros países. Es triste pero interesante: en el inicio de mi mandato recibía muchas quejas de los llamados países pobres, pero en los últimos años empecé a recibir quejas de violaciones de derechos humanos por parte de gente del Sur de Europa y Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con recortes presupuestarios y de subsidios a personas que después no tienen capacidad para pagar las facturas del agua.

P. En 2015 concluye la fecha marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las propuestas de acceso al agua y al saneamiento no se van a cumplir. ¿Por esa falta de interés político?

R. No, los de agua fueron alcanzados en 2010, cinco años antes del plazo.

P. Pero el último informe de la ONU, World Water Development Report 2014, además de la habitual cifra de 800 millones de personas sin acceso, reconoce que en realidad podrían ser 3.500 millones.

R. Los casi 800 millones representan la cifra de personas sin acceso a fuentes de agua mejorada, una definición inventada por la ONU porque no tiene todavía capacidad para medir el número de gente con acceso a agua potable segura. Decidieron entonces inventar un nuevo indicador, suponiendo que si tienes acceso al agua mejorada, es de calidad. Por eso se dice que la meta fue lograda en el 2010. Pero efectivamente, el informe de 2014 advierte que no estamos midiendo lo que se debería. Estamos, por ejemplo, midiendo el agua de un grifo o de un pozo protegido, sin garantía de calidad. Por eso las cifras pueden ser de 3.500 millones. Nadie lo sabe.

P. La ONU también contabiliza como acceso a quienes apenas tienen agua unas horas y determinados días a la semana.

R. Exacto. Y a quien tiene el agua muy lejos de casa y se ve obligada a caminar unas cuantas horas.

P. Entonces, ¿qué valoración hace de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que han empleado parámetros y definiciones poco claras?

R. Ya escribí dos informes a la Asamblea General de la ONU sobre el tema, denunciando precisamente que los indicadores, objetivos y metas que tenemos dan una imagen de la realidad mejor de lo que realmente es. Recuerdo que hace dos años el secretario general de la ONU decía haber alcanzado la meta del agua. Y sí, es verdad, es bueno y lleva muchos esfuerzos detrás. Pero tenemos indicadores que no miden con precisión los problemas que existen. Las metas tampoco son buenas: reducir el 50 por ciento la gente que no tiene acceso al agua no es suficiente desde un punto de vista de los derechos humanos. Hay que tener como objetivo que toda la gente tenga acceso al agua y al saneamiento.

P. A los ODM los sustituye de alguna manera la agenda de desarrollo Post2015, de la que ya ha avanzado una serie de mejoras y recomendaciones. ¿Se puede confiar en esta nueva hoja de ruta o es una mera continuación de lo anterior?

R. He estado muy involucrada en esas negociaciones y la propuesta del grupo de trabajo abierto de Naciones Unidas incluye iniciativas bastante mejores, más fuertes y protectoras de los derechos que lo que pedíamos hasta ahora. Pero todavía no ha sido aprobada por los Estados. Es aún posible que algunos quieran reabrir las negociaciones para debilitar el texto. Es un peligro muy real. Además, incluso si esas propuestas son adoptadas por los Estados miembros de la ONU en septiembre, también es posible que los indicadores desarrollados sean muy malos y muy débiles.

Pero sería injusto minusvalorar los ODM, porque si vas a los países en vías de desarrollo y hablas con personas rurales o de barrios informales es impresionante cómo saben lo que son los ODM y que muchas de las inversiones realizadas en los últimos 15 años estuvieron vinculadas a ellos. Se han salvado muchas vidas gracias a estos objetivos.

P. Más allá de la voluntad política, en 2014 ha llegado con éxito al Parlamento Europeo la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que pide que el agua sea un derecho humano gestionado por manos públicas. ¿Está en mano de la ciudadanía lograr que se cumpla?

R. La iniciativa fue positiva porque puso el derecho humano al agua en la agenda; provocando que se hablara de ello. Apoyé la ICE, pero también la he criticado porque sus autores vincularon el reconocimiento del agua como derecho con la prohibición de la participación del sector privado. Y desde un punto de vista de los derechos humanos eso no es verdad. Los derechos humanos son agnósticos en cuanto a la forma de prestación de servicios. Puede existir la participación del sector privado. Las grandes multinacionales de agua prestan servicio al tres o cuatro por ciento de la población mundial, mientras que los pequeños proveedores lo hacen al 25%. Mucha gente no tendría acceso al agua sin esta participación privada. A mí me da igual que sea pública o privada, lo que me importa es que respeten los derechos.

