Maduro anuncia que exigirá visado a los ciudadanos de Estados Unidos

Al final de una “marcha antimperialista” de sus partidarios por las calles del centro de Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado la imposición de sanciones diplomáticas contra Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusa de intentar derrocarlo.

Las medidas, adoptadas al amparo de la Convención de Viena, incluyen la reducción del personal destacado en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, la obligación de los funcionarios diplomáticos norteamericanos de reportar sus actividades en el país y solicitar permiso ante la Cancillería venezolana para efectuarlas, y la implantación de un sistema de visado para visitantes de Estados Unidos, hasta ahora exentos de ese documento. Al mismo tiempo, Maduro anunció que queda prohibido permitir la entrada al país a políticos estadounidenses a los que calificó de “terroristas”, como el expresidente George W. Bush, el exvicepresidente Dick Cheney, y los parlamentarios Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, entre otros.

Aseguró el mandatario venezolano que estas medidas de retaliación, a las que se habría “visto obligado” a recurrir, las venía sopesando desde su gestión como canciller durante el Gobierno de Hugo Chávez entre 2005 y 2012, para “enfrentar la agresión imperialista”. Dijo que cuenta con sobradas pruebas, incluyendo grabaciones de vídeo, sobre la participación de funcionarios diplomáticos estadounidenses en la conspiración que asegura se urde para derrocarlo. Convocó al presidente electo de Uruguay, Tabaré Vásquez —presidente pro tempore durante 2015 de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)—, y a los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Perú y Colombia, para que acudan a Caracas y conozcan esas pruebas.

Además, de acuerdo con el presidente, en los últimos días los servicios de inteligencia venezolanos han capturado a ciudadanos norteamericanos haciendo actividades encubiertas de desestabilización en el estado costero de Aragua (centro de Venezuela) y Táchira (suroeste andino del país).

Insistió en que, si bien quizás el presidente norteamericano, Barack Obama, no esté al tanto de estas acciones, “se ha dejado meter en un callejón sin salida” con respecto a Venezuela, un error histórico que lo dejaría marcado “como quedó Richard Nixon con Chile y todos los presidentes norteamericanos que se metieron con el digno pueblo de América Latina”.

“Maduro, Maduro, al yanqui dale duro” y “La patria no se vende, la patria se defiende”, coreaba en éxtasis la concurrencia frente al Palacio de Miraflores de Caracas, sede de la presidencia, mientras el presidente desglosaba su póker de medidas. Era el epílogo esperado para una marcha “antimperialista” que convocó a unos millares de simpatizantes del chavismo, a propósito del 26 aniversario de la explosión social del 27 y 28 de febrero de 1989, comúnmente conocida como El Caracazo, que el oficialismo data como el inicio del derrumbe del viejo orden burgués.

En cualquier caso, Maduro todavía conserva bajo la manga la carta de la ruptura de relaciones, una verdadera opción de destrucción masiva para un país que, como Venezuela, todavía tiene en Estados Unidos su principal mercado de exportación de petróleo, por razones geográficas e históricas. En cambio, el sucesor de Hugo Chávez al frente de la autodenominada Revolución Bolivariana prefiere tensar más la cuerda con un amago de reciprocidad que va en detrimento de EE UU.

Recalcó que, mientras Washington tiene en su representación en Caracas 100 funcionarios, Venezuela solo tiene 17 en la capital estadounidense. Lo mismo ocurriría con los visados: desde ahora Venezuela se propone cobrar a los ciudadanos estadounidenses que viajen al país la misma tasa en dólares que exige el consulado norteamericano para tramitar su propio visado. “Que sepan los afroamericanos, los hispanos, los trabajadores, que el pueblo de Bolívar ama y respeta al pueblo de Estados Unidos. Estas medidas van en contra de la élite de ese país”, se excusó.

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La responsabilidad moral de Putin

Las teorías de la conspiración, de distinto nivel de complejidad, son parte de la cultura política rusa y, en ese contexto, hay base para afirmar que el Kremlin está detrás de la muerte de Nemtsov, que criticaba al presidente Vladímir Putin y se disponía a revelar datos sobre la ayuda militar de Moscú a la guerra en Ucrania. En este contexto, también cabe decir que Putin era el menos interesado en que su oponente cayera abatido junto al Kremlin. Tras la muerte de Politkóvskaya, los amantes de la conspiración se dividieron, siguiendo esa lógica, en dos grupos: para unos, Putin era el menos interesado en que Politkóvskaya fuera acribillada justamente el día de su cumpleaños, el 7 de octubre; y para otros, la fecha había sido elegida adrede por quienes querían ofrecerle un regalo-sacrificio.

