A pesar de que este examen obligatorio era una de las principales exigencias de la directiva europea, el ministro Luis de Guindos elaboró un texto en el que esta no se plasmaba. La idea era que se desarrollaría en un reglamento posterior. Además, se alegaba que las entidades ya realizan un scoring o evaluación en función del cual dan el precio de la hipoteca. Sin embargo, ese reglamento solo tendría un valor meramente administrativo. No daba fuerza contractual al examen. “Decían que no hacía falta, pero la experiencia de la burbuja ha demostrado que sí”, afirma Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y uno de los ponentes de la ley.
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