P. ¿Cómo se conjuga el derecho humano al agua y el mercado, con sus políticas económicas?

R. En la teoría se puede, pero en la práctica es difícil. La realización de derechos humanos es compatible con cualquier forma democrática de gobierno: monarquía, república, gobiernos a la derecha, a la izquierda, de mercado o no. Todos son compatibles con los derechos humanos. No deberíamos utilizar ninguna excusa política para no implementarlos. Aunque, claro que un mercado totalmente libre y no regulado no logra proteger a los más vulnerables. La regulación es un prerrequisito fundamental para garantizar los derechos humanos.

P. En sus últimas intervenciones incide en el factor del cambio climático. ¿Cómo afecta al derecho humano al agua?

R. Puedes prever los desastres climáticos más extremos. En función de eso hay que planificar el sector del agua y saneamiento. Hay una obligación de hacerlo, así como inversiones para poder mitigar sus efectos. Pero el gran reto del agua no es el calentamiento global, sino la voluntad política. Cuando estuve en Brasil, vi las inmensas mansiones de los millonarios con piscinas llenas de agua. Y después, la gente de los barrios más pobres tiene cortes. Por eso es un problema de voluntad política y de falta de voz de los más discriminados y vulnerables, que son las personas que van a sufrir más con las crisis económicas, las catástrofes naturales… Con todo.

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El PSOE tratará de situar a Podemos en la extrema izquierda

Ataque y contraataque. Si Podemos va a por todas, es decir, a obtener el máximo número de votos a costa de hacerse con electores de casi todas las fuerzas políticas, los posibles perjudicados no se van a estar quietos. En el caso del PSOE empiezan a elaborar la estrategia para hacer frente al PP, por un lado, y a Podemos, por otro. Los socialistas van a tratar de situar a Podemos en la extrema izquierda —la orden de la dirección será que no les tilden de populistas, sino de extremistas— y situándolos en el espacio —“quizá ampliado”— que ha ocupado tradicionalmente Izquierda Unida. No en el “centro del tablero”, como propugna su líder, Pablo Iglesias. Tan en serio ven el peligro de Podemos que en un primer borrador sobre la estrategia para las elecciones municipales y autónomicas del próximo mes de mayo, que se distribuirá hoy por toda la organización, se apuntan argumentos muy elaborados contra esta fuerza emergente. También contra el PP.

Querrá negar el PSOE en todo momento que Podemos pueda ser un partido de gobierno. “Será bueno recordar que la mayoría de los líderes de Podemos proceden de Izquierda Anticapitalista y organizaciones de extrema izquierda afines”. “Será bueno recordar que Podemos no es la reunión de gente corriente, sino la canalización del descontento social por líderes que proceden de la extrema izquierda y que ya tenían amplia experiencia política cuando fundaron Podemos”. Y los autores socialistas se animan a sí mismos. “Si el PSOE y otras fuerzas políticas y sociales hacen bien su papel, esa contradicción entre las palabras hoy moderadas y el discurso radical de siempre de los líderes de Podemos debería quedar desvelada”.

A lo largo de los últimos 30 años, la dedicación del PSOE en su estrategia contra Izquierda Unida se ha limitado a invocar el voto útil y a proclamarse como los gestores más eficaces para defender los intereses de la inmensa mayoría. Ahora, con la emergencia de Podemos, el PSOE se ve directamente afectado y concernido. Pero su afán de “desvelar” quiénes están al frente de esta fuerza política no puede ser con brocha gorda por el temor a agredir a millones de ciudadanos. En las elecciones europeas del pasado 25 de mayo ese partido obtuvo 1,2 millones de votos pero ese nivel de apoyo se multiplicaría —dependerá de la participación— enormemente si, como señalan los sondeos, están en torno al 30%. “Es fundamental que la revelación del discurso hipócrita y engañoso de la dirección de Podemos no ofenda a sus votantes o simpatizantes. Ha de recordarse que aproximadamente un tercio de los votantes de Podemos, si no más, votaron en algún momento al PSOE y buena parte de ellos podrían ser recuperables”.