Conspiraciones al margen, la cuestión clave es si se dan hoy en Rusia las condiciones institucionales y políticas para descubrir la verdad o si las pistas del terror se extraviarán de nuevo en expedientes y archivos. Lo que sí es posible afirmar ya es que el Kremlin, como mínimo, tiene responsabilidad moral y política por el clima reinante en Rusia de agresividad hacia Occidente y hacia los políticos de corte occidental, como era Nemtsov. Este clima es aventado por las televisiones estatales, con su vitriólica propaganda que presenta a Occidente como el portador de todas las lacras y que siembra el odio en las mentes ofuscadas, es un caldo de cultivo que propicia la violencia y muertes como la de Nemtsov. Si esto continúa, no hay que descartar la aparición de formas locales de violencia a la usanza del Estado Islámico.

Las autoridades rusas tratan de unir a sus ciudadanos en nombre de una idea del Estado que parece arcaica en Occidente. El Kremlin adopta actitudes de defensa y ataque, pero no sabe conectar con la sociedad entendida como un conjunto de ciudadanos individuales portadores de derechos.

Cuando Politkóvskaya fue asesinada, Putin tuvo que vérselas en Alemania con manifestantes que le trataban de “asesino”. A preguntas de los periodistas, el líder reconoció que Politkóvskaya era “muy crítica”, pero calificó de “insignificante su grado de influencia” sobre la política de Rusia. La muerte de Politkóvskaya, dijo, “resulta más perjudicial para las autoridades que criticaba” que “todas sus publicaciones”.

En el caso de Nemtsov, el secretario de prensa de Putin, Dmitri Peskov, afirmó que el “monstruoso crimen tiene todos los síntomas de haber sido encargado y se parece bastante a una gran provocación”. Preguntado si el caso podía incidir en el índice de popularidad de Putin, Peskov dijo que “con todos los respetos por la memoria de Borís Nemtsov”, éste no suponía “ninguna amenaza” para el presidente. “Si comparamos el nivel de popularidad, los índices de Putin y del Gobierno en su conjunto, Borís Nemtsov estaría sólo un poco más arriba que un ciudadano medio”, dijo.

Ante el aluvión de mentiras generado por la política oficial, las promesas oficiales de impulsar una investigación seria son recibidas con escepticismo por quienes desearían que el Kremlin deje de cultivar las bajas pasiones de la sociedad.

Entre los líderes de la oposición, Nemtsov fue tal vez el más atrevido y el más capaz de despertar simpatía, pese a sus fallos o justamente por ellos, pues nada de lo humano le era ajeno. Curtido en la agitada década de los noventa, el político liberal colaboraba con el carismático Alexéi Navalni y otras figuras como el exjefe de Gobierno, Mijaíl Kasiánov, o el exvicejefe de la Duma, Vladímir Rizhkov. Sin embargo, la oposición a Putin es débil, en parte porque el Kremlin la ahoga, al recortarle las libertades y derechos, pero también porque los liberales no han sabido encauzar los sentimientos positivos de la sociedad, hoy eclipsados por la frustración, el recelo y la venganza.

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Los Ayuntamientos retiran 1,3 millones de puntos del carné

La mirada que vigila el tráfico en España se transformará este 2015. Tras el frenazo en 2014 de la reducción del número de muertos en accidentes, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció este mes un nuevo plan para el control de los automóviles. Centrará ahora sus esfuerzos en las vías secundarias, donde el pasado año se registraron 8 de cada 10 muertos en carretera: casi 900 víctimas. De esta forma, Tráfico modifica su estrategia allí donde tiene competencias. Pero, ¿qué ocurre dentro de las ciudades? En 2013, último año con cifras disponibles, 450 personas fallecieron en las vías que controlan los Ayuntamientos, una de cada cuatro muertes de ese ejercicio se registraron en las ciudades.

