Mientras un helicóptero de la policía científica disparaba al caer la tarde del martes sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sus magistrados ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias. Una de ellas le ha restado funciones a la Fiscalía General de la República para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anuló el reciente nombramiento del vicefiscal general, Rafael González Arias. Será la Sala Constitucional del Supremo quien designará temporalmente al funcionario. La crisis que desde hace tres meses acosa a Venezuela parece estar llegando a límites desconocidos.
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