Si Podemos no para de crecer, algo mal habrán hecho los demás y, desde luego, el PSOE, como se reconoce en el documento interno de este partido. “Podemos es sus votantes: son en buena parte personas progresistas que expresan su indignación con el funcionamiento del sistema y que no encuentran hoy en el PSOE la respuesta adecuada”. Por tanto, la fuerza de Podemos viene de esos ciudadanos cuya posición quieren respetar —“y seguir trabajando para tener su confianza”—, pero después está su “dirigencia”. “Líderes políticos con un pasado nítidamente ultraizquierdista, procedentes de partidos y movimientos a la izquierda de Izquierda Unida”. Muy pronto se aplicó a Podemos desde el PSOE y desde otros ámbitos políticos, económicos y académicos, la denominación de populistas a la dirección del partido de Iglesias por su discurso y sus postulados. Ellos no se definen ni de derechas ni de izquierdas, en negación de etiquetas convencionales, y usan la invocación del “pueblo” como agente político contra “la élite” y usan expresiones como “los de arriba y los de abajo”. Se habla “en nombre del pueblo” y con esa fuerza se pide “la demolición de las viejas estructuras que salieron del régimen de 1978”.

Esta es parte de la descripción que hacen los autores del documento de cómo ven a Podemos. En el texto se percibe frustración por el hecho de que esta fuerza se defina como capaz de aglutinar a todos cuando “es una escisión de la izquierda de Izquierda Unida, y la ciudadanía la sitúa en este momento en el 2,5 de la escala 0-10 de ubicación ideológica” y “se presente como un partido de Gobierno”. Esta es la obsesión de los socialistas: que Podemos aspire a gobernar y que los sondeos lo avalen.

Todo el arsenal argumental del que puedan hacer acopio será utilizado por el PSOE para que las urnas no confirmen los sondeos. Bien es cierto que todos los sociólogos, singularmente Metroscopia, advierten tras sus estudios que los resultados que presentan obedecen al momento de la encuesta y hay muchos elementos que pueden variar los resultados cuando se produzcan las elecciones.

¿Los ciudadanos votan mayoritariamente a un partido extremista? No es habitual y por eso se insistirá en esa denominación, aunque el fondo teórico sea el populismo, según los autores del texto. “Extremista es un término más adecuado para tratar a la dirigencia de Podemos que el acostumbrado populista”, por mucho que “los profesores de Podemos aceptarían estar aplicando el manual del populismo para llegar a una mayoría amplia de españoles”.

Al PSOE le afecta de lleno la aparición de esta fuerza política, pero reconocen que este “ha entrado de lleno en el territorio electoral de Izquierda Unida” y en UPyD. “Las aspiraciones del partido de Rosa Díez de ser alternativa al bipartidismo parecen acabar de golpe, víctima de la nueva lógica de nueva política contra vieja política de la que participa la sociedad española”. Parece que no se salva nadie. “El realineamiento también afecta al nacionalismo periférico, que también entra en competencia con Podemos”.

El PSOE se presentará como “el partido más parecido a España; la opción de izquierdas que el país necesita para un Gobierno seguro y capaz en favor del 90% de los ciudadanos que forman las clases medias y trabajadoras”.

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Podemos: el rápido viaje ideológico hasta la socialdemocracia

Podemos tiene menos de un año de vida y, tras nacer como movimiento vinculado a Izquierda Anticapitalista y al 15-M, emprende ahora un viaje hacia planteamientos de inspiración socialdemócrata con un objetivo claro: aprovechar la crisis del bipartidismo para disputar el espacio que desde 1982 ocupa el PSOE. La formación de Pablo Iglesias, que el viernes hizo público el borrador de su proyecto económico, ha suavizado medidas contenidas en el programa europeo como el impago de la deuda pública, la renta básica universal o la jubilación a los 60 años. Los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro, autores del plan, hablan abiertamente de un programa de “gobierno progresista”. El propio Iglesias apela ahora a los modelos de los países nórdicos y a los valores de la socialdemocracia. ¿Se trata de un viraje real o de una mera estrategia en busca del voto de la mayoría social?