Las asociaciones de víctimas demandan desde hace años una mayor implicación de las administraciones locales. Les piden que fomenten la educación vial e incrementen la vigilancia policial. Según los datos recopilados por la DGT, los muertos en vías urbanas se han mantenido estables en los últimos años: 457 en 2011, 461 en 2012 y 450 en 2013. Pero el número de accidentes con heridos y fallecidos en las ciudades no ha dejado de crecer desde 2010, cuando se contabilizaron 46.151, un 13% menos que en 2013 (52.222 accidentes).

Los colectivos insisten en luchar en la ciudad contra las prácticas que ponen en riesgo la seguridad. Los Ayuntamientos cursaron en 2013 más de 400.000 sanciones que implicaron la pérdida de 1,3 millones de puntos del carné. El exceso de velocidad fue el principal motivo, más de una tercera parte del total. Otro 30%, aproximadamente, se expidió por saltarse un semáforo. Y la presencia de alcohol en los conductores implicó más de 25.000 sanciones.

Y, aunque cada municipio es un mundo, las ciudades españolas presentan semejanzas en función del tamaño. Según las fichas municipales recopiladas por Tráfico cuanto mayor es la localidad, se imponen más sanciones que implican pérdida de puntos. Así, en las de más de un millón de habitantes, los Ayuntamientos quitaron 110,5 puntos por cada 1.000 conductores en 2013. Una cifra que se reduce progresivamente: cae, por ejemplo, a 84 puntos en los municipios de entre un millón y 500.000 vecinos; a 79,5 en los 100.000 a 500.000; a 64 en los de 50.000 a 100.000; y a 28 en los de 20.000 a 50.000.

A medida que pasan los años, el carné por puntos pierde sus efectos como medida de seguridad vial. “Cada consistorio, también, debería poner en marcha un plan para localizar los puntos negros de su municipio y adoptar las medidas necesarias para reducirlos”, insiste Anna Novella, presidenta de Stop Accidentes. Y ahí entra en juego esa función de las administraciones de mayor presencia policial y educación ciudadana: por ejemplo, respecto al consumo de alcohol, que también muestra diferencias en función del tamaño de las localidades. De media, por conducir borracho, los Ayuntamientos españoles pusieron, por cada 10.000 conductores, 9,8 sanciones que implicaron quitar puntos. Y, aunque esa cifra se dispara en las urbes de más de un millón de habitantes (17,2 multas), se mantiene por encima de la media en las ciudades con más de 20.000 vecinos. Solo los pequeños municipios se encuentran por debajo.

“Existe un nuevo factor que influye directamente en los datos de seguridad vial: se ha extendido mucho el transporte en bicicleta y la práctica del running en algunas ciudades”, añade Novella. Por ello, la DGT acaba de firmar un convenio con la red Ciudades que Caminan —integrada por una veintena de administraciones locales, como Vitoria, Ciudad Real y Melilla— para promover áreas con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. El objetivo: reducir los atropellos, ya que la mitad de las víctimas fallecidas en vías urbanas murieron por esta causa en 2013.

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Francia se revuelve contra las reformas de Hollande y Valls

“¿Podré hacer reformas?”, preguntó Emmanuel Macron al presidente François Hollande cuando el verano pasado le llamó para ofrecerle la cartera de Economía. La pregunta era clave. En las dos últimas décadas, todos los Gobiernos franceses han prometido importantes cambios para modernizar el país, pero ninguno los ha puesto en práctica. Lo han impedido la elefantiásica clase política, los grupos de presión, los rentistas, los sindicatos… Ahora, el Ejecutivo que dirige Manuel Valls asegura que los hará “contra viento y marea”. No ha hecho más que empezar y las resistencias surgen por doquier, lo que está deshilachando al partido gubernamental.

Los franceses están a favor de las reformas, siempre que no les afecten a ellos. “Las igualdades para otros, los privilegios para mí”, resume en su despacho Madani Cheurfa, secretario general del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po. “Hay enormes resistencias cada vez más organizadas. Esta es una sociedad bloqueada, con privilegios para grupos y profesiones que defienden el statu quo en su beneficio, pero no en el beneficio general”.

Por esos motivos, son los políticos quienes ejercen a menudo la mayor resistencia. La reforma regional lanzada el año pasado preveía la desaparición de los consejos generales o asambleas provinciales en las que más de 4.000 políticos cobran sueldos medios de 3.000 euros. En noviembre, el Gobierno rectificó y anunció que no desaparecerían esos Parlamentos. El Senado había amenazado con el boicoteo. Un total de 96 de los 348 senadores son miembros de esos consejos. Y 269 compaginan sus escaños con otros mandatos locales, provinciales o regionales.

Son los políticos los más remisos a aceptar un adelgazamiento de las estructuras del Estado, pese a que el gasto público francés roza el 57% del PIB, uno de los más elevados del mundo. Entre otras razones, por el mantenimiento de las 36.700 comunas o Ayuntamientos (el país con más entes locales del mundo), las 13.400 mancomunidades, los 101 departamentos o provincias con sus respectivos consejos generales o asambleas y las 22 regiones —serán 13 el año que viene— con sus consejos regionales (1.757 cargos), además de la Administración central.

Desde que Macron anunció a finales del año pasado su Ley de Actividad, se han lanzado a la calle a protestar todos y cada uno de los colectivos afectados: farmacéuticos, notarios, abogados, autoescuelas, empresarios… La norma, sin embargo, incluye reformas tímidas para eliminar frenos a la actividad económica. Amplía de cinco a 12 domingos al año la opción de apertura de comercios, facilita la instalación de nuevas notarías, simplifica la creación de empresas de transporte de viajeros por carretera o acorta el tiempo para lograr el permiso de conducir.

La reacción más virulenta ha estado, nuevamente, en el ámbito político. Todo el centroderecha, comunistas y 40 diputados socialistas (de 288, uno menos que la mayoría absoluta) formaron una extraña alianza en contra de la norma que intenta modernizar la economía. Ante el peligro de perder la votación, Valls aprobó la norma por decreto.

Jean-Marc Germain, líder de los diputados socialistas rebeldes, declara a este periódico que “es necesario” acometer reformas, pero “progresistas; no reaccionarias”. Opina que ampliar el trabajo en domingo entraña “una liberalización del mercado de trabajo” que él rechaza. “Beneficia a los consumidores, sí, pero no a los empleados”. Y propone otras fórmulas. Por ejemplo, que el impuesto sobre sociedades “sea modulado en función de su comportamiento: bajo si los beneficios se reinvierten en las empresas y elevado si se destinan a dividendos”. “O sea, reformas que reactiven la economía y no las finanzas”, agrega.

Pero las resistencias se extienden a todos los sectores afectados por una u otra reforma. Es el caso ahora de las profesiones reguladas que, como las de notario o procuradores, impiden el acceso de competidores jóvenes al sector y cobran unas tasas desorbitadas. “Siempre hay grupos de interés defendiendo sus privilegios”, argumenta por teléfono uno de los asesores próximos a Macron. Las resistencias se deben “a la propia estructura de la sociedad francesa”. “Hay cuerpos intermediarios, hay corporativismo en gran parte de profesiones, en los sindicatos, en la patronal… El corporativismo impide las reformas”.

Yves trabaja en una gran librería en la plaza de Ternes, cerca del Arco de Triunfo, y se muestra muy suspicaz ante la posibilidad de trabajar los domingos: “Si no se aceptan condiciones más liberales, te consideran subversivo. Quiero vivir mi vida los domingos. En muchos casos habrá presiones para trabajar. Y, desde luego, si alguna vez tengo niños, me resistiré”.

“Liberal”, “complot ultraliberal” son los términos más usados desde la izquierda y los sindicatos para frenar las reformas. Y, sin embargo, no hay un solo economista o experto que no asegure que Francia se hundirá definitivamente si no moderniza sus estructuras. La economía está estancada, el desempleo crece desde 2007 (con un pequeño paréntesis en enero pasado), la deuda se aproxima al 100% del PIB, el déficit supera el 4% y cada año cierran más de 60.000 empresas, la mayoría pequeñas o muy pequeñas. La sexta potencia mundial y la segunda de la zona euro no ve luz al final del túnel.

Pese a las continuas presiones de Bruselas, Berlín y los organismos internacionales, las grandes reformas no llegan. Las resistencias y rechazos a las hasta ahora pequeñas auguran conflictos sin fin si se plantean otras de mayor calado que el Ejecutivo ya sugiere, como la reforma laboral, el seguro de paro o la de las pensiones. “Tengo gasolina para seguir”, afirmó Valls tras el decretazo de la ley Macron, para insistir en que, pese a todo, su “misión” es “reformar, modernizar”, y que seguirá haciéndolo “hasta el final”. Los potenciales afectados afilan los cuchillos. Los sindicatos preparan una gran protesta nacional para el 9 de abril.