La dirección de Podemos defiende que el programa de las elecciones europeas, considerado más radical, y el plan que sus dirigentes empiezan a elaborar para las elecciones generales de 2015 tienen condicionantes y objetivos muy distintos. Y, aunque Iglesias mantuvo desde el principio que buscaría el voto del centro e incluso de parte de la derecha, es ahora cuando esa declaración de intenciones se ve plasmada con más claridad. “Nos dijeron si éramos de izquierdas o de derechas. ¿Tenéis alguna duda?”. La pregunta la lanzó el secretario general de Podemos a la asamblea ciudadana reunida en el Palacio de Vistalegre el pasado octubre. Los fundadores del partido, nítidamente de izquierdas, buscan no obstante construir un discurso transversal que les permita afianzarse entre IU y el PSOE.

La formación está “creciendo desde el centro de la izquierda desde una perspectiva de estrategia electoral”, señala Pablo Simón, profesor visitante de la Universidad Carlos III y miembro del colectivo Politikon. En su opinión, el lanzamiento de la base del programa económico es “una operación tremendamente sofisticada de globo sonda”. Para ello, sus autores han tomado algunas decisiones dirigidas a asentar un plan de mínimos, sin concreción, que pueda gustar a distintos sectores.

“Propiamente no es un programa, entonces todo el mundo dentro de la izquierda ha encontrado algunas partes con las que está de acuerdo”, prosigue Simón. Y las recetas, en efecto, recuerdan según los expertos a la socialdemocracia anterior a la llegada del ex primer ministro laborista británico Tony Blair. “La estrategia tiene pleno sentido, suavizando los elementos anticapitalistas para moverse hacia el centro. El objetivo no es ganar, sino el sorpasso del PSOE, Si logran sorpasso del PSOE ya habrán ganado”, razona este politólogo.

En cualquier caso, es previsible que la dirección de Podemos, que ha abierto un debate interno de ese programa y quiere reunirse con los agentes sociales, comience a hacer equilibrios con algunas ideas. Es decir, tras retroceder unos pasos cabe esperar que dé ahora alguno hacia adelante.

José Ignacio Torreblanca, docente de Ciencia Política en la UNED, recuerda que el programa de Podemos era “muy dogmático”. “Ideológicamente está muy claro dónde están”, señala en referencia a planteamientos que en España ha representado Julio Anguita, ex secretario general del PCE y antiguo coordinador de IU. A este punto de partida se pueden añadir dos movimientos estratégicos. En primer lugar, “si vas de izquierda pura anticapitalista movilizas a los votantes del PP”. Y, en segundo lugar, el votante mediano en España está en la socialdemocracia. Por tanto, se trataría de una “socialdemocracia muy impostada”.

Además, hay unas reflexiones que pertenecen tradicionalmente a ese espacio político —por ejemplo, la forma de aceptar una economía de mercado sin afectar a la redistribución— y que son ajenas a la formación académica de Iglesias y los fundadores de Podemos. “Ellos no han estado en ese debate sobre la reforma de la socialdemocracia. Ellos están en Génova y en Seattle”. E Iglesias tachó en el pasado de “caradura a sueldo del Partido Demócrata en EE UU” a Navarro, que ahora sienta junto a Torres la base del plan económico de Podemos.

A pesar del objetivo declarado de la formación —hacer un programa que pueda ser asumido por cualquier socialdemócrata— hay expertos muy recelosos. El economista José Carlos Díez considera que “abandonar Ecuador y su impago de la deuda es un paso”, pero critica: “Tu programa aumenta el déficit público. Quiero estar en el euro pero no quiero cumplir las normas. ¿Esto es ser sueco o hacerte el sueco?”. Díez considera que las propuestas del apartado laboral como una ley de las 35 horas ahogarían a las pymes destruirían empleo en lugar de crearlo y opina que el preámbulo del documento “no es sueco, es bolivariano”.

En cualquier caso, el objetivo de Iglesias es claro: ocupar la centralidad del tablero y llegar a la mayoría social. Ya ha comenzado la partida.