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Rita Barberá, ejemplo del abandono del valenciano por el PP

Rita Barberá lleva casi un cuarto de siglo de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia sin dar muestras de querer aprender o comunicarse en la lengua de su pueblo, aquella con la que se han escrito obras cumbre de la literatura universal como Tirant lo Blanch y que emplean 10 millones de personas. Su desconocimiento de la lengua quedó patente en la Crida, un acto que sirve de inicio de la fiesta de las fallas, en el que mezcló palabras en castellano (“el fred del verano”) con otras inventadas e irreconocibles (“dejeim”).

Ni siquiera ante tan claro acto de desprecio por la lengua de los valencianos, el Partido Popular se ha atrevido a criticar a la alcaldesa. Su partido ha preferido calificar de “anécdota” el escándalo del tradicional acto fallero. Pedir responsabilidades —por ejemplo por parte del presidente valenciano, Alberto Fabra, que se hallaba a escasos metros de Barberá durante aquel bochornoso espectáculo— hubiera supuesto una política que es ajena al PP: la defensa del valenciano en sus intervenciones públicas.

Por eso llamó gratamente la atención el viernes que el Rey Felipe VI utilizara correctamente la lengua del Tirant lo Blanch en buena parte del discurso pronunciado en Valencia con ocasión de la entrega de la Distinción de la Generalitat que el Consell le concedió por la festividad del 9 de Octubre. Don Felipe hizo un esfuerzo, a pesar de que el valenciano no es su lengua, pero se notaron sus conocimientos de la variante dialectal occidental, el catalán.

Sin embargo, no fue más fluido el valenciano del presidente de la Generalitat, que se limitó a leer en esta lengua el decreto de concesión. Alberto Fabra se expresa en castellano, a pesar de proceder de una zona valencianoparlante como Castellón y de haberse preocupado de recibir clases de valenciano.

Fabra ha sido el máximo responsable del cierre de Radiotelevisión Valenciana, con la cual, como ha reiterado la Acadèmia Valenciana de la Llengua, “ha desaparecido una herramienta fundamental e imprescindible para la pervivencia” del valenciano, cuya promoción fue “uno de los principales motivos de su creación y existencia”. El primer presidente de la Generalitat del PP, Eduardo Zaplana, no se expresó prácticamente nunca en valenciano.

En 1995, cuando el PP ganó las elecciones por primera vez, la Generalitat abandonó durante una década las reputadas encuestas de uso y conocimiento del valenciano del Servei d’Estudis i Investigació Sociolingüístics, instrumento imprescindible para seguir la evolución de la lengua. De las dos únicas encuestas que se han hecho después (en 2005 y 2010), se deduce una fuerte caída tanto en “las capacidades de comprender y hablar la lengua como en su uso”, según constata la antropóloga Raquel Casesnoves, en la Revista de Llengua i Dret, en uno de los escasos estudios recientes.

Pero hay diferencias territoriales. La zona que más ha retrocedido tanto en el uso como en las opiniones favorables a la normalización lingüística entre 1995 y 2010 es la ciudad de Valencia y su área metropolitana. Es decir, el ámbito de Rita Barberá. Con su insólita alocución, a base de caloret (otra palabra inventada a la que le cambió además el género, pues calor es femenina en valenciano) y otros errores lingüísticos, la alcaldesa de Valencia pertenece al segmento mayoritario de población que se expresa en castellano en esa zona metropolitana. En 2010, la gente reconocía hablar el castellano en casa era el 71,8%, frente al 19,8% en valenciano. Solo cinco años antes las proporciones eran de 67% por 24,12%.

Por ello no extraña que un estudio de fin de grado de grado dirigido por el profesor Manuel Perucho de la Universidad de València, a partir de esas mismas encuestas tratadas con distintos métodos matemáticos, predijera que en 2050 menos de la décima parte de la población será valencianoparlante, de mantener la actual política lingüística. Algunos de los máximos representamtes políticos que gobiernan en Valencia, por si acaso, ya han olvidado su propia lengua.

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“Mi proyecto es distinto a Podemos, prefiero los valores al tacticismo”

El poeta Luis García Montero (Granada, 1958) ha aceptado la propuesta unánime del Consejo Político de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid (IUCM) de encabezar su lista en las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Montero, que lleva tres décadas militando en la organización, deberá ser ahora votado por las bases en las 115 asambleas. Se perfila, con el respaldo de Alberto Garzón, como hombre de consenso.

Pregunta. La federación de Madrid está en crisis ¿Por qué acepta esta propuesta?

Respuesta. La situación de IUCM era difícil, después de los conflictos internos y después de que la candidata [Tania Sánchez] abandonara la organización. El sentido de la responsabilidad es lo que más pesa en esta decisión. Se vive un momento muy interesante en la política española, donde puede haber cosas que estén muy bien y cosas muy peligrosas. Una de las cosas peligrosas es que IU, que ha estado en todas las mareas y ha sido un referente fundamental para que la clase obrera no se olvide en el debate político, se quede en los márgenes.

P. ¿Se ve usted como el pacificador de IU en Madrid?

R. Soy una persona convencida de que la unidad es fundamental para generar ilusión y sostener un proyecto alternativo al PP. La convergencia es la primera tarea en lo interno. Insistir en que no sobra nadie. A partir de ahí, hay que buscar la convergencia con movimientos sociales y otras fuerzas políticas. Pedí que mi candidatura no fuera solo de una parte, que no me utilizaran para guerras internas. Ahora la tarea es articular el diálogo.

P. Los proyectos de convergencia han dividido a IU en Madrid ¿Cuál es su idea?

R. Me gustaría un escenario político en el que estuviesen representadas las preocupaciones del mundo sindical, del mundo de los derechos humanos, de los colectivos que trabajan para acoger con dignidad a la gente que llega de fuera, y los colectivos que están defendiendo la sanidad pública y la educación pública.

P. ¿Se equivocó Tania Sánchez al dejar la organización?

R. No me gusta juzgar a los compañeros y menos a una amiga como Tania. Sentí que se fuera de IU porque me parece que es un espacio fundamental para darle un sentido progresista a todos estos procesos de convergencia. La indignación está bien, pero da miedo [ver] dónde puede derivar a veces, porque en Francia está derivando en Marine Le Pen y en la extrema derecha. En este panorama de confusión y de indignación justa de los ciudadanos, alejarse de la ambigüedad y defender un proyecto democrático, progresista y obrero es fundamental.

P. Y en este panorama, ¿cómo ve a Podemos?

R. Podemos es un síntoma de la situación política española, de las ganas que la gente tiene de que las cosas cambien. Tengo a magníficos amigos en Podemos. Creo que hay espacios de comprensión. Mi proyecto político es distinto porque prefiero los valores al tacticismo. Prefiero dedicarme a la palabra izquierda. El debate en torno al trabajo decente es una clave importantísima.

P. Usted, Ángel Gabilondo. Dos intelectuales…

R. Con Ángel tengo muy buena relación, soy lector suyo, he sentido su amistad a lo largo de mi carrera. Soy consciente de que nuestras diferencias no van a ensuciar lo personal, pero responden a proyectos distintos.

P. ¿Pactaría con él?

R. Cuando los ciudadanos hablen habrá que ponerse a pensar y decidir. Ahora me parece una falta de respeto con los votantes.

P. En IU conviven Lara y Garzón, dos perfiles muy distintos…

R. Cayo es un ejemplo de honradez en estos momentos difíciles. Alberto representa las propuestas que acaba de aprobar la dirección federal, la convergencia. Me siento muy identificado con Garzón y Lara. Milito en Izquierda Abierta y mi política está muy cerca de Gaspar Llamazares.

P. ¿Qué urgencia tiene la Comunidad de Madrid?

R. Cambiar el Gobierno. El PP de Madrid representa todo lo que no es bueno para el Madrid que yo pienso, que es un Madrid sin corrupción. Y necesita la defensa de los servicios públicos.