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Tania Sánchez gana las primarias de IU

Los diputados autonómicos Tania Sánchez y Mauricio Valiente, apoyados por el sector crítico con la dirección regional de Izquierda Unida y promotores de una fusión electoral con otras fuerzas políticas y sociales, incluido Podemos, se han impuesto con contundencia en las primarias celebradas el domingo para elegir a los candidatos de la formación en los comicios de mayo de 2015 a la Comunidad (Sánchez) y al Ayuntamiento de la capital (Valiente).

IU dirimía en las urnas no sólo una batalla más de la encarnizada guerra entre las dos corrientes que se dividen casi a partes iguales el control de la formación en la Comunidad de Madrid, o de la que enfrenta a la dirección regional con la federal, sino también el modelo y los candidatos con los que hará frente al auge de Podemos y tratará de desalojar al PP del Gobierno regional (que ostenta desde 1995) y del Ayuntamiento de la capital (desde 1991).

A falta de conocer el resultado definitivo, una vez tramitadas las cientos de impugnaciones realizadas, lo único seguro es que parece difícil que se cumpla el deseo que Raquel López expresó al votar: “Se acabaron las guerras, ahora tenemos que trabajar todos juntos”. Las primarias, según fuentes de la dirección de IU, han certificado un divorcio entre los dos sectores que está muy lejos de haberse zanjado con este resultado.

¿Quiénes se enfrentaban? Sobre el papel, la diputada regional Tania Sánchez contra el expresidente de SOS Racismo José Antonio Moreno; y el diputado regional Mauricio Valiente contra la concejal madrileña Raquel López. También concurrían el dirigente Julián Sánchez Vizcaíno y la diputada regional Lali Vaquero, pero sin apoyo orgánico mayoritario.

José Antonio Moreno y Raquel López contaban con el respaldo de la corriente mayoritaria en la formación, con la que se alinean el coordinador regional, Eddy Sánchez, y el portavoz municipal en la capital, Ángel Pérez. Tania Sánchez y Mauricio Valiente tenían el apoyo del principal sector crítico, al que es afín es coordinador federal, Cayo Lara.

¿En qué se diferenciaban? Más allá de matices ideológicos, la principal brecha gira sobre la convergencia de fuerzas políticas y sociales con fines electorales.

La Comisión Ejecutiva Regional (que controla la corriente mayoritaria pero tiene presencia de los críticos) apostó el 12 de septiembre —con 15 votos a favor y una abstención— por “contribuir activamente a todos los procesos de convergencia” “social, política y electoral”. Pero ambos sectores difieren en lo que eso significa.

¿Qué es converger? Desde primavera se está gestando, con respaldo de IU, Equo y miembros de Podemos, una plataforma electoral para agrupar a estos tres partidos y a movimientos sociales de izquierda bajo una misma bandera, Ganemos, en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid. Podemos, que ya ha anunciado que no concurrirá a los comicios municipales, decidirá en unas semanas si respalda a esta plataforma. La corriente crítica de IU apuesta por ampliar Ganemos a las elecciones autonómicas, a las que sí se presenta Podemos. Tania Sánchez, partidaria de esta opción, es novia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

La corriente mayoritaria respalda la convergencia pero en un modelo de coalición en el que las listas se pacten para asegurar el peso y la identidad de IU. El sector crítico apuesta por concurrir a las primarias que organizará Ganemos en igualdad de condiciones con el resto de partidos y movimientos sociales. Tanto López como Valiente aseguraron que se presentarían a esas primarias.

¿Cómo afectó a la votación? Luis Cabo, militante de IU y dirigente del Partido Comunista, mandó hace dos semanas una carta a 11 altos cargos de la formación para denunciar que unos 3.000 afines a Podemos se habían apuntado como simpatizantes para votar en las primarias. El 18 de noviembre trascendió una nota interna del secretario de Organización, Carlos Paíno, que señalaba “la presencia de simpatizantes, no ya ajenos a IU sino afiliados a otros partidos, especialmente a Podemos” y animaba a impugnar el censo de las asambleas locales donde se descubriera eso.

¿Qué medidas se tomaron? El reglamento aprobado el 17 de octubre para las primarias daba derecho de voto a los afiliados inscritos antes del 30 de septiembre, y a aquellas personas apuntadas como simpatizantes entre el 22 de octubre y el 15 de noviembre. “Cualquier ciudadano mayor de 16 años sin afiliación a otro partido que concurra contra IU en las elecciones” podía solicitar ser simpatizante, según el reglamento, que preveía que todos los votos fueran a la misma urna.

Sin embargo, la Comisión Ejecutiva decidió el 26 de noviembre separar las urnas de afiliados (unos 5.000) y las de simpatizantes (cerca de 8.000), a propuesta de la corriente mayoritaria, que teme que los afines a Podemos respalden de forma mayoritaria a Sánchez y Valiente. El sector crítico votó en contra. “A la gente no le gusta tener la sensación de que se valora de forma distinta su voto”, dijo Sánchez tras votar.

¿Por qué se ha cuestionado a Tania Sánchez? En 2008, la entonces edil de Rivas-Vaciamadrid refrendó, como miembro de la Junta de Gobierno, la adjudicación de un contrato de 136.851 euros para talleres a una cooperativa que administraba su hermano.

Ese contrato, licitado por otro edil, fue adjudicado a nivel técnico como la oferta más ventajosa, pero la ley obligaba a Sánchez a abstenerse en la Junta de Gobierno que firmó la adjudicación. No lo hizo. Sánchez ha defendido que su participación no fue “decisiva”, pues había seis ediles más y el entonces alcalde, José Masa, y la tramitación fue unánime.

La dirección regional se reunió el día 27 con la diputada regional. El coordinador, Eddy Sánchez, respaldó después a la candidata ante el “ataque frontal” del PP y el PSOE que supuso, en su opinión, la filtración a la prensa de esta supuesta actuación irregular. Ese amparo enfadó a la corriente mayoritaria, a la que pertenece el propio coordinador, que instó horas después a Tania Sánchez a demostrar con documentos su inocencia o, en caso contrario, a abandonar las primarias.

¿Qué sucederá a partir de ahora? La Comisión Ejecutiva expurgó el día 26 del censo de simpatizantes a 311 personas, pero dejó en el aire la decisión sobre Torrejón de Ardoz, donde unas 630 personas fueron llamadas a votar sin saber si su papeleta valdría de algo. “No me imagino a quién se le puede ocurrir anular 600 votos el lunes”, dijo ayer Sánchez. La votación ha sido todo menos tranquila, con cientos de impugnaciones por la supuesta participación de afiliados a Podemos. Una vez se diriman todas, IU tendrá candidatos para las elecciones de 2015.

Pero quedará por confeccionar la lista electoral (un proceso en el que la corriente mayoritaria tendrá mayor peso), decidir si los candidatos concurren a las primarias de Ganemos, el modelo de coalición o integración con el resto de fuerzas, etcétera. “Llegar aquí ha sido decisión colectiva, y lo que pase a partir del día 1 será una decisión colectiva”, dijo ayer Sánchez. Veremos.

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El futuro de Ruz al frente del ‘caso Gürtel’ fractura al Poder Judicial

La continuidad del magistrado Pablo Ruz al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cuatro años el caso Gürtel y desde hace 20 meses el caso Bárcenas, divide al Gobierno de los jueces. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que atesora el presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente el próximo 9 de diciembre si saca a concurso la plaza que Ruz ocupa ahora en comisión de servicios.

La decisión sobre el magistrado influye en el calendario para el fin del caso y en el futuro político del PP, es decir, si se cierra o no antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo y o de las generales del próximo año.

Ruz tiene aún la posibilidad de solicitar una prórroga más de seis meses para seguir en el juzgado. El Consejo General del Poder Judicial espera que esta petición se produzca en los próximos días. Pero si la comisión permanente decide sacar su plaza a concurso el 9 de diciembre, la solicitud de prórroga quedará sin efecto y no se atenderá, salvo para aceptar que Ruz siga en el juzgado hasta que el adjudicatario de la plaza tome posesión de la misma.

Hay una tercera vía pendiente de explorar consistente en abrir la posibilidad de que en aquellos juzgados que instruyan causas de especial complejidad, el Poder Judicial, a petición de la Sala de Gobierno del tribunal afectado por esa situación, pueda aprobar el mantenimiento de un juez de refuerzo. Si esta vía prosperase, Ruz podría permanecer como refuerzo del juez titular para seguir instruyendo el caso Gürtel, uno de los muchos que dirige ahora.