P. ¿Su objetivo electoral?

R. Tendremos un buen grupo parlamentario y unos resultados mucho mejores que en las encuestas.

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Aznalcóllar quiere una segunda oportunidad

Hace 15 años, lo primero que hacía al llegar al bar, a la hora del desayuno, era abrir el periódico por la página de las bolsas para ver el precio de los metales. Juan Aguilera trabajaba en la mina de Aznalcóllar, el principal sustento de este pequeño pueblo sevillano, y los precios en caída libre del cobre y el zinc la ponían en serio peligro. Además, había protagonizado poco antes, en 1998, una de las mayores catástrofes ecológicas de España: la rotura de una enorme balsa de residuos dejó escapar cinco millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que contaminaron gravemente el entorno del Parque de Doñana. Así que en el cuadro clínico de la mina todo presagiaba lo peor; había acreedores, peleas judiciales, despidos, protestas de trabajadores, críticas ecologistas… Pero, al final, en los pueblos mineros cualquiera sabe que el suyo es un negocio que va y viene: abre cuando es rentable y cierra cuando deja de serlo. Todo lo demás puede tener solución; eso no.

Y así fue: la mina cerró en 2002. Y así es: la Junta de Andalucía acaba de adjudicar la reapertura al Grupo México, que tiene una docena abiertas en varios países americanos, y a su socio español, Magtel. El proyecto promete una inversión de más de 300 millones de euros para explotar unas reservas de cobre, plomo y zinc de 30 a 35 millones de toneladas, y otros 45 millones más de “recursos probables” hasta 2035. La reapertura de minas se ha convertido en un eje estratégico del Gobierno andaluz —y un empeño de su presidenta, Susana Díaz— con Aznalcóllar en el centro de todo. El Gobierno andaluz ha sacado a concurso 634 derechos mineros desde 2012. “Yo voy a apostar por que se abran todas las minas”, dijo Díaz el jueves. 

Queda aún bastante tiempo, en todo caso, hasta que las maquinas vuelvan a sacar mineral de Aznalcóllar. Y dificultades que salvar. La empresa finalista perdedora, la canadiense Emerita Resources, ha denunciado a la Junta porque, asegura, tiene sospechas de “prevaricación y tráfico de influencias” en favor de la firma local, Magtel. La Junta defiende a sus técnicos y las compañías ganadoras, su proyecto, pero los grupos ecologistas y Equo también hablan de falta de transparencia en el concurso (resuelto un mes antes de la fecha límite). Además, recuerdan el accidente en una explotación del Grupo México que vertió el verano pasado 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre al río Sonora, dejando sin suministro de agua a 20.000 personas en el norte de México.

José Larios, portavoz de Equo Andalucía, plantea muchas dudas sobre el proyecto de Aznalcóllar. Para empezar, que vaya a ser una mina subterránea —con la que buena parte de los residuos se reutilizan para ir tapando las galerías ya excavadas—, pues encarecerá mucho los costes y no sería rentable, opina. Y aún siendo subterránea, el director de la Estación Biológica de Doñana se declara “preocupado”, porque “nadie puede garantizar que no va a haber otro desastre” como el que puso en riesgo una de las mayores reservas ecológicas del continente. El vertido se pudo detener justo en las puertas del parque, después de pasar del río Agrio al Guadiamar. La limpieza costó 240 millones de euros a las Administraciones, de los que la empresa Boliden, que declaró en quiebra su filial española, no puso nada; la Junta acaba de reactivar la demanda para cobrarle 89 millones.

Pero el desierto de Sonora queda muy lejos de Aznalcóllar. Y 1998, muy atrás en el tiempo para los vecinos de este municipio de casas blancas a 40 kilómetros de la ciudad de Sevilla. Con un 34% de paro, según el consistorio, quieren su mina de vuelta. “Eso hoy en día no tiene por qué pasar. Las tecnologías han avanzado muchísimo”, dice José Martín Rodríguez, exminero de 62 años, hijo de minero. Como Martín, otros vecinos se refieren a aquello de 1998 como a un accidente, mala suerte, un punto negro —negrísimo— en una imagen mucho más grande y, en conjunto, bonita. “Aznalcóllar tenía una alegría grandísima desde que abrió la mina en el año 79, 80… Las discotecas, los bares, los comercios, en la calle… todo”, dice el alcalde, Agapito Ramírez, de IU. “Desde 2002, a pesar de que se ha intentado reactivar la economía desde lo público, al final hay una tristeza, los bares a la noche están todos cerrados”, explicaba semanas antes de que se resolviera el concurso.

Ramírez, que trabajó en la mina y fue presidente del comité de empresa, habla del Polígono de Actividades Medioambientales creado por la Junta. Con las energías renovables de capa caída, da empleo a algo menos de 200 personas y en la mina, sin contar subcontratas y trabajos indirectos, había 426. El Grupo México promete 470 empleos directos y más de 700 indirectos. El mes pasado, había algo más de 1.000 vecinos apuntados al paro. “El papel lo aguanta todo”, dice Larios, que tampoco se cree estas promesas.