La comisión permanente la forman tres miembros conservadores —dos vocales más el presidente Lesmes, que tiene voto de calidad en caso de empate—, dos vocales a propuesta del PSOE y una vocal de CiU, Mercé Pigem, que dimitió anteayer tras conocerse su incidente en Andorra. Pigem recibió allí 9.500 euros en efectivo de su madre y los pasó por la frontera en compañía de su hermana, a la que descubrieron en el bolso más de 10.000 euros, cantidad máxima permitida.

La comisión permanente se reunirá previsiblemente en las próximas sesiones sin haber cubierto la vacante que deja en ese órgano la vocal Pigem, con lo que serán cinco miembros de ese organismo los que decidan el futuro de Ruz: tres conservadores y dos progresistas. Más adelante será el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio Álvarez Buylla, quien sustituya a Pigem como vocal, no en la permanente.

Los vocales progresistas Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta defenderán que no se saque la plaza a concurso de momento para que Ruz pueda seguir instruyendo al menos hasta junio el caso Gürtel, el caso Bárcenas y otros de similar complejidad relacionados con la corrupción.

Mientras, los conservadores defienden que la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional tiene que salir a concurso como cualquier otra en parecidas circunstancias. Si la plaza sale a concurso a mediados de diciembre, el nuevo juez tomará posesión a primeros de marzo de 2015, con lo que Ruz tendría apenas tres meses para cerrar muchos de los flecos pendientes en la instrucción de esas dos causas.

La instrucción del caso Gürtel y de su pieza separada de los papeles de Bárcenas, próximas a su finalización, quedaría así en manos de un magistrado nuevo sin conocimiento sobre un procedimiento especialmente complejo: acumula cientos de miles de folios en un sumario con cerca de 200 comisiones rogatorias tramitadas —y algunas bloqueadas por defectos en la instrucción de los tribunales suizos— más de un centenar de imputados y diversas piezas de investigación abiertas todavía que apuntan directamente al corazón financiero del PP.

Si la mayoría conservadora impone su criterio, el juez Ruz dejaría la causa en el momento de mayor apuro para el partido del Gobierno, cuando acaba de finalizar la instrucción de la primera fase del caso Gürtel (1999-2005) para abrir juicio oral, pero hay otras piezas de investigación pendientes de finalización con graves imputaciones de corrupción sobre dirigentes populares.

En el auto que concluye la investigación, Ruz atribuye al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato su participación a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.

La última resolución judicial de Ruz se hizo pública un día antes de la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su plan anticorrupción. La decisión del juez llegó en un momento tan delicado para el PP que desencadenó la dimisión de la ministra Mato, bajo sospecha desde que en 2009 se descubrieron los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, Jesús Sepúlveda.

Dirigentes populares consultados por este periódico consideran que la iniciativa del juez Ruz de firmar la resolución judicial el miércoles 26 de noviembre estuvo motivada por la celebración del pleno en el Congreso un día después, algo que niegan fuentes jurídicas conocedoras del trabajo del magistrado.

Algunos dirigentes populares interpretan además que Ruz dictó ese auto como venganza ante su próxima salida del juzgado como consecuencia de la decisión que adopte el Gobierno de los jueces en los próximos días.

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Recetas opuestas para bajar el paro

Tormenta de ideas. Los ministros de Trabajo de los últimos 15 años se han prestado a responder a El PAÍS acerca de las soluciones que consideran urgentes para paliar la alta tasa de paro que tiene España; las medidas que pondrían en marcha si actualmente estuvieran al frente del departamento que en su día lideraron para combatirlo. Saben de lo que hablan. Y también que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social actual se da por satisfecho con las reformas emprendidas desde que en 2011 fuese nombrada su titular, Fátima Báñez.

Al menos eso se desprendía de las palabras de Engracia Hidalgo, secretaria de Estado de Empleo, quien sustituyó a Báñez en el acto de celebración del XV aniversario de la Fundación Adecco, al que asistieron seis exministros del ramo: “Hemos hecho mucho para que el paso del desempleo al empleo sea lo más rápido posible. En políticas activas hemos firmado el primer contrato con entidades privadas de colocación, hemos lanzado un portal de empleo en el que se alojan 100.000 ofertas de trabajo, la estrategia de emprendimiento, la garantía de empleo juvenil… y todo esto en un contexto complicado”. No han dado resultados todavía, admite Hidalgo, porque no son actuaciones que tengan efecto inmediato, pero, según la secretaria de Estado, “los cimientos del mercado laboral se están moviendo”. “Hay un dato importantísimo y es que con un crecimiento del PIB del 1,5% se está creando empleo, lo que implica que para generar empleo ahora hace falta un crecimiento económico menor”, añade Hidalgo.

El titular de Trabajo más longevo de los últimos 15 años de democracia y actual diputado del PSOE, Jesús Caldera, está muy lejos de compartir ese avance del equipo de Mariano Rajoy. “Lo mejor es una política anticíclica, no procíclica como defiende el Gobierno. Se necesitan inversiones y un gran programa de recualificación profesional que España no puede acometer sin ayuda europea”. “Hay que impulsar las políticas activas de empleo, que se han reducido dos tercios respecto a los magros presupuestos que había. Actualmente, de cada 100 euros gastados, al desempleado de larga duración apenas si llega uno y él debería ser el primer beneficiado de las mismas”, agrega Caldera, partidario también de elaborar un mapa del empleo para que oferta y demanda de trabajo puedan casar y no se queden puestos vacantes sin cubrir como ocurre hoy en día. Para combatir el paro considera imprescindible también la lucha contra el trabajo no declarado, compatibilizando la percepción de un subsidio con el empleo en determinadas condiciones. Entre 6.000 y 8.000 millones de euros, opina, “serían suficientes para empezar y obtener resultados”.

Valeriano Gómez, predecesor de Báñez y portavoz económico del PSOE en la actualidad, apuesta igualmente por las inversiones y por la formación. “España no se puede permitir tres millones y medio de parados sin cobertura por desempleo”, más aún cuando “hay fondos, puesto que hay mucha gente que ha consumido ya sus prestaciones y eso deja margen en los presupuestos para actuar”. “Mientras llega el crecimiento económico, hay que hacer algo para aumentar la tasa de cobertura frente al desempleo urgentemente. Es la primera medida que habría que poner en marcha”, asegura Gómez, que el pasado jueves anunciaba su retirada de la política alegando que “he cerrado una etapa”.

Las soluciones de los exministros del PSOE a la mayor preocupación de los españoles distan mucho de las aportadas por los cuatro exministros de Trabajo y Asuntos Sociales del PP consultados. Todos ellos avalan la labor de Báñez al frente del departamento de Empleo, incluso algunos como Javier Arenas, vicesecretario del partido, afirman que no hay nada que modificar en su gestión. Aunque sí están de acuerdo en que España necesita profundizar en la reforma laboral. “Las medidas son buenas y hay que intensificarlas”, afirma Eduardo Zaplana, que quiso mostrarse discreto para evitar entrar en polémicas con el Gobierno.

Manuel Pimentel, el titular de Trabajo más efímero de los últimos 15 años, aboga por avanzar en la cultura de la flexibilidad a través de los convenios colectivos y por reducir las cotizaciones sociales para situarlas en la media europea. Esta última propuesta es compartida por Zaplana y Arenas, quien matiza, eso sí, que ese recorte ha de vincularse con el empleo estable, lo mismo que su propuesta de fomentar más el contrato a tiempo parcial para frenar el paro.

Juan Carlos Aparicio opina que la acción del Gobierno debería basarse en los dos principios que él practicó al frente del Ministerio de Trabajo: gradualidad y diálogo social. Y se explica: “Hay que estar atentos a los cambios sociales para que los que haya que asumir sean más rápidos”, y esa gradualidad necesaria hoy implicaría, en su opinión, “simplificar las modalidades contractuales y buscar fórmulas de protección social que eviten que el trabajo tenga cargas directas”. En cuanto al diálogo social que los casos de corrupción descubiertos en todas las organizaciones que lo sustentan han cuasi-paralizado [que Aparicio tilda de “muy negativas incidencias en todas las instituciones sociales”], es imprescindible acelerarlo para recuperar la confianza de la sociedad porque, según el vicesecretario del PP, “las reformas con diálogo social previo tienen más profundidad y efectividad”.

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