Pero para Aznalcóllar son las luces que señalan el final de ese tiempo de tristeza que comenzó en 2002 y se hizo mucho más hiriente en 2009, cuando abrió en el municipio de al lado, Gerena, una nueva mina que les hizo aún más presente todo lo que habían perdido. “Mira la de Gerena, las placas de cobre que sacan…, da gusto verlo”, dice el exminero Martín. Cobre Las Cruces, de la empresa canadiense First Quantum, sacó el año pasado 17 millones de toneladas de mineral y produjo 18.000 toneladas de cátodos, esas placas de cobre de las que habla Martín.

Aznalcóllar tiene 6.144 habitantes; Gerena, 7.300. En Aznalcóllar tenían contrato de trabajo en 2013 el 57% de los adultos en edad de trabajar; en Gerena, el 81%. El primero tenía una renta media declarada en 2012 de 13.138,13 euros; el segundo de 14.202. Uno tiene 250 comercios; el otro, 352. La alegría va más allá de la fría estadística y se percibe en cosas como el equipo de fútbol. El Gerena ha ascendido cuatro categorías en cinco temporadas, hasta llegar a la Tercera División, donde está haciendo una magnífica campaña: está segundo de su grupo, a dos puntos del primero y a seis del tercero. Su principal patrocinador es Cobre Las Cruces, cuya fundación también financia iniciativas de formación para desempleados o ayudas a asociaciones en Gerena y otros municipios adyacentes. El proyecto de Grupo México en Aznalcóllar prevé 27 millones de euros para proyectos de responsabilidad social en la comarca.

Pero Las Cruces también tiene su cara negativa y, para Larios, es el gran ejemplo de que una cosa es lo que dicen los papeles y otra lo que acaba ocurriendo. La fiscalía especializada en delitos medioambientales ha acusado a tres directivos y exdirectivos de la mina de delitos continuados porque se han detectado “concentraciones de arsénico” superiores a las permitidas en el agua que reinyectan en el acuífero Niebla-Posadas y porque se devuelve menos líquido del que se extrae (unos 2,5 millones de metros cúbicos menos entre 2010 y 2013). La compañía lo niega, dice que el arsénico es común en las aguas de esa zona. Antonio Ramos, de Ecologistas en Acción, no tiene la menor duda de que las cosas son tal y como dice la fiscalía. Vive en Gerena y comprende muy bien las razones de todos, en su pueblo y en Aznalcóllar.

“Entre tener un hijo con 30 años sentado en un sillón en tu casa o con un macaco cogiendo aceitunas, cuando hay aceitunas por coger, a tenerlo ahí trabajando —aunque sea seis meses y te paro un mes, y luego te vuelvo a contratar—, pues hay una gran diferencia”. Aunque la minería sea “pan para hoy y hambre para mañana”.

Pero en Aznalcóllar lo tienen claro: ahora toca pan. José Martín dice que las disputas entre empresas no les afectan si alguna abre, porque, al fin y al cabo, los proyectos son muy parecidos: deberán hacerse cargo de las balsas de residuos que aún quedan de la antigua explotación y que ahora gestiona el Gobierno andaluz, restaurar la zona una vez concluida la vida útil de la mina y excavar hacia el lado contrario al espacio natural protegido que está justo al lado, a escasísimos metros.

Es el Corredor Verde del Guadiamar, de 2.700 hectáreas, que cubre toda la zona afectada por el brutal vertido de 1998. Hicieron falta varios años de limpieza y restauración. Desde las instalaciones de la mina de Aznalcóllar hay una vista magnífica. Desde allí, Ángel de Andrés, asesor de la Junta, señala por donde se rompió una balsa que hoy es un gran montículo coronado por paneles solares. Junto al exminero Juan Aguilera, De Andrés explica que aún quedan muchos meses para que de la corta de Los Frailes (la que se quedó a medio explotar) vuelva a sacarse algo. Preguntados por el precio de los metales, admiten que 2014 no fue un buen año, pero aseguran que hay margen de sobra. Por ejemplo, el cobre vale casi cuatro veces más que en 2011 y el zinc, casi tres. En todo caso, habrá que seguir atentos